Amparo para proteger la "casa común" ante la derogación de la Ley de Tierras por DNU de Javier Milei
La medida es para defender la derogación de la Ley de Tierras por el DNU 70/2023 del presidente Milei, y que pone en peligro el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables y sus bienes ambientales.
La Fundación Pedemonte de la provincia y con el patrocinio letrado de la abogada Carla Casal, interpuso ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Mendoza, un amparo ambiental (expediente 000323/2024) con solicitud de medida cautelar, para frenar la derogación de esta norma.
Esto es porque el presidente Milei suscribió el mega DNU 70/2023, en el cual se señala explícitamente "es menester derogar la Ley N°26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector".
Esta pronunciación motivó a la Fundación Pedemonte, presidida por Brenda Junín, a realizar esta presentación donde se manifiesta que de dejarse librado a su propia dinámica podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables y sus bienes ambientales.
La Fundación tienen como propósito promover el ordenamiento racional del pedemonte mendocino, a través de acciones que aporten herramientas científicas y técnicas, para la construcción social de valores ambientales, que permitan gestionar integralmente el ambiente, compatibilizando el desarrollo socio-económico con la preservación de los recursos naturales y los valores culturales de la región.
La organización trabaja desde el 2011 con un fuerte compromiso por el cuidado de nuestra casa común, y se encuentra en la Calle La Bodeguita s/Nº de la Villa El Challao, Las Heras. Al pie del Cerro La Bodeguita.
La casa común, la tierra, la que nos alimenta y nos cobija
Desde la organización aseguran "la tierra no cuenta solo como productora de alimentos, sino como reservorio de excelencia de agua dulce y minerales cada vez más escasos y necesarios para un desarrollo futuro con equidad.
Sabemos que Argentina, con muy baja densidad poblacional, cuenta con una de las tierras más ricas y extensas del mundo, y se convierte por tanto en territorio apetecible, mirado con interés por los poderosos".
También señalan desde la Fundación que Argentina posee una enorme cantidad de kilómetros de frontera y cuencas transfronterizas con países hermanos, que perderían seguridad si la Ley de Tierras fuera ilegal e irresponsablemente derogada, aumentando la vulnerabilidad nacional.
La Ley de Protección al Dominio Nacional de Tierras Rurales tiene regulaciones con criterios geopolíticos y geoestratégicos que sirven para resguardar los intereses vitales de la Nación Argentina.
Otro de los puntos destacados por la organización es que la tierra es un recurso estratégico clave para el desarrollo del país, habilitar su extranjerización a través de esta medida inconstitucional y antidemocrática será un mecanismo de opresión para las futuras generaciones que hacen peligrar la independencia, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Ante este escenario de lucha y defensa de la Ley de Tierras, la Fundación Pedemonte invita a sumarse a las diferentes acciones para difundir la presentación de este amparo ambiental y unir fuerzas para decir no a la entrega y venta indiscriminada de nuestra tierra.
La Ley de Tierras
La Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, fue sancionada el 22 de diciembre del 2011, y su objetivo fue limitar la extranjerización de las tierras, un fenómeno mundial que se expandió a partir de 2008.
Para esto, estableció que las personas foráneas no pueden ser titulares de más del 15% del total de los suelos rurales a nivel nacional, lo que se replica en cada provincia y departamento.
Además, prohíbe que sean dueños de inmuebles ribereños de cuerpos de agua (ríos, lagos o cuencas) y de zonas de seguridad de frontera.
Facundo Martín, investigador del CCT Conicet Mendoza y profesor de la UNCUYO, está convencido de que la derogación de la Ley de Tierras que incluyó el gobierno de Javier Milei en el DNU y que ya está vigente no es un instrumento de gestión que busque modificar una realidad, sino una cuestión discursiva, de propaganda, una señal a nivel mundial de ofertar a la Argentina, de llamar la atención sobre la posibilidad hacer "negocios fáciles", "sin burocracias" y, desde su mirada crítica, la puerta para facilitar un proceso de extracción de recursos naturales desmedido, sin ningún control.
"Es más una cuestión de publicidad, una señal a nivel mundial de ofertar a la Argentina".
Azufre, el caso mendocino
Con el objetivo de subrayar la importancia de cuidar los recursos naturales, entre ellos la tierra, Martín hizo una mención especial a la discusión en torno a El Azufre, un proyecto que prevé construir un centro de esquí en Malargüe y para el cual la ex Secretaría de Ambiente de la provincia dio su aval en julio de 2023, al aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
"Respecto de esta discusión, me parece que merece una mención especial el caso de lo que se conoció como El Azufre, este centro de esquí que se está promoviendo en Malargüe y donde el Gobierno provincial inicialmente y el Gobierno nacional están en un proceso de cesión, venta o concesión de 12 mil hectáreas que están en zona de frontera, que de ninguna manera corresponde que se le otorgue esa cantidad de hectáreas para el proyecto de centro de esquí que se está realizando. Me parece que calza muy bien discutir este tema de El Azufre en el contexto de esta desregularización o esta promoción de la liberación del control de la propiedad de la tierra", expresó el profesional.
(extraído de Prensa Uncuyo)
Durante el gobierno de Mauricio Macri la ley se modificó por decreto, por el que se otorgó mayor libertad para la compra de tierras a personas extranjeras. Entre otros aspectos, cambió la forma de analizar el paquete accionario de una firma para considerarla foráneas o nacional.
La ley creó el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) -dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación-, que por primera vez permitió conocer la cantidad de suelo en manos extranjeras. Según información oficial actualizada a abril de 2022, el 5,57% de ese territorio está en manos de foráneos (12.520.826 hectáreas).
Mendoza es la quinta provincia en cantidad de tierras rurales en manos extranjeras (1351109.59 hectáreas, es decir 9,11% del total), un ranking que lidera Salta (1791504.36 ha, es decir 11,56 del total) y a la que le siguen Misiones (11,7% de la superficie total), San Juan (10.48 %) y Corrientes (9.87 % del total).
Se podrá apoyar esta causa en defensa a la Ley de Tierras y encontrarán contenido informativo en IG: CAUSALEYDETIERRA
instagram.com/causaleydetierras/
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