Mónica Bascuñán, una de las coordinadoras del observatorio de discapacidad de la provincia Mendoza, nos cuenta sobre una de las actividades que se llevaron a cabo por el mes de la inclusión

Una de las actividades se llamó «Personas con discapacidad en primera persona» donde lo principal es poder transmitir ¿Qué es lo que es la inclusión? contada por personas con discapacidades, familiares y organizaciones que son quienes trabajan y atienden la temática la discapacidad cotidianamente. por esto El COLECTIVO DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA hicieron pública sus consideraciones en relación al llamado MES DE LA INCLUSIÓN, en la provincia.

«Seguimos manifestando que abordar las diferentes problemáticas de este colectivo social implica el compromiso de diversos sectores, fundamentalmente del Estado, para garantizar espacios de participación y el desarrollo de políticas públicas. A pesar de nuestra lucha incansable, lejos estamos del cumplimiento de derechos garantizados en la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad y leyes nacionales que asisten en el campo de la salud, la educación, el acceso al mundo del trabajo, la accesibilidad comunicacional, del transporte, entre otros.

Es necesario transitar de la frase del mes hacia acciones concretas del Estado, pensadas y desarrolladas para garantizar vida digna a las Personas con Discapacidad (PcD).

Es por eso que en el MES DE LA INCLUSIÓN queremos señalamos con preocupación algunos aspectos:

En relación a la salud

Las     obras sociales nacionales y provinciales y el Programa Federal “Incluir Salud” en relación al cumplimiento de la Ley 24.901, deben garantizar las prestaciones de asistencia en salud que requieran las personas con discapacidad. Sin embargo en este contexto, advertimos el atraso en el pago de las prestaciones que se están realizando como actividades no presenciales (que se han mantenido lo largo de esta cuarentena) como: docente de apoyo para la inclusión educativa o terapias con carácter virtual. Asimismo hemos hecho público la importancia de la reapertura con protocolos de los centros de rehabilitación para las personas con discapacidad que lo requieran. En este marco resulta sorprendente que tengan apertura bares y no se haya avanzado en la atención en estos centros.

En el caso específico del Programa Federal INCLUIR SALUD de Mendoza, gestionado por el Ministerio de Salud de la Provincia, se han establecido ciertos requisitos administrativos que han dificultado el acceso al Derecho de la Salud para las personas con discapacidad. En este contexto de pandemia y aislamiento social, se ha agravado la posibilidad de acceso a medicamentos, prestaciones, rehabilitación u otros servicios. En tal sentido, pedimos que se aplique el uso de las recetas electrónicas en INLCUIR SALUD sobre todo en este momento que hay que evitar la circulación social.

En el caso de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) ha establecido un nomenclador provincial de montos de prestaciones alejado de los montos propuestos por el Nomenclador Nacional, lo cual genera diferencias sustanciales en el pago y se transmite esta dificultad al sostenimiento de las prestaciones a lo largo del tiempo y debido a que cada persona debe pagar las diferencias de montos prestacionales, desconociendo la adhesión de la provincia a la Ley 24.901.

También hemos denunciado a través de las organizaciones que integran este Colectivo, la situación de abandono de personas con discapacidad en la asistencia que debe dar el Estado en los hospitales públicos y Centros de Salud en diferentes departamentos de la provincia, por lo que surge la necesidad de contar con la información sobre los protocolos hospitalarios para la atención de las personas con discapacidad que contraigan Covid19. En Mendoza, son muchos los sectores sanitarios que no cuentan con espacios óptimos o adaptados para las Personas con Discapacidad por las barreras que presentan, sean del orden arquitectónico, para la transitabilidad y permanencia dentro de los hospitales o la falta de personal idóneo en Lengua de Señas Argentina (LSA), por citar algunos ejemplos que complejizan aún más los procedimientos sanitarios. Esta situación es causal de vulneración de derechos, ya sea en la atención y tratamiento sanitario en esta pandemia, es decir no dando cumplimiento a la Ley Nº 26.378, la Ley Nº 24.901, la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad y recomendaciones de la OMS.

Además, es de suma importancia recordar que las personas con discapacidad pertenecen a Grupos de Riesgo, según lo expuesto en DNU 260/2020 por el Presidente de la Nación.

En relación a los hogares provinciales

En primer lugar alertamos sobre la necesidad de realizar auditorías con los protocolos adecuados en hogares públicos y privados en convenio con el Estado.

En los hogares del Estado, desde el comienzo de la pandemia se ha requerido la entrega de material de bioseguridad para los/as trabajadores/as, los protocolos de salud, medidas de acción directa y plan de contingencia para evitar la propagación de Covid19 dentro de los hogares entre trabajadores/as y albergados/as, entendiendo que pertenecen al grupo de riesgo determinado por la OMS y el DNU 260/2020. Esta situación ha hecho que tanto el personal como personas con discapacidad se hayan contagiado en los diferentes hogares de la provincia.

