Denuncian a Milei y Sturzenegger de poner en riegos vidas humanas por el cierre de Vialidad

El gobierno de Javier Milei decidió disolver Vialidad Nacional y otros organismos vinculados al transporte, lo que provocó la reacción inmediata de los gremios como el Sindicato de Trabajadores Viales y ATE, quienes lanzaron una durísima advertencia:

"Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Están armando negocios con este cierre", afirmaron.

"Rutas nacionales de la muerte"

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, acusó al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger de poner en riesgo vidas humanas al eliminar un área importante para el mantenimiento de las rutas nacionales.

• "Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas", denunció.
• "La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira", sumó.

En ese sentido, hizo "un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte".

Más despidos

La dirigente gremial alertó que, con esa decisión, "más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura".

"Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme", sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y "su secuaz" Sturzenegger "son los responsables del genocidio en las rutas".

Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que "valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE. Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras", lamentó.

La referente explicó que "esto no es una simple reorganización administrativa" como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones".

Destruir lo estatal

La referente sindical señaló que Vialidad no tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla, como dice el gobierno, y refutó que el organismo haya reducido sus tareas a un simple "desmalezamiento de las rutas", y remarcó que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.

"No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia", enfatizó.

Por otro lado, Aleñá combatió la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado.

"Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial", dijo y agregó:

"El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable".

Rutas mercantilizadas

Por último, Graciela Aleñá criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto "aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV".

"La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente", advirtió.

"sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal" sentenció Aleña.