El gobernador Alfredo Cornejo opinó sobre el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares

El gobernador Alfredo Cornejo habló sobre el proyecto de reforma de la ley de Glaciares enviada por Javier Milei al Congreso, y que responde a reclamos que presentó Catamarca, Jujuy y Salta, provincias que conforman la Mesa del Litio, y las que integran la del Cobre como San Juan y Mendoza.

El mandatario provincial dijo que esta modificación "viene a cubrir un vacío de interpretación", aunque aclaró que contempla procedimientos de control ambiental que la provincia de Mendoza ya aplica a través de legislación propia en sus desarrollos mineros.

Qué más opinó Cornejo de la posible reforma

El gobernador explicó que el procedimiento prevé la intervención del Ianiglia, que se encarga de revisar el área y realizar un inventario en la zona donde se proyecta la actividad, y sostuvo que Mendoza "está un paso adelante de esa ley", ya que esos controles se aplican desde hace tiempo.

Y señaló que esos mecanismos forman parte tanto de los procedimientos establecidos en el Código Minero como de las declaraciones de impacto ambiental vigentes, que ya fueron tratadas y aprobadas por la Legislatura, durante el 2024 y 2025.

En referencia a la situación de la minería en Mendoza con el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino aprobado y una sociedad movilizada a favor del agua y el ambiente, el gobernador dijo que:

"En Mendoza todas las declaraciones de impacto ambiental hicieron el inventario y ninguno de los proyectos está en zona glaciar y nadie pretende hacer ni minería ni ninguna otra actividad en zona de glaciares ni en la zona periglaciares", aseguró.

El gobierno libertario busca avanzar esta semana con la aprobación de esta reforma, junto a otras como la reforma laboral y el presupuesto 2026.

La Ley de Glaciares de Milei tiene como uno de sus objetivos el de "ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional".

Como argumento, el Ejecutivo señaló al mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y al artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.

En esa línea, buscan fortalecer el rol de los gobiernos locales en la evaluación de impacto ambiental, "reconocer su capacidad técnica y científica, y promover una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones".

En Mendoza, esta reforma junto con las manifestaciones de grupos ambientalistas, vecinos y gran parte de la sociedad, encuentra a la provincia movilizada en defensa del agua, las montañas y sus comunidades.