Bullrich deberá explicar los "fundamentos jurídicos" del protocolo antipiquetes

El juez Sebastián Casanello, le dio 72 horas al Ministerio de Seguridad y a su titular Patricia Bullrich para que explique en detalle con qué fundamentos jurídicos se confeccionó esa norma, si tuvo dictámenes previos de áreas especializadas y qué entidades nacionales e internacionales fueron consultadas.

Casanello quiere saber "si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos" y si ya hubo denuncias por la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

El juez competente tramita el expediente como un habeas corpus y analiza si otorgará una medida cautelar para suspender el protocolo anti-manifestaciones y evaluar su constitucionalidad.

Anteriormente la legisladora porteña Celeste Fierro del MST en el Frente de Izquierda Unidad, quien advirtió en una acción declarativa de inconstitucionalidad la violación al derecho de reunión, asociación, de peticionar ante las autoridades, de asociación y de libre expresión, amplió la denuncia cuando la agrupación recibió la carta documento del Ministerio de Seguridad que pretendía hacerles pagar los gastos de los operativos policiales del 20 y 27 de diciembre por más de 62 millones de pesos en un caso y 40 millones en el otro, al igual que a otras fuerzas, sindicatos y organizaciones. Todos rechazaron esas cartas.

Pedido del Juez Casanello

"Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su Art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)", detalló el documento firmado por Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.

En ese informe solicitado a Seguridad, el magistrado pide que:

1. se indique "pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados".
2. "A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales", agrega la orden judicial.
3. "Precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación'" y si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos".
4. "Del mismo modo deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes".
5. Que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete, se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia".

La respuesta de la ministra Bullrich

La ministra Bullrich pidió a la Fiscalía penal contravencional y de faltas 17 que identifique a "organizaciones" y supuestos "responsables" y se les exija "solventar los costos del operativo desplegado por las fuerzas federales" ante las manifestaciones los días miércoles, jueves y viernes de la semana pasada.

Y posteó en las redes sociales que los gastos totales de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y PSA fueron de 134.486.038,09 pesos.

Lo cierto es que desde diciembre la violencia de las fuerzas de seguridad fueron en aumento. La semana pasada hubo 25 personas detenidas, con las típicas imputaciones penales (atentado y resistencia a la autoridad) que el Gobierno quiere agravar en uno de los capítulos de la Ley Ómnibus.

En las consecutivas manifestaciones que se están dando en el país, no solo participan las organizaciones sociales y políticas, sino también ciudadanas y ciudadanos autoconvocados, además de las y los jubilados.

Pero la intención del gobierno de Milei y Bullrich es legalizar el protocolo e incluso introducir cambios en el Código Penal. Todo con el objetivo de limitar y criminalizar el derecho a la protesta frente al ajustazo, sin distinguir quien lo hace.

De esta manera plantea elevar la pena por cortes (que hoy es de tres meses dos años) al rango de un año a tres años y seis meses, con lo que puede ser de cumplimiento efectivo.

Reporte de La Comisión Provincial por la Memoria

La Comisión Provincial por la Memoria, integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, difundió un informe que señala que en el operativo de tres días, hubo:

1. detenciones arbitrarias
2. hubo285 personas lesionadas por tonfas, postas de goma y gases lanzados "indiscriminadamente contra manifestantes";
3. "al menos 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos sufrieron agresiones policiales".

Además pidieron medidas a la Cámara de Diputados para "evitar la reiteración de estos hechos" y que se rechacen las modificaciones propuestas en base al protocolo, el aumento de penas para consolidar "restricciones severas al derecho a la protesta social" y más atribuciones para las fuerzas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CeProDH y la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) pidieron a la Comisión Interamericana que tome medidas de protección para trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y manifestantes.