Reforma laboral: la ley que se aprobó en Diputados y ahora deberá pasar por la Justicia

Detrás del discurso de modernización aparece una pregunta incómoda: ¿estamos ante una transformación necesaria o frente a una reforma destinada a terminar discutiéndose en los tribunales? Una mirada política sobre una ley que promete cambiar el trabajo argentino, pero que nace rodeada de dudas constitucionales.

Por Martín Tula | martin.tula@portada.com.ar

Cuando me puse a escribir esta columna, apareció una pregunta inevitable: ¿no estaré siendo monotemático? ¿No se cansará el lector de mis editoriales, donde siempre termino profundizando sobre los mismos temas?

Después de unos minutos entendí que no era una cuestión personal, sino el reflejo de nuestra coyuntura, de nuestro país, de esta Argentina circular. Me gustaría -y lo desearía por el bien común- poder escribir alguna vez sobre futuro, progreso o buenas noticias. Pero no sucede, y sinceramente tampoco creo que suceda mientras sigamos repitiendo los mismos errores desde hace décadas.

El jueves pasado quedó aprobada la Ley de Reforma Laboral en la Cámara de Diputados. Con 135 votos a favor y 115 en contra, la iniciativa avanzó tras la eliminación del ridículo artículo 44, único cambio sustancial que tuvo el proyecto. Hoy, con el diario del lunes, empiezo a creer que funcionó como un verdadero "caza bobos": la sociedad, los medios y gran parte de la dirigencia política concentraron la discusión exclusivamente en ese punto mientras el resto de la reforma pasó prácticamente inadvertido. Y como este gobierno parece gobernar más pendiente de los focus group que del debate institucional profundo, la ley terminó aprobándose sin sobresaltos porque los votos ya estaban asegurados de antemano.

Esta reforma aprobada en Diputados -que todo indica será convertida en ley en los próximos días- abre un escenario político inmediato, pero también un frente judicial casi inevitable. El punto con mayor potencial de litigio es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incorporado como alternativa al sistema indemnizatorio tradicional. El FAL establece un esquema financiado mediante aportes patronales destinado a cubrir desvinculaciones laborales, modificando el modelo histórico de indemnización por despido. El debate jurídico girará en torno a si este mecanismo implica una reducción de derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y si constituye una regresión en materia laboral, algo que sindicatos y especialistas anticipan que terminará discutiéndose en tribunales.

El segundo capítulo controversial es la flexibilización de la jornada laboral mediante el denominado banco de horas, que permite reorganizar tiempos de trabajo con jornadas más extensas compensadas posteriormente sin el pago inmediato de horas extras. Aquí la discusión judicial se centrará en los límites constitucionales de la jornada laboral, la protección de la salud del trabajador y el cumplimiento de estándares internacionales incorporados al derecho argentino, particularmente aquellos vinculados al descanso y a condiciones dignas de trabajo.

El tercer eje con alta probabilidad de judicialización es la prioridad otorgada a acuerdos laborales por empresa y las modificaciones vinculadas al derecho de huelga y la negociación colectiva. La reforma fortalece negociaciones descentralizadas por sobre convenios sectoriales, generando objeciones por posible colisión con la libertad sindical y con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Centrales sindicales y sectores opositores ya anticiparon planteos de inconstitucionalidad al considerar que estos cambios debilitan la representación colectiva del trabajador.

Estos son solo algunos de los puntos más controversiales de una reforma que parece sostenida con alfileres y que deja la sensación de haber sido acelerada más por necesidad política que por consenso institucional. Lo que pudo haber sido el puntapié inicial hacia una Argentina distinta terminó naciendo sin acuerdos amplios, sin diálogo real con todos los actores sociales y sin una construcción jurídica sólida que le otorgue previsibilidad en el tiempo.

Nuestra sociedad demanda un país mejor, pero cuando se observa la oferta política se entiende por qué seguimos probando recetas nuevas que terminan reproduciendo viejos fracasos. Creo profundamente que la salida sigue siendo la democracia y la política. Sin embargo, también creo que mientras el argentino no esté dispuesto a participar activamente -no solo votando, sino discutiendo ideas en la mesa familiar, entre amigos y en la vida cotidiana- seguiremos atrapados en la lógica del "sálvese quien pueda" que tanto daño nos ha hecho como sociedad.

Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario.

Willy Brandt, Alcalde de Berlín Occidental, 1958