Pobreza en baja, desigualdad en alza

Este jueves se conocieron los datos oficiales de pobreza, que cayó al 31,6%. Un dato muy bueno si se analiza de manera aislada. Incluso mejor que el del segundo semestre de 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, cuando alcanzaba el 32%.

Pero cuando empezamos a desmenuzar de dónde viene ese número y cuáles son los factores que permitieron que exista, descubrimos que la pobreza, en realidad, avanza. Y lo hace por debajo de la línea estadística, pero por encima de la vida cotidiana.

Por Martín Tula | martin.tula@portada.com.ar

Para empezar, debemos recordar que en el primer semestre del gobierno de Javier Milei, el número de personas en situación de pobreza llegó al 52,9%. Fue una cifra impulsada por el arrastre de la gestión de Alberto Fernández, pero también por la devaluación abrupta que se registró en los primeros meses de esta nueva administración.

Ese no es el único dato relevante. Durante 2024, la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó 362%, un incremento tres veces superior a la inflación, que fue del 117%. La Tarjeta Alimentar, por su parte, creció 137,5%. Esos refuerzos fueron claves para que muchos hogares superaran, aunque sea por poco, la línea de pobreza medida por el INDEC.

Ahora bien, si miramos el consumo real, el panorama es otro. Las ventas en supermercados cayeron un 8,3% interanual, en mayoristas un 9,2%, y en autoservicios un 13%, todos en el mismo período. Las prepagas, el transporte y los servicios públicos también tuvieron aumentos muy por encima de los ingresos.

Entonces, aunque el dato del INDEC sea técnicamente cierto, no refleja la realidad de millones de argentinos. Porque se pone dinero en los bolsillos de quienes menos tienen -lo cual es necesario- pero se deja de lado a los que están en el medio. Esa clase media que produce, que paga impuestos, que sostiene al país y que hoy está sola. Como dijo Otto von Bismarck, la política es el arte de lo posible. Yo diría que en nuestro querido país, a veces, es el arte del dibujo.

El campo le dio un respiro al gobierno. El lunes se anunció la eliminación de retenciones para exportaciones agroindustriales hasta el 31 de octubre, o hasta que se alcanzara un tope de USD 7.000 millones en ventas. Ese monto se agotó en apenas tres días, por lo que la medida quedó sin efecto casi de inmediato.

El objetivo era frenar la sangría de dólares, que la semana anterior había superado los 1.000 millones. Y lo logró. Fue una jugada audaz, aunque claramente electoral. Un Plan Platita 2.0, aunque con un enfoque diferente. Esta vez no estuvo dirigido a la clase media, para que compre electrodomésticos o saque créditos personales. Esta vez, benefició a la oligarquía del campo. Y no me refiero a los pequeños productores: hablo de las grandes cerealeras, los verdaderos dueños del poder económico rural, que rápidamente capturaron gran parte del beneficio.

Este beneficio, además, llegó acompañado de gestos del poder internacional. Como fue la reunión con Donald Trump en Estados Unidos y el mensaje de Scott Bessent, secretario del Tesoro del gobierno norteamericano, que expresó su apoyo a la Argentina, Estas reuniones y medidas ayudaron a bajar el riesgo país en más de 500 puntos, y a que los bonos volvieran a subir. Esos movimientos de mercado dieron señales. Pero una señal no es un plan. Y cuando el mensaje económico se resume en frases como "compra, campeón", el futuro se vuelve más improvisado que planificado.

Los mercados -y también la población- esperan reformas reales: una baja sustancial de impuestos, una reforma laboral que genere empleo digno, y un programa económico con presupuesto, que dé certezas a quienes quieren invertir y crecer.

La medida de retenciones cero trajo un costo fiscal directo. Significó que el Estado dejó de recaudar un 0,15% del PBI, es decir, aproximadamente USD 1.000 millones. El mismo gobierno que repite todos los días que "no hay plata" se dio el lujo de resignar esa cifra en solo tres días. Y lo hizo para favorecer a un sector concentrado, no para atender a los sectores vulnerables.

Ese mismo lunes, mediante el Boletín Oficial, se promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que establecía la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026. En principio, parecía que el gobierno empezaba a escuchar los reclamos sociales. Pero la ilusión duró poco: el decreto 681/2025 suspendió su aplicación argumentando que no estaban definidos los fondos para ejecutarla.

El gasto estimado para implementar esa ley era de 0,35% del PBI. Incluía nuevas pensiones no contributivas, la revalorización de prestaciones como Incluir Salud, compensaciones a prestadores, y apoyo a talleres protegidos y centros de día.En resumen: el Estado que no quiso invertir ese monto en inclusión social, sí estuvo dispuesto a perder un 0,15% del PBI en favor de los grandes exportadores en un poco mas de 72hs.

Estamos en manos de un gobierno que se maneja bajo la lógica del vamos viendo, que improvisa y reacciona sobre la marcha, que da más señales y no certezas. Un gobierno sostenido, por ahora, por el apoyo internacional de Estados Unidos, un respaldo que seguramente tiene su letra chica. Porque como dice el dicho popular: Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.

Hay dos clases de políticos: los que se arrodillan ante los poderosos y los que se arrodillan ante el pueblo. Pero nunca al mismo tiempo.

Arturo Jauretche

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