Buscan responsabilizar a las familias por los casos de bullying en las escuelas
La Dirección General de Escuelas presentó en la Legislatura un proyecto que introduce cambios normativos y establece un nuevo protocolo de actuación.
Como lo anunció el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, luego que una estudiante del departamento de La Paz había llevado un arma a la escuela, el gobierno finalmente presentó el proyecto que determina que la culpa es de los padres (y nunca del Estado).
Este episodio, doloroso en sí mismo y que fue tapa de todos los portales del país, fue rápidamente utilizado por la DGE, Dirección General de Escuelas, como excusa para impulsar modificaciones al Código Contravencional.
El proyecto de ley busca establecer la corresponsabilidad de las familias en los hechos de acoso sistemático cometidos por sus hijos e hijas, elevando el bullying a la categoría de contravención.
Bullying como contravención
La iniciativa plantea un enfoque integral contra el acoso escolar que combina sanciones, medidas educativas y protocolos de intervención.
"El gobierno de Mendoza ha dado un paso fundamental en la lucha contra el acoso escolar al enviar a la Legislatura un proyecto de ley que propone modificar el Código de Contravenciones para que los padres, madres y tutores sean también responsables por los actos de bullying cometidos por sus hijos", informó el Ejecutivo provincial.
El ministro insistió en que el acoso sistemático es un problema que desborda las aulas.
"La escuela puede dar herramientas de 8 a 13, pero si después del horario escolar no hay una colaboración de la familia, es muy difícil sostener porque, además, este bullying muchas veces se produce o sigue a través de redes sociales," explicó el ministro.
Responsabilidad compartida
El proyecto establece que los adultos responsables podrán ser sancionados con trabajo comunitario o multas económicas si no acompañan a sus hijos en la corrección de conductas violentas.
También prevé instancias de mediación y talleres de parentalidad como herramientas para prevenir la reincidencia.
Se trata de una iniciativa con un enfoque educativo y reparador.
El objetivo no es solo sancionar, sino comprometer a las familias en la crianza y el acompañamiento de sus hijos, promoviendo valores de respeto, empatía y convivencia.
Un protocolo para las escuelas
La normativa se complementa con un nuevo protocolo de actuación actualizado, que ofrece a las instituciones educativas un paso a paso para intervenir ante sospechas o hechos de bullying: desde la identificación del caso, el registro y la comunicación con las familias, hasta el plan de acción inmediato, el seguimiento y el cierre del proceso.
El documento también incluye criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección de derechos y la Justicia, según corresponda.
De esta manera, Mendoza contará con una herramienta integral que brinda seguridad a docentes y familias sobre cómo actuar.
Cuidar a las víctimas, educar a los agresores, comprometer a las familias
El enfoque combina prevención, intervención y posvención.
Por un lado, promueve la construcción de una cultura escolar de convivencia, con espacios de participación y sensibilización para estudiantes.
Por otro, protege a las víctimas y trabaja con los agresores sin estigmatizarlos, fomentando la reparación y el aprendizaje.
Y sobre todo, establece la corresponsabilidad de las familias: sin su compromiso, la escuela sola no puede enfrentar el problema.
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