Los detenidos mendocinos en Libia pudieron comunicarse con la familia

El portal Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) informó que los mendocinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, detenidos en el este de Libia pudieron comunicarse por primera vez el jueves 4 de junio. Están en huelga de hambre, y algunos de ellos en huelga seca, como protesta ante la privación ilegal de su libertad y por sus condiciones de encierro, sin derecho procesal ni abogados ni conocimiento del sitio donde se encuentran.

Los mendocinos, ambos directores de investigación de NODAL e integrantes del grupo en calidad de personal sanitario, expresaron a sus familiares que tanto ellos como sus colegas continúan aislados e incomunicados, pese a los problemas de salud que padecen varios de los detenidos.

Las autoridades del lugar no han autorizado el ingreso de equipos médicos independientes ni de organizaciones humanitarias internacionales. El contacto de los activistas con sus familiares fue posible gracias a la presión generada por la huelga de hambre, y no como resultado de mecanismos regulares de protección, supervisión o acceso humanitario.

La madre de Paula, Nora Otín, desde General Alvear, al Sur de Mendoza confirmó que su hija se encuentra en un penal clandestino en Bengasi, destinado a civiles. "Estaba muy angustiada, preguntándome qué pasó, si sabíamos algo, si sabíamos dónde estaban, están totalmente incomunicados", afirmó Nora Otín.

"Dice que los primeros días fueron muy duros, estuvieron en un calabozo en forma individual, sin luz, solo con un pozo para las necesidades. Cuando fue a la cancillería italiana, los cambiaron a otras celdas, que también que son terribles. Están todos picados por mosquitos, las cucarachas les caminan por todos lados. Me dijo: ‘físicamente no nos han hecho nada, pero en la parte psicológica estamos destruidos'" narró Otín.

La directora de NODAL, Emilia Trabucco, dijo que los detenidos no tienen abogados y que el proceso judicial está siendo usado como un método de tortura psicológica. "Es muy oscuro el procedimiento: no se lo informan a ellos, los interrogan durante horas y no hay acceso legal porque no están dejando que lleguen equipos de abogados a Bengasi. Un fiscal general los interroga, pero no les dice cuáles son los cargos que justificarían la detención. Los llevan a audiencias que luego suspenden y así los mantienen en la incertidumbre. Les dicen permanentemente que los van a liberar y no lo hacen, sin explicarles absolutamente nada".

La Cancillería argentina informó hace unos días que tomó conocimiento de la detención de los argentinos el 24 de mayo e inició gestiones para obtener más información sobre su situación. Confirmaron que oficialmente no tienen datos sobre los plazos ni sobre la continuidad del proceso.

La directora del portal de noticias NODAL expresó: "No sabemos cuáles están siendo las acciones de la Cancillería. Necesitamos respuestas porque están en riesgo la vida y la integridad de Paula y Lucas. Por el nivel de gravedad, el Estado argentino debería mostrarse tan preocupado como lo hizo en otros casos. No estamos pidiendo trato excepcional, sino que active los mecanismos que haya que activar".

Se le pidió al Gobierno dejar de lado las diferencias ideológicas con los detenidos e intensificar sus esfuerzos. "En este momento no interesa lo que piense cada uno, es importante traerlos. Son argentinos que están en un país lejano, donde peligran sus vidas. Es necesario que la Cancillería accione y que los traiga pronto", expresó.

La caravana, integrada por más de 200 activistas de varias nacionalidades, salió el pasado 8 de mayo de Argelia y atravesó Túnez y el Oeste de Libia, llevando alimentos, insumos médicos y materiales de reconstrucción hacia Gaza. La misión humanitaria alertó el domingo pasado sobre la pérdida de contacto con diez de sus integrantes, entre ellos los dos argentinos, junto a otras ocho personas de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez.

Los detenidos se habían adelantado al resto del convoy para negociar el paso en un puesto de control militar en Sirte, ciudad ubicada en la línea divisoria entre el este y el oeste libio.

Las fuerzas de seguridad del este de Libia, dependientes de las Fuerzas Armadas Árabes Libias del mariscal Jalifa Haftar, los retuvieron por ingresar a la zona de seguridad 5+5, un área en disputa establecida en el acuerdo de cese al fuego de octubre de 2020, "sin completar los procedimientos legales", según declararon las autoridades locales.

Las autoridades de los territorios por los que tenían planificado pasar fueron previamente informadas sobre el recorrido de la misión humanitaria. "No pasaron a la fuerza y es mentira que estuvieran indocumentados. Iban en una misión civil, y están en una condición de detención que viola todos los derechos humanos y el derecho internacional. La solidaridad con el pueblo palestino no puede ser sinónimo de delito en el mundo, ni sinónimo de terrorismo, de amenaza", indica la directora de NODAL.

Finalmente enumeró las solicitudes a las autoridades argentinas con carácter urgente:
Que se constituya una visita humanitaria inmediata; asistencia médica urgente y especializada para las y los voluntarios detenidos; ingreso de equipos médicos independientes; información oficial, pública y verificable sobre su estado de salud y situación jurídica; acceso pleno a asistencia legal; garantías efectivas para su integridad física y psicológica; el cese de las condiciones de aislamiento, incomunicación, hostigamiento e interrogatorios intensivos; acceso consular pleno para todas las nacionalidades involucradas; y la inmediata liberación de Lucas Aguilera, Paula Giménez y de todas las voluntarias y todos los voluntarios detenidos.