Por Claudio Ochoa

28 de julio, fecha del Bicentenario de la independencia peruana, Pedro Castillo será el primer presidente de origen campesino. Este es el panorama de los grandes desafíos que deberá asumir el nuevo gobierno.

La Asunción

El 28 de julio, fecha de la asunción, es una fecha muy significativa, no solo para el Perú, sino para todo el cono sur, ya que un sábado 28 de julio pero de 1821, siguiendo los protocolos virreinales, nuestro queridísimo General Don José de San Martín salió del palacio de Lima, a las 10 de la mañana, junto a un numeroso séquito a caballo. Recibió la bandera y frente a un público de más de 16.000 personas, proclamó:

El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende.

¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!

Este 28 de julio como aquel de 1821, coinciden en la esperanza; pero también en un rumbo colectivo incierto plagado de grandes desafíos, luego de 30 años de neoliberalismo. Si el nuevo gobierno no se nutre de una estructura política, lo que viene será una mera administración de un sistema – evidentemente – rancio y caduco, conforme se ha verificado con los acontecimientos nacionales de los últimos tiempos. Hay que resaltar que sólo la presencia de una militancia política que nutra la estructura gubernamental puede hacer presente la voluntad popular, tanto para respetar el “acuerdo electoral” como para lograr una transformación real en el Estado. En este último sentido comprobamos que las bases que llevaron a Castillo a candidatearse, a consolidarse y a su triunfo está compuesto en un 45% por los militantes de Perú Libre y el 55% restante por el sector docente. Estos últimos han sido la columna vertebral, ya que en cada lugar hay un docente, y ese docente ha sido el principal articulador de la propuesta de Perú Libre hacia la población.

A pesar de una minoría conservadora y reaccionaria que desde hace unos meses viene agitando la deslegitimación presidencial y la grieta, todo inicio de gobierno siempre crea expectativas, basadas en una confianza de que el país va a estar mejor. Son los famosos 100 días de gracia de los que suelen disponer los gobiernos para mostrar su eficacia en el ejercicio del poder. Es un periodo de fortaleza que se debe aprovechar al máximo, no solo para coordinar y armonizar a las propias fuerzas sino también, para desplegar la propuestas seductoras hacia los distintos sectores de la comunidad a fin de lograr una unión programática: Consensuar puntos en políticas de Estado, programas y proyectos. Vale decir que se debe agudizar el “arte del acuerdo” a fin de construir un mecanismo de coaliciones permanentes en el plano político, económico, social y cultural. En estos 100 días hay que desplegar una batería de medidas y de acciones que son las que van a definir la impronta del gobierno que Pedro Castillo quiere tener.

 

La Virulencia

A pesar de que la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y 14 comisiones electorales afirman que las elecciones fueron limpias, Keiko Fujimori, quien había adelantado que no reconocería la victoria, salió a aceptar la proclamación; pero tildó de ilegítimo al Presidente por “robo de votos”. En esta táctica de azuzar el fraude, la secundan la ex-lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano y el escritor y activista de derecha, Mario Vargas Llosa, entre otros. A pocas horas de la proclamación el diario La Razón saca títulos como “Se consuma el fraude”, “amenaza contra la libertad de prensa”, “es un ignorante”, etc. El diario “El Comercio” saca una editorial muy dura de advertencia y le pide a la oposición sea vigilante y efectiva. Esta dureza y política de desgaste para con el nuevo presidente también se ve reflejado en notas El Expreso, El Diario Correo, Perú 21, Del País

Terrorista, chavista y comunista son los términos se vienen escuchando a diario sobre Pedro Castillo. Le dicen “terruco” una palabra coloquial que significa terrorista o de que simpatiza con grupos armados que operaron en Perú, como es el caso Sendero Luminoso. Hace un par de semanas, el empresario y ex candidato a presidente – Rafael López Aliaga – pidió en un acto en Lima la muerte del comunismo y de Pedro Castillo. Algo gravísimo que nos rememora épocas oscuras y sangrientas en latinoamérica. Intimidación, demonización y estigmatización.  Lo cierto es que desde la Derecha reaccionaria siguen apostando al clima de confrontación y grieta.

Frente a este panorama, los principales gremios de trabajadores y de organizaciones civiles han creado lo que se conoce como el “Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad”, para defenderse de los políticos conservadores y militares en retiro que llamaban a la intervención de las fuerzas armadas para impedir “el comunismo”. En este aspecto no deben descuidar el fortalecimiento del apoyo regional e internacional para el sostenimiento de la gobernabilidad y la democracia.

El Congreso

El Congreso no ha tenido ningún problema en mostrarle los dientes al jefe del Estado de turno y ante el menor inconveniente, esto incluye un juicio político contra el centrista Martín Vizcarra que lo obligó a renunciar el 2020, lo que desató fuertes protestas.

De las 130 bancadas, Perú Libre de Pedro Castillo será un gobierno de minoría ya que logró 37 bancadas, a los que ya habría que sumar cinco votos de la bancada de Juntos por el Perú y tres del Partido Morado, que tienen de referentes a Verónika Mendoza y Julio Guzmán, respectivamente. Actualmente se tejen alianzas a los fines de asegurar la mayoría simple que se logra con 66 votos

La Gestión

Perú ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia, flagelo al que debemos agregar el de la desigualdad estructural y una fuerte crisis político institucional. Frente a este panorama adverso se hace imperioso llamar a un consenso económico y social. Lo estatal, laboral y empresarial tienen que estar de cara a toda la sociedad para llegar a puntos en común en la agenda nacional.

Lo más urgente es atender al segmento social más castigado; lo que equivale decir expandir el gasto social, la inversión pública; lo que equivale a decir que se debe ampliar la base tributaria. Perú es un país con 14% de presión tributaria, lo cual es muy bajo, por lo que, gradual y consensuadamente, el gobierno puede aspirar hasta un 30%, con el correr de la gestión. Debe incorporar referentes de algunos sectores del poder para hacer puentes y neutralizar los efectos colaterales, quitándole traumatismo a medidas que, en definitiva, terminarán reactivando sectores y consolidando la dinámica económica. Debe invertir intensivamente en dar más salud, educación, más infraestructura básica, económica y social como agua, desagüe y alcantarillado con inversión pública o proyectos de servicios, contratando a gente local. La brecha de inversión es gigantesca.

En lo institucional tiene el gran desafío de la reforma constitucional; pero previo tendrá que atender al “saneamiento ético” de la política. Además necesita recuperar la confianza popular, quizás a través de la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia a las instituciones mediante el acceso de la ciudadanía a la información pública.