Violencia contra mujeres y niñas facilitada por tecnologías en América Latina y el Caribe

La violencia contra mujeres y niñas facilitada por tecnologías constituye una extensión de la violencia de género, con características propias como la amplificación, persistencia y alcance transnacional del daño. En América Latina y el Caribe se registran avances legislativos -incluida la incorporación de la violencia digital en marcos normativos y la adopción de instrumentos regionales-, aunque persisten respuestas fragmentadas, centradas en lo penal y con escasa adaptación a la dinámica digital. El informe de ONU Mujeres subraya la necesidad de políticas integrales que articulen prevención, protección, reparación y regulación de plataformas, con enfoque de género y cooperación regional efectiva.

Para terminar con la violencia contra las mujeres, hay que mirar hoy qué pasa en las pantallas. La violencia propiciada por las tecnologías es ya una de las formas más extendidas de agresión de género en América Latina y el Caribe: no se produce únicamente "online", sino que recorre la vida cotidiana, la salud mental y la participación pública de las mujeres y niñas.

Desde el programa ACTUEMOS de la Unión Europea y ONU Mujeres se presenta un mapeo regional que muestra cómo están respondiendo los Estados frente a estas violencias digitales, cuáles son los avances y, sobre todo, cuáles son las deudas pendientes.

La ONU habla de:

 Violencia contra las mujeres y las niñas facilitada por tecnologías. Abarca cualquier acto realizado, facilitado o incrementado mediante redes sociales, mensajería, plataformas o inteligencia artificial que provoque daño físico, sexual, psicológico, económico o social.

No es un fenómeno separado del mundo "real": es parte del mismo continuo de violencia de género que conocemos, pero con rasgos propios como la escala, la persistencia del daño, el anonimato, la capacidad de amplificación y muchas veces la dimensión transnacional.

En nuestra región, estas violencias se manifiestan en la difusión no consentida de imágenes íntimas, el chantaje sexual en línea, el acoso digital, el ciberacecho, la vigilancia tecnológica y el discurso de odio de género. Cada vez más, se observan en el uso de tecnologías emergentes como los deepfakes y la inteligencia artificial generativa.

El informe muestra que a partir de 2010 los países empezaron a legislar de forma intensa pero fragmentada. Algunos incorporaron la "violencia digital" o "telemática" a sus leyes integrales de violencia contra las mujeres -como Paraguay, México, Venezuela y, más recientemente, Argentina con la Ley Olimpia-, mientras que otros se concentraron casi exclusivamente en crear nuevos delitos informáticos o agravar figuras penales ya existentes.

El Brasil se muestra como uno de los casos más avanzados, al combinar leyes de ciberdelitos, reformas al Código Penal, el Marco Civil de Internet y medidas específicas de protección para las mujeres frente a la violencia digital, incluso mediante el uso de inteligencia artificial para manipular imágenes.

El balance regional es claro: se ha mejorado en la identificación de conductas, especialmente en la difusión sin permiso de material íntimo, el acoso repetido y los abusos sexuales en línea contra niñas, niños y adolescentes. Se han creado también herramientas como la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, aprobada en 2025.

Pero esos avances se dan al lado de enormes vacíos. La respuesta sigue siendo mayoritariamente penal, y se quedan atrás la prevención, la protección integral, la reparación y la regulación de las plataformas digitales. En la práctica, muchas medidas de protección se pensaron para contextos offline y se trasladan al mundo digital sin adaptarse a la escala y la velocidad del daño.

No existen protocolos específicos para preservar evidencia digital, detener la viralización de contenidos o proteger en tiempo real a las víctimas.

El informe advierte, además, que se ha legislado más para mujeres periodistas, defensoras y figuras públicas, y para la niñez, que para las mujeres en su cotidianidad, que son las que soportan el grueso de las agresiones vinculadas al uso ordinario de redes y tecnologías.

Diez líneas para fortalecer la respuesta estatal y regional planteada por ONU Mujeres. Principales entre ellas:

Fortalecer el enfoque de "continuum online-offline", entendiendo que el daño no termina con el apagado de los dispositivos y que está anclado en desigualdades estructurales de género.

Avanzar hacia respuestas integrales que articulen sanción penal con prevención, protección urgente y reparación, y no se limiten a la creación de nuevos delitos.

Modernizar la legislación ante nuevas manifestaciones de violencia, tales como los deepfakes sexuales y los sistemas automatizados de toma de decisiones.

Supervisar periódicamente la conducta de plataformas y empresas tecnológicas, estableciendo obligaciones claras de eliminación de contenidos, preservación de pruebas y rendición de cuentas.

Traducir las normas jurídicas en protocolos concretos para policías, fiscales, jueces y servicios de atención, incorporando capacidades de ciberdelincuencia, pero con perspectiva de género.

A nivel regional, se hace un llamado a la construcción de marcos comunes para la cooperación transfronteriza y la gobernanza de contenidos, y a la inversión en producción de conocimiento sobre el impacto de estas violencias en la vida y los derechos de las mujeres y las niñas.

Las tecnologías no son las causantes de la violencia que facilitan, sino las decisiones políticas, los marcos normativos y los modelos de negocio que pueden y deben cambiar. América Latina y el Caribe ya tienen una base jurídica significativa, pero aún falta convertir esas normas en protección efectiva y cotidiana para las mujeres y las niñas que hoy habitan los espacios digitales.

Poner fin a esta violencia requiere actuar con la debida diligencia reforzada: prevenir antes de que ocurran las agresiones, proteger cuando el daño está ocurriendo, reparar de forma integral y regular a quienes administran las infraestructuras donde se produce esa violencia. ACTUEMOS, como plantea el programa de ONU Mujeres, significa justamente eso: asumir que la tecnología no es neutra, y que garantizar una vida libre de violencia pasa también por lo que ocurre en nuestras pantallas.