De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño (CDN), los niños deben disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a servicios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación.

La CDN enfatiza en particular que los Estados adopten las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil, y en la niñez asegurar a todos los niños la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias.

La historia de F. comienza a escribirse desde el 2.013, al momento de su nacimiento los médicos detectaron una malformación en su oreja izquierda.

Al mes de su nacimiento, y tras realizarle varios estudios, se lo diagnostica con una hipoacusia unilateral, la recomendación del médico fue esperar hasta los ocho meses, para solicitar el dispositivo BAHA.

A partir de los ocho meses, comienza su estimulación temprana en una escuela especial, en el área de discapacidad auditiva.

Al año y medio, se hace entrega del dispositivo BAHA, al iniciar con este tratamiento se observan las mejorías, de manera inmediata en el área del vocabulario, de su desarrollo e integración social, y su audición respondía más rápido.

La utilización del dispositivo, tenía un destino hasta los seis años de edad, al cumplir cinco años de edad, el grupo familiar se afilia a OSEP, donde comienza una odisea para conseguir un dispositivo, el cual sería utilizado en su operación, al cumplir los seis años de edad.

A principios del 2.019, y con la finalidad de conseguir el tratamiento de la manera correspondiente, se presenta toda la documentación correspondiente en la Sede Central de OSEP, para obtener la compra del dispositivo.

Tras la presentación de la documentación se generan dos expedientes administrativos, que hasta la fecha no han tenido resolución. A fin de obtener una respuesta se le envía una Carta Documento a la obra social, emplazando a OSEP  para que le otorgue al menor, el tratamiento de salud auditiva, consistente en la compra de un implante osteointegrado BAHA 5 ATTRAC.

Otro punto importante, es que los padres fueron informados que el menor ingreso en una «lista de espera», circunstancia que dado el caso es imposible de esperar, la salud del menor se encuentra en riesgo, y es por eso que se requiere con urgencia, la compra del implante y la operación inmediata, a fin de que el menor tenga un desarrollo oportuno acorde a su edad.

El art. 2 de la ley 24091 establece: «las obras sociales tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley que necesitan las personas con discapacidad afiliadas a las mismas»

Estamos en presencia de un caso, donde un menor de edad con discapacidad, que necesita con URGENCIA poder tratarse apropiadamente y sin demoras, su única posibilidad es que se le efectúe el IMPLANTE COCLEAR, que le permita oír de forma idónea.

En tiempos de pandemia, el incumplimiento de OSEP, incide directamente en la educación del menor. Desde que comenzó la cuarentena, la madre del menor, es la encargada de leerle las consignas, al no poder contar con el implante osteointegrado, es necesario leerle dos o tres veces para llevar a cabo las actividades.

Según la CAD «los niños deben disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a servicios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación», sin embargo, en la provincia de Mendoza, OSEP se ha convertido en un padecimiento para los afiliados.

O será, que su titular, el Dr. CARLOS FUNES, no tiene tiempo para responder a las demandas de sus afiliados.