Duro informe de Amnistía Internacional a la represión del gobierno de Javier Milei
El organismo internacional pidió el cese del protocolo antipiquete, y advirtió la existencia de "prácticas propias de gobiernos autoritarios" con las que se desactivan protestas.
Amnistía Internacional Argentina presentó un preocupante informe sobre la represión a la protesta social durante el primer año del gobierno de Javier Milei, y pidió la derogación del "protocolo anti-piquetes" aplicado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
En al menos 15 manifestaciones relevadas la respuesta estatal se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra niños y niñas que fueron afectados por la violencia represiva.
%uD83D%uDEA8 Más de 1100 heridos, 33 impactos faciales, 73 criminalizados y represión contra niños y niñas: Desde Amnistía Internacional publicamos un informe y un sitio web en los que documentamos serios retrocesos en el derecho a la protesta desde la implementación del "Protocolo... pic.twitter.com/ZoTHnY38Y4
El 14 de diciembre de 2023 el Ministerio de Seguridad publicó el Protocolo Anti-piquetes (Resolución 943/20238), una norma que va a contramano de las normas y estándares a nivel nacional e internacional.
Este protocolo parte de la premisa de que toda protesta social atenta contra la seguridad y el orden público y fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran el derecho a la libre reunión y asociación, libertad de expresión y de protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y los estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la materia.
Qué datos revela el informe de "Disenso en riesgo" de Amnistia
El organismo alertó que el gobierno de Milei tuvo "prácticas propias de gobiernos autoritarios" en sus doce meses de gestión, que se ven graficadas en 1.155 personas heridas, de las cuales 33 tienen impactos de balas de goma en la cabeza.
"En al menos 15 manifestaciones relevadas la respuesta estatal se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra niños y niñas que fueron afectados por la violencia represiva".
Las cifras: 1.155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves.
Según el organismo internacional, la aplicación del protocolo anti-piquetes por parte del Gobierno nacional "dio vía libre a las autoridades policiales para desplegar un uso abusivo y arbitrario de la fuerza, poniendo en peligro la seguridad, la vida y la integridad física de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica".
Algunos datos del informe:
33 personas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión
50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubrían las manifestaciones
73 personas criminalizadas por participar en las protestas
Para el organismo, "el uso de la fuerza es la primera y única respuesta del Estado a las demandas sociales expresadas en las calles" y calificó como "desproporcionada" la utilización de las armas menos letales como gases lacrimógenos y balas de goma con las que se pusieron "en peligro la vida y salud de las personas".
"Las imágenes hablan por sí solas: se ha visto a efectivos policiales golpeando a personas adultas, arrojando gas lacrimógeno a la cara de las personas de manera indiscriminada, incluso a una niña de 10 años", en alusión al caso de la nena que se manifestaba hace pocos meses junto a su mamá en las inmediaciones del Congreso.
El pedido de Amnistía
En un expreso pedido al Ministerio de Seguridad, Amnistía solicitó la derogación del protocolo anti-piquetes y exigió que se establezcan "regulaciones para la actuación policial en contextos de protesta respetuosas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos sobre derecho a la reunión pacífica, libertad de expresión y uso de la fuerza".
También pidió que se garantice que "todas aquellas personas que quieran manifestarse pacíficamente puedan hacerlo, sin que su vida o su integridad física corran peligro".
"Abstenerse de utilizar la fuerza como mecanismo para desalentar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta", planteó el organismo, entre otros puntos.
