Quienes cuidan también necesitan ser cuidados

La muerte bajo investigación de un comisario mendocino vuelve a exigir una política seria de salud mental para policías, rescatistas y todo el personal de emergencia, que contemple tanto las condiciones sociales y económicas como el impacto traumático de su propia función.

La muerte del comisario Roberto Carlos Villarroel Perea, de 48 años, titular de la Comisaría 10ª de Maipú desde hacía apenas dos semanas, generó conmoción en Mendoza. Fue encontrado sin vida este domingo luego de un operativo activado tras una alerta de su pareja.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho y la hipótesis inicial difundida por distintos medios es la de suicidio. Hasta que concluyan las pericias, esa es la forma responsable de mencionarlo: como una hipótesis bajo investigación, sin anticipar conclusiones y sin invadir la intimidad de una familia que atraviesa una tragedia.

Sin embargo, aun con esa prudencia indispensable, el caso vuelve a abrir un debate que Mendoza no puede seguir postergando: la salud mental de quienes integran las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.

Según relevamientos periodísticos, si la hipótesis se confirma, este sería el noveno caso de suicidio entre integrantes de la Policía de Mendoza en el último año. La cifra es una señal de alarma. Pero también obliga a ser precisos: no alcanza con contar casos difundidos en los medios. Se necesita información oficial, periódica, comparable y accesible. Sin datos sobre cantidad de efectivos, edades, rangos, destinos, jornadas, consultas previas, licencias y dispositivos de atención, no es posible medir el problema con rigor ni saber si las herramientas de prevención están funcionando.

La preocupación trasciende a Mendoza. En las fuerzas federales, los últimos datos públicos disponibles citados por Chequeado registran 21 suicidios con arma de fuego durante 2024, frente a 16 en 2023. Trece de esos casos correspondieron a la Policía Federal, cinco a Gendarmería y tres a Prefectura. Debe aclararse que ese registro refiere a casos con arma de fuego, no necesariamente al total de suicidios ocurridos por todos los métodos.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó recientemente que los casos en las fuerzas federales aumentaron 30% en 2025 respecto del año anterior. Ese dato, por su gravedad, exige que se publiquen la metodología, las cifras completas y su distribución por fuerza. La transparencia estadística no es un trámite administrativo. Es la condición mínima para que una política pública pueda ser evaluada, corregida y, sobre todo, orientada a prevenir.

Ahora bien: sería un error explicar este problema sólo por la situación económica, las deudas o los conflictos familiares. Esos factores pueden aumentar la vulnerabilidad de una persona, como también pueden hacerlo la falta de descanso, los turnos rotativos, el aislamiento, el consumo problemático o el temor a pedir ayuda. Pero el suicidio no responde a una sola causa. Es un fenómeno complejo y multicausal.

Y, en el caso de policías, bomberos, rescatistas, ambulancieros, agentes penitenciarios y operadores de emergencia, hay una dimensión específica que debe ser reconocida: la propia función.

Estas personas trabajan, muchas veces de manera reiterada, con accidentes graves, muertes violentas, suicidios, incendios, violencia doméstica, catástrofes, niños heridos, personas desaparecidas y rescates que no siempre terminan bien. La exposición a hechos potencialmente traumáticos forma parte de la tarea de los primeros respondedores y puede afectar su salud mental. La evidencia internacional vincula ese tipo de exposición con mayor riesgo de síntomas de estrés postraumático, depresión, agotamiento y dificultades para sostener la vida cotidiana.

Esto requiere una aclaración importante. Participar en un rescate fallido o presenciar una muerte no convierte automáticamente a nadie en una persona con riesgo suicida. La gran mayoría de quienes desempeñan estas tareas no desarrolla un trastorno de salud mental ni muere por suicidio.

Pero hay episodios que pueden dejar una marca intensa, sobre todo si se acumulan con cansancio, falta de apoyo, problemas personales o económicos, insomnio, consumo de alcohol u otras sustancias, y una cultura de trabajo que castiga o ridiculiza la vulnerabilidad.

En ese punto aparece un concepto que la discusión pública debería incorporar con cuidado: la lesión moral.