Los/as trabajadores/as de contacto realizan la atención diaria de las personas con discapacidad asistiéndolos en actividades de la vida diaria; en caso del Personal de Enfermería realizan tareas como curaciones, administración de medicamentos vía oral o inyectada, colocación de sondas, vías, y mantenimiento de las mismas, etc., pero debido a la poca cantidad de personal, los/as trabajadores/as continuamente se ven forzados a realizar múltiples tareas motivo por el cual se puede poner en riesgo la calidad de atención a personas con discapacidad albergadas, afectando la vida digna de las mismas.

En relación la Educación

La continuidad de la educación de forma no presencial durante este período ha visibilizado las inequidades la cantidad y calidad de apoyaturas que se requieren como así también las carencias de las herramientas tecnológicas y acceso a internet que permiten la continuidad educativa. Tampoco se ha garantizado el cumplimiento de la Ley 26.150 Educación Sexual Integral, en la cual destacamos la prevención del abuso sexual infantil (ASI), ya que el colectivo de personas con discapacidad se encuentra doblemente vulnerado por su condición, siendo de vital importancia el desarrollo de campañas y contenidos a fines a la problemática

En este tiempo, el gobierno provincial presentó un Proyecto de Ley de Educación con el fin de reemplazar a la Ley 6.970. El anteproyecto de Ley sólo dedica dos escuetos artículos que hacen referencia a la educación inclusiva. En este punto señalamos que tal cual indica la Convención de los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 24, el Estado debe garantizar medidas para la inclusión en los espacios regulares de educación, como así también el garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida. El rechazo de la comunidad educativa al proyecto generó la modificación de algunos artículos por parte del gobierno y el aplazamiento para su tratamiento hasta el año 2021. Sin embargo, el rechazo de los/as trabajadores/as se funda en que el contenido continúa sustentando el paradigma mercantilista, es decir, que significa un retroceso en la educación como derecho, un retroceso en materia presupuestaria y de financiamiento y en la pérdida de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. También profundiza la descentralización a través de formas de municipalización de la educación lo cual afecta los recursos y la igualdad de oportunidades de todos los/as estudiantes, con o sin discapacidad.

En relación al presupuesto 2021

Considerando que la Dirección provincial de Discapacidad tiene por objetivo cubrir a personas de 0 a 60 años con discapacidad que no cuentan con cobertura social, de salud o previsional, nos preocupa que el presupuesto 2021 propuesto para el área contemple una reducción en términos reales del 12%. Es decir, que si analizamos la población de personas con discapacidad en la provincia de Mendoza nos encontramos que el presupuesto 2021 destinará $3.049 anual por persona, es decir $254 por mes. Ante ello solicitamos una partida presupuestaria mayor para el próximo año conforme a la realidad que atravesamos como sociedad, y en particular, las personas con discapacidad.

En relación a las Pensiones No Contributivas

El otorgamiento de la misma es responsabilidad del ámbito nacional, sin embargo queremos señalar e informar sobre algunos aspectos relevantes sobre las pensiones. En enero de este año, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se estableció para las nuevas pensiones una modificación en el requisito vinculado con la posesión de un inmueble o un automóvil, ahora puede la persona justificar el valor, la adquisición del mismo y la forma de mantención, sin ser un obstáculo para postura y obtener la pensión. Además, la nueva normativa hace referencia también a los ingresos del grupo familiar que pueden ser hasta 4 jubilaciones mínimas y de esta manera quien aspira a una pensión no pierde el derecho a solicitarla. En diciembre del 2019 se recibió la información que habían más de 130 mil pensiones en trámite, sin respuesta por parte de la gestión de gobierno anterior. Este año ya se han solicitado 10 mil nuevas pensiones. Por tal motivo, otra de las medidas de la ANDIS para dar curso a los trámites atrasados de pensiones en todo el país, ha sido iniciar un proceso de digitalización (escaneo) de los expedientes, es decir poner las herramientas tecnológicas necesarias para poder movilizar estas peticiones para responder a las necesidad del colectivo de PcD.

Hemos intentado exponer un panorama que sin duda no es completo, pero que nos sirve como guía en el territorio provincial para orientar acciones inmediatas y necesarias. Nuestros reclamos son:

A nivel nacional:

-Tarjeta alimentaria para personas con discapacidad.

-Continuar con la entrega de Pensiones no Contributivas.

-Cumplimiento de ley 24.901 por parte de Incluir Salud y la activación de la receta electrónica.

A nivel provincial:

-Cumplimiento del cupo laboral en el Estado para personas con discapacidad.

-Controles en hogares públicos y privados y medidas adecuadas para protección de trabajadores y y personas con discapacidad albergadas.

-Apertura con protocolo los centros de rehabilitación para las personas con discapacidad que lo requieran.

-Exigimos que se llame a Asamblea Legislativa con el fin de nombrar a los nuevos representantes de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, situación que se mantiene en una irregularidad institucional desde hace casi dos años. Asimismo solicitamos que se respete el orden de mérito alcanzado en el proceso evaluativo, tal cual lo plantea la ley.

-Rechazamos el proyecto de Ley de Educación Provincial por inoportuno, inconsulto y mercantilista.

NUESTRO LEMA SIGUE VIGENTE: NADA SOBRE NOSOTRES SIN NOSOTRES»

Observatorio de Personas con

Discapacidad