El nuevo reino de Silicon Valley: qué significa realmente el plan de Thiel para la Patagonia
Mientras el Senado discute eliminar los controles sobre el agua y las zonas de frontera, la infraestructura energética de Thiel ya está instalada en Vaca Muerta. El país tiene el mismo antecedente hondureño como advertencia.
Hay una imagen que resume mejor que cualquier estadística el momento que vive el poder tecnológico global: un multimillonario de Silicon Valley trasladando su domicilio a Buenos Aires, no por nostalgia ni por el tango, sino porque ha decidido que un pedazo de la Patagonia argentina puede convertirse en su laboratorio personal.
De inversor a arquitecto de territorios
Peter Thiel no es un empresario cualquiera. Cofundador de PayPal, primer inversor externo de Facebook y fundador de Palantir -la compañía de análisis de datos masivos más influyente del mundo-, Thiel lleva años construyendo una reputación de pensador libertario radical, crítico de la democracia y partidario de "ciudades-Estado" gobernadas al margen de los controles tradicionales. Que ese perfil aterrice justo en la Patagonia, con el respaldo entusiasta del presidente Javier Milei, no es casualidad: es la culminación lógica de una visión que Thiel viene articulando desde hace más de una década.
Peter Thiel lleva años construyendo una reputación de pensador libertario radical.
El mecanismo es tan simple como inquietante en sus implicancias. A través de su fondo Founders Fund, Thiel invierte en tecnología para maximizar la explotación de Vaca Muerta mediante fracking, capturando el gas excedente para generar electricidad barata.
El "proyecto patagónico" ya no es una promesa a futuro: es una operación en marcha. Founders Fund hizo su primera apuesta en esa dirección en 2019, cuando invirtió en la ronda semilla de Crusoe Energy Systems (seed round: primera etapa formal de financiamiento de capital de riesgo que recauda una startup, cuyo objetivo principal es levantar capital para desarrollar un producto mínimo viable y demostrar su potencial de negocio), una compañía estadounidense especializada en instalar centros de cómputo directamente sobre yacimientos de petróleo y gas para aprovechar el gas que normalmente se quema a cielo abierto por falta de infraestructura de transporte. Cuatro años más tarde, en 2023, Crusoe selló una alianza estratégica exclusiva con la firma argentina Unblock Computing para desembarcar en Vaca Muerta con su tecnología de Mitigación Digital de Antorchas (DFM, por sus siglas en inglés): equipos modulares que capturan ese gas excedente en boca de pozo y lo convierten in situ en electricidad para alimentar servidores de computación en la nube.
Fue, de hecho, la primera expansión internacional de esa tecnología, y hoy ya conecta a dos de los mayores operadores petroleros de la cuenca neuquina con la tesis global de infraestructura de inteligencia artificial del fondo de Thiel. En otras palabras: el gas que hasta ayer se desperdiciaba en la quema de antorchas se convierte, pozo por pozo, en la base energética de un negocio de cómputo que no depende de la red eléctrica ni de ninguna autorización adicional del Estado para expandirse. Esa infraestructura ya instalada es, en los hechos, el cimiento sobre el cual se montaría el proyecto de centros de datos de mayor escala en las llanuras patagónicas, aprovechando además el agua y el clima frío de la región para la refrigeración de servidores. El objetivo final: convertir a la Argentina en un laboratorio mundial de inteligencia artificial prácticamente sin restricciones, sin supervisión estatal robusta y sin los controles que sí existen -aunque cada vez más debilitados- en Estados Unidos o Europa.
El Congreso como cómplice necesario
Lo que convierte esta historia en algo más que la excentricidad de un multimillonario es el rol que está jugando el propio Estado argentino. El paquete de desregulación que impulsa el Gobierno nacional -y que el Congreso viene tratando- crearía un marco normativo extraordinariamente favorable para este tipo de emprendimientos a gran escala. No hace falta imaginar una conspiración: basta con leer el articulado. Un gobierno decidido a desregular al máximo, con una relación personal estrecha entre el presidente y el inversor, es la combinación perfecta para que un proyecto de esta magnitud avance sin los debates públicos que debería generar.
Y ahí está el núcleo del problema. No se trata solo de si conviene o no atraer inversión en centros de datos -algo que, en abstracto, cualquier país podría desear-. Se trata de bajo qué condiciones, con qué controles ambientales sobre el fracking en una región ya sensible, con qué garantías sobre el uso del agua y, sobre todo, con qué límites al acceso de una empresa como Palantir a los datos de los ciudadanos argentinos. Porque ese es el otro costado de la historia: Thiel no solo quiere energía y territorio; quiere información. Y un Estado dispuesto a cederla sin condiciones firmes está entregando algo mucho más valioso que hectáreas de estepa patagónica.
La Ley de Tierras: el articulado que faltaba
Si hasta acá el argumento podía sonar especulativo -¿qué "marco normativo favorable" es ese, exactamente?-, alcanza con mirar lo que se discute estos días en el Senado. El proyecto de reforma a la Ley de Tierras Rurales, que ya obtuvo dictamen y que la falta de quórum obligó a postergar hasta agosto, es prácticamente el traje a medida que ese tipo de emprendimientos necesita.
La reforma elimina el tope histórico del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y deroga el límite de mil hectáreas por titular en las zonas más productivas del país. Pero lo más relevante para el caso Thiel es otro punto: el proyecto también suprime la restricción que hoy impide vender a extranjeros terrenos que contengan o linden con grandes cuerpos de agua, y habilita la venta en zonas de seguridad de frontera. Justamente los dos recursos -agua y territorio fronterizo poco poblado- que un proyecto de centros de datos en la Patagonia necesita en abundancia. La correlación no prueba una causalidad directa, pero tampoco es casual: sin ese cambio normativo, buena parte de lo que Thiel proyecta sería, hoy, ilegal.
No es un dato menor que la oposición al proyecto no venga solo de sectores identificados con la izquierda. La propia UCR rechazó la iniciativa por entender que compromete la soberanía nacional y el control sobre fronteras y recursos estratégicos, mientras gobernadores como Axel Kicillof denunciaron presiones indebidas sobre los senadores para forzar su aprobación. Eso sitúa la discusión lejos de la caricatura de "progresismo contra el progreso": lo que está en debate es si un país puede desregular el acceso a su agua dulce y a su territorio fronterizo al mismo tiempo que un inversor extranjero específico necesita exactamente ese tipo de acceso para un proyecto ya anunciado.
Soberanía tecnológica, no nostalgia
Sería un error leer esto como un simple episodio de "colonialismo extractivo" en clave del siglo XIX, aunque el paralelismo tenga su atractivo retórico. Lo que está en juego es distinto y, en algunos sentidos, más difícil de nombrar: la posibilidad de que regiones enteras del planeta se conviertan en zonas de excepción regulatoria diseñadas a medida de quien tenga el capital para financiarlas. La Patagonia no sería la primera ni la última: ya existen antecedentes de ese tipo de enclaves, y el propio Thiel figura entre sus principales financistas.
El caso testigo es Próspera, en la isla hondureña de Roatán: una "ciudad-empresa" fundada en 2017 y financiada por Pronomos Capital, con el propio Thiel y Marc Andreessen entre sus respaldos, que funciona bajo el paraguas de las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) hondureñas. Próspera tiene sus propios tribunales, su propio régimen impositivo -que no se paga al Estado hondureño, sino a la ciudad misma- y hasta su propia policía; sus impulsores la promocionan como un laboratorio de gobernanza privada con criptomonedas, terapias génicas y mejoras cibernéticas de venta libre. Cuando el gobierno de Xiomara Castro derogó la ley de ZEDE en 2022 por considerarla una cesión de soberanía, la empresa de Thiel demandó al Estado hondureño ante el CIADI por 10.700 millones de dólares, una cifra capaz de quebrar las cuentas públicas de todo un país. Es, en muchos sentidos, el mismo guion que hoy se ensaya en la Patagonia: primero el enclave con reglas propias; después, la amenaza legal si el anfitrión se arrepiente.
Otros países han probado variantes menos privatizadas de la misma lógica -Arabia Saudita invirtió cientos de miles de millones de dólares en NEOM, su propia megaciudad tecnológica en el mar Rojo, aunque bajo control estatal y no de un fondo de inversión extranjero-, lo que deja más claro todavía qué hace distinto al modelo que propone Thiel: no es el Estado el que construye su ciudad del futuro, sino un inversor privado el que le pide al Estado que se corra.
La pregunta que Argentina debería estar dándose -y que el debate público apenas roza- no es si Thiel es un visionario o un aprovechado. Es: ¿qué garantías, qué renta, qué control ambiental y qué protección de datos exigirá el Estado argentino a cambio de poner sobre la mesa uno de sus territorios más singulares? Sin esa discusión, lo que hoy se presenta como una oportunidad de desarrollo corre el riesgo de convertirse, dentro de unos años, en un capítulo más de la historia de recursos regalados a cambio de promesas de progreso que nunca terminan de repartirