Persona no grata: cuando Francia le recuerda a Mendoza sus propios límites democráticos

El dato es conocido y ya circula en los portales; lo que aún no terminamos de discutir en profundidad es qué nos dice ese gesto sobre nuestra propia democracia provincial, sobre la calidad de la representación que ejercen nuestras autoridades y sobre la comodidad con la que seguimos tolerando discursos racistas cuando vienen "de casa".

La categoría de persona no grata pertenece al lenguaje diplomático. No es una condena penal ni una sanción prevista por el derecho público mendocino; es, en esencia, una forma de decir: con esta persona, en estos términos, no queremos tener más trato oficial. Francia no puede destituir ni sancionar institucionalmente a la vicegobernadora. Sí puede retirar invitaciones, cerrar puertas, marcar distancia. No se trata de censura en sentido jurídico sino de protección de sus propios estándares. Pero ese límite externo, esa reacción de un Estado que decide no convalidar ciertos discursos, deja expuesta una pregunta incómoda: 

¿Qué hacemos nosotros, hacia adentro, cuando una autoridad electa banaliza el racismo?.

La vicegobernadora no es una ciudadana cualquiera opinando en una sobremesa. Es la segunda magistratura de la provincia, la presidenta natural del Senado, la figura que se ubica apenas un escalón por debajo del gobernador en la línea de sucesión. Sus palabras no viajan solas: arrastran consigo la investidura de Mendoza, se leen -nos guste o no- como un pedazo de la voz institucional de la provincia. En tiempos en que el mundo discute racismo estructural, colonialismo, igualdad y diversidad, reducir un seleccionado nacional a "equipo africano flojo de modales" no es simplemente folklore futbolero: es reproducir jerarquías raciales, es señalar quién merece ser considerado plenamente parte de "nosotros" y quién es, en el mejor de los casos, un invitado tolerado.

La defensa habitual ante estos episodios suele apoyarse en la libertad de expresión: "es solo una opinión", "es un chiste", "no hay que exagerar". Pero cuando la expresión viene de una autoridad, la categoría cambia. La libertad de expresión es un derecho humano, sí; lo que no es, es un cheque en blanco para que quienes ocupan cargos de representación usen el poder simbólico del Estado para reforzar prejuicios y estigmas. Las urnas otorgan poder, no licencia para humillar. La legitimidad electoral no convierte en aceptable lo que sería intolerable en cualquier aula, hospital o juzgado. Y cuando una autoridad se refugia en la muletilla del "humor" para justificar un mensaje discriminatorio, lo que degrada no son tanto las reglas del debate, sino la idea misma de responsabilidad democrática.

En otros sistemas políticos, existe una figura clara: el voto de censura contra un gobernante o un ministro. En Mendoza, no llamamos así a nuestras herramientas; pero tenemos mecanismos propios de control. El juicio político es el más conocido, y quizá el más dramático, con sus procedimientos constitucionales, sus mayorías agravadas y su eventual desenlace de remoción. No es el único camino. Antes y después de ese extremo, la democracia se defiende con un conjunto de controles "blandos", menos espectaculares pero igual de decisivos: los controles simbólicos, los parlamentarios y los partidarios.

Los controles simbólicos y sociales son el primer termómetro. Universidades, colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos, movimientos feministas y antirracistas, medios de comunicación: todos tienen capacidad de marcar línea. Un comunicado de repudio, una carta abierta, una posición editorial firme, un pronunciamiento institucional no son gestos decorativos.

Dicen qué acepta y qué rechaza la comunidad política local.

Cuando las instituciones que enseñan, juzgan, investigan o forman opinión eligen callar, el silencio se convierte en una forma de complicidad. No se trata de organizar linchamientos morales; se trata de recordar que el racismo no es un matiz ideológico más, sino una negación de la igualdad que la Constitución proclama.

El Poder Legislativo tiene también herramientas previas al juicio político. Una Legislatura que toma en serio su rol de control puede convocar sesiones especiales, emitir declaraciones de preocupación o repudio, pedir informes, invitar a la autoridad a explicar públicamente sus dichos. No remueven a nadie. Pero fijan estándares, dejan constancia. Dentro de diez o veinte años, cuando alguien revise las actas, podrá saber si el racismo de una autoridad fue normalizado como parte del paisaje o tuvo una respuesta institucional a la altura. Las democracias no sólo se miden por las normas que sancionan, sino por las omisiones que acumulan.

El tercer plano de control es el partidario. Los partidos y las coaliciones no pueden reducirse a maquinarias electorales que se activan cada cuatro años y se desentienden del comportamiento de sus cuadros el resto del tiempo. Si una autoridad se aleja groseramente de valores básicos -respeto, igualdad, no discriminación-, el partido al que pertenece tiene algo que decir. Puede sancionar, apercibir, suspender, pedir la renuncia política aun cuando la renuncia formal al cargo no se produzca. Puede, sobre todo, tomar distancia. Cuando el gobernador, los ministros, los legisladores o los referentes de la alianza hacen de cuenta que no vieron nada, están enviando un mensaje clarísimo: la representación vale más que los principios; el cargo vale más que la dignidad ajena.

En este contexto, el gesto francés se vuelve un catalizador. Un Estado que sostiene que el racismo no es opinión sino delito decide que no va a participar de actos ni reuniones con quien lo practica. Se podría reaccionar con el reflejo fácil del nacionalismo herido: "¿cómo se atreve Francia a juzgar lo que se dice en Mendoza?". Pero la pregunta más honesta no es esa. La pregunta es por qué en Mendoza nos cuesta tanto juzgar lo que se dice desde nuestras propias instituciones. Lo que nos incomoda no es tanto el criterio de París, sino el espejo en el que nos pone frente a nosotros mismos.

Es posible que, como suele ocurrir en la era de las redes, este episodio se agote en unos días de indignación compartida, memes, cruces en programas de televisión y un par de notas de opinión. Si ése fuera el desenlace, habremos perdido una oportunidad valiosa. Podríamos aprovecharlo para discutir en serio racismo, discurso público y responsabilidad institucional. Podríamos preguntarnos qué tipo de liderazgo queremos que encarnen nuestras autoridades, qué cosas son tolerables en la disputa política y qué cosas no deberían admitirse nunca, sin importar quién las diga ni cuántos votos tenga.

Una democracia se mide menos por cómo vota que por cómo corrige a sus representantes cuando traicionan, con sus palabras, la dignidad de quienes dicen representar. Francia ya habló; marcó un límite desde su propio ordenamiento y su propia historia. Ahora le toca a Mendoza decidir si acepta la incomodidad y la convierte en aprendizaje democrático, o si prefiere el cómodo refugio de la indiferencia, ese lugar donde todo se justifica, se minimiza y, al final, nada importa demasiado.