Guaymallén: cuando la gestión corre después de mirar para otro lado
Durante más de un año y medio, el parque automotor de Guaymallén fue una zona liberada. Camiones desarmados, móviles dados de baja que seguían asegurados, GPS activos en vehículos que no circulaban y auditorías que describían chatarra donde los sistemas informaban flota operativa. Todo eso convivió con la normalidad administrativa. Sin urgencias, sin reflejos, sin decisiones.
En las últimas semanas, la Municipalidad de Guaymallén entró en una dinámica inusual de movimientos administrativos. Expedientes que avanzan en horas, pedidos de RTO masivos, auditorías internas que aparecen de golpe y funcionarios recorriendo depósitos municipales en busca de vehículos que no están. La gestión empezó a correr. Y cuando una gestión corre, casi nunca es por convicción: suele ser por exposición.
Expedientes exprés y recorridas tardías
Según pudo reconstruirse por fuentes coincidentes, el secretario de Gobierno Ignacio Conte y el director de Control de Gestión, Pablo Raddi, recorrieron depósitos municipales para verificar la existencia física de camiones que figuran en registros pero no aparecen en el territorio. Vehículos que existen en listados, en contratos y en sistemas satelitales, pero no en los galpones.
En paralelo, el sindicato municipal ASEMUG impulsó reclamos administrativos internos, solicitando informes formales sobre unidades en desuso, móviles desmantelados y responsabilidades patrimoniales. Una presión que llega desde adentro del municipio y que no tiene vínculo directo con la vía judicial, pero que suma peso institucional.
El contraste que incomoda
En ese contexto aparece un expediente que llama la atención por su prolijidad y velocidad. Una nota electrónica fechada el 29 de enero, donde el subdirector Simón Casnati y el director de Control de Gestión, Pablo Raddi, elevan de inmediato un pedido de mantenimiento para un camión que había superado el kilometraje de service en poco más de mil kilómetros.
El trámite es correcto. Lo llamativo es el contraste.
Mientras un vehículo recibe atención exprés, existen camiones que llevan años fuera de servicio, auditorías que describen desguaces completos, faltantes estructurales y una ausencia total de trazabilidad patrimonial. Durante mucho tiempo, nada de eso activó circuitos similares. La selectividad en la respuesta administrativa deja una pregunta abierta: por qué ahora algunos expedientes vuelan, cuando otros quedaron congelados durante más de un año y medio.
La urgencia no nace sola
La aceleración de trámites no ocurre en el vacío. En las últimas semanas se sucedieron hechos concretos: auditorías internas que describen camiones completamente desarmados; RTO ordenadas incluso sobre unidades declaradas en desuso; detección de vehículos desguazados con GPS activo y sin seguro; y memorándums internos redefiniendo responsabilidades patrimoniales.
Todo esto sucede después de que parte de la documentación vinculada al parque automotor fuera aportada a la Justicia, mediante una presentación formal radicada en el Polo Judicial. También después de una larga exposición pública que dejó al descubierto lo que ya no podía disimularse con listados genéricos ni respuestas parciales.
Desde entonces, el municipio pasó de la inercia a la urgencia.
Vehículos que no están y cargas que desaparecen
Pero el problema no se limita al estado de los móviles. Empieza a aparecer algo más grave.
Empleados municipales , vienen señalando desde hace tiempo que en 2023 no solo desaparecieron vehículos del parque automotor. También habrían desaparecido camiones completos cargados con mercadería de altísimo valor.
Se habla, a viva voz, de entre cinco y diez camiones cargados con cemento, hierro y materiales de construcción, retirados del depósito municipal de calle Tirasso , sin que exista hasta hoy una explicación oficial clara, y con la complicidad de varios sectores quien dio la orden de retiro , quien autoriza . Lo llamativo es que esos cargamentos de materiales de construcción se evaporaron.
No se trata de chatarra ni de unidades en desuso: se trata de cargas completas, bienes públicos listos para obra, que simplemente dejaron de estar.
Nada de esto desaparece solo. Todos estos bienes son registrables. Para que un vehículo municipal salga de la órbita oficial, para que deje de figurar o reaparezca con otra identidad, hace falta algo más que desorden. Hace falta una red: gestores, papeles, firmas, sellos. Escribanos sin escrúpulos capaces de transformar documentación apócrifa en legalidad aparente y darle nueva vida a automotores abducidos del patrimonio público.
La vara de la Justicia y un antecedente inevitable
En este punto, la memoria política de Guaymallén vuelve inevitablemente a Luis Lobos, ex-intendente condenado a prisión por enriquecimiento ilícito y desfalco a las arcas municipales. Un proceso judicial que incluyó allanamientos, sobrevuelo con drones de su vivienda y la detención y procesamiento de su esposa. Una puesta en escena punitiva de gran intensidad, y una condena que sí se está ejecutando.
No se trata aquí de defender aquella gestión. El delito fue juzgado y hubo condena. Lo que aparece con el paso del tiempo es otra lectura posible: que más allá de la búsqueda de bienes y patrimonios, el proceso funcionó como un fallo ejemplificador. Un mensaje político. Un límite.
La casa sobrevolada con drones no era una mansión inexpugnable. Era una vivienda de clase media, en un barrio de clase media. Pero la imagen servía para algo más profundo: para escenificar castigo, para disciplinar y para construir un relato.
No se niegan las pruebas ni el proceso. Lo que resulta llamativo es la comparación. Porque otro de los principios del Derecho es la proporcionalidad. Frente a la naturalización actual de vehículos que desaparecen, cargas completas que no están, sistemas de control que simulan controlar y patrimonios que se diluyen sin urgencia judicial, aquel caso aparece hoy, para muchos, casi desproporcionado.
Una anécdota que circula
En ese clima aparece una anécdota que circula desde hace tiempo en ámbitos donde se habla sin micrófonos. La contó, entre amigos, un desarrollador inmobiliario vinculado a un barrio de Bermejo proyectado como enclave de alta alcurnia, con expectativas elevadas y pretensiones de distinción.
La anécdota era simple:
"¿Sabés cuántos terrenos tenía Lobos?", preguntó. Tres.
"¿Y sabés cuántos tiene la conducción actual?", siguió. Veinte.
No fue una denuncia ni una acusación formal. Fue un comentario lanzado al aire. De esos que no buscan probar nada, pero dejan flotando una pregunta persistente: por qué la Justicia actúa con velocidad quirúrgica sobre algunos y con una naturalidad mucho más laxa sobre otros.
Cuando el control llega tarde
Guaymallén atraviesa hoy una etapa de administración por reflejo, como suele destacarlo frecuentemente el periodista Néstor Bethencourt, del digital ecosmendocinos.com.ar Se buscan camiones que no aparecen, se emiten expedientes exprés y se recorren depósitos que durante años permanecieron fuera del radar. Nada de eso explica qué pasó durante el tiempo en que el desorden fue tolerado. Tampoco reconstruye la historia patrimonial de vehículos desmantelados, piezas faltantes y servicios pagos sobre unidades que no circulaban.
No es nuevo: el desmanejo ya había sido advertido
Lo que hoy vuelve a quedar expuesto en Guaymallén no es una novedad. Ya en 2024 se habían publicado denuncias concretas sobre el uso indebido de vehículos del parque automotor municipal, con casos específicos de movilidades utilizadas con fines personales, fuera de horarios laborales y sin control efectivo.
Entre los ejemplos del 2024 aparece el uso habitual de una Renault Kangoo, móvil P123, dominio AF 450 FZ, asignada al parque automotor, que sería utilizada como vehículo personal por el subdirector de Parque Automotor, Rubén Darío Juárez. La unidad es vista con frecuencia en Avenida Emilio Civit al 445, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad, donde reside el funcionario desde enero del 2024.
Fuentes internas señalan además vínculos directos con talleres que realizan reparaciones a las unidades municipales, con presupuestos elevados y controles laxos, lo que refuerza la idea de un parque automotor utilizado como beneficio privado para quienes orbitan cerca del poder.
Casos similares se repiten: vehículos oficiales sin ploteo, uso fuera de funciones específicas y sistemas de GPS que existen en los papeles pero no siempre se utilizan. El patrón es claro: el control selectivo no empezó ahora, solo volvió a quedar en evidencia.
Otro factor que aporta a la confusión: los vehículos tercerizados
A este cuadro se le suma un elemento que contribuye a la falta de claridad: la contratación de vehículos pertenecientes a la empresa, favorita de muchos municipios de la provincia, Santa Elena, que circulan ploteados con el logo de la Municipalidad de Guaymallén, aunque no forman parte del parque automotor municipal.
Se trata de unidades privadas que, según pudo reconstruirse, realizan trabajos tercerizados, bajo supervisión de personal de la propia empresa Santa Elena, pero al servicio del municipio. Esta superposición -vehículos privados identificados como públicos- dificulta el control, diluye responsabilidades y vuelve más opaca la trazabilidad del uso de recursos.
En ese marco, cuando desde el Ejecutivo se habla de reducción de la planta permanente de empleados públicos, rara vez se menciona que parte de esas tareas se cubren mediante contrataciones privadas, que reemplazan a trabajadores despedidos sin que eso implique necesariamente una reducción real del gasto, sino un cambio de modalidad.
La consecuencia es doble: menos empleados municipales y más servicios tercerizados, con vehículos que parecen oficiales pero no lo son, y con controles que quedan repartidos entre el municipio y una empresa privada.
La pregunta final no es si el municipio puede ordenar su flota. Es otra, más incómoda:
¿por qué recién ahora empezó a intentarlo?
¿Y qué habría pasado si nadie exponía lo que durante tanto tiempo se dejó pasar?
Porque cuando una gestión empieza a correr, no siempre es porque encontró el camino correcto. A veces, simplemente, se dio cuenta de que ya no puede seguir caminando despacio sin que se note.