La lesión moral puede surgir cuando una persona siente que no pudo actuar de acuerdo con sus valores más profundos; cuando no logró salvar a alguien a pesar de haber hecho todo lo posible; cuando debió elegir entre alternativas imposibles; cuando fue testigo de una muerte que considera evitable; o cuando percibe que las condiciones institucionales le impidieron hacer lo que debía. Puede expresarse en culpa, vergüenza, enojo, aislamiento, pérdida de sentido o sensación de fracaso. No es un diagnóstico automático ni una explicación única, pero es una experiencia que las instituciones deben saber reconocer y abordar.

Por eso, después de una intervención crítica, la pregunta no debería ser solamente si el operativo cumplió un protocolo. También debería ser qué ocurre con quienes intervinieron. ¿Hay una evaluación posterior? ¿Tienen un espacio seguro para hablar? ¿Se los releva si lo necesitan? ¿Hay seguimiento profesional? ¿Sus superiores saben distinguir entre una reacción esperable y una señal de alarma? ¿Existe una cultura donde pedir ayuda sea posible sin temor a sufrir consecuencias laborales o económicas?

La Organización Mundial de la Salud reconoce que policías, bomberos y otros primeros respondedores cumplen un papel decisivo ante las crisis suicidas: son quienes llegan primero, contienen, desescalan y conectan a una persona con la atención adecuada. Pero también advierte que esas intervenciones pueden ser profundamente angustiosas para quienes las realizan y que los propios respondedores deben tener acceso a apoyo.

Esta es la idea central: quienes intervienen para salvar a otros también deben ser cuidados cuando no pueden hacerlo, cuando enfrentan una escena traumática o cuando el peso de la tarea comienza a desbordarlos.

La respuesta institucional no puede reducirse a una charla ocasional después de una tragedia. Necesita una política de salud ocupacional permanente, con atención psicológica y psiquiátrica confidencial, rápida y especializada; seguimiento después de episodios críticos; capacitación de mandos; programas de apoyo entre pares; intervención con las familias cuando corresponda; y protocolos claros ante una situación de riesgo.

Los programas de pares pueden cumplir una función valiosa. Un compañero entrenado puede detectar aislamiento, insomnio, irritabilidad, cambios bruscos de conducta, consumo creciente, desesperanza o expresiones de despedida. Puede escuchar, acompañar y facilitar una consulta. Pero no reemplaza al psicólogo, al psiquiatra ni a un servicio de urgencias. Es una puerta de entrada, no un tratamiento. La evidencia disponible sugiere que estos programas pueden ser útiles cuando están integrados a una red profesional seria y confidencial.

También debe hablarse del acceso a armas. En una fuerza de seguridad es un factor específico. Resguardar temporalmente un arma en una situación de riesgo inminente no debería ser vivido como una sanción ni como una degradación. Debe ser una medida preventiva, profesional y revisable, con resguardo de la privacidad y de la situación laboral de quien pide ayuda. La prevención consiste, muchas veces, en crear tiempo y distancia entre una crisis intensa y un medio de alta letalidad.

Mendoza necesita dejar de discutir estos casos solamente cuando ocurre una tragedia. Debe contar con un observatorio o sistema público de información, con identidad protegida, que permita conocer cuántas consultas hay, cuánto demora el acceso a atención, cuántos profesionales trabajan con las fuerzas, qué sucede después de una alerta y qué seguimiento se brinda tras un evento crítico.

No se trata de poner bajo sospecha a la Policía ni de encontrar culpables rápidos.

Se debe asumir una responsabilidad elemental: una institución encargada de cuidar a la comunidad debe disponer de herramientas reales para cuidar a quienes trabajan en ella.

La investigación por la muerte del comisario Villarroel Perea deberá avanzar con seriedad y respeto. Pero la sucesión de casos ya permite una conclusión institucional: no alcanza con pedir fortaleza a quienes enfrentan diariamente el dolor ajeno. Hay que ofrecerles descanso, escucha, atención, confidencialidad, protección y seguimiento.

Porque la salud mental no es una cuestión privada que empieza al terminar un turno. También es una responsabilidad laboral. Y porque quienes cuidan a la sociedad también necesitan, cuando llega el momento más difícil, saber que no están solos.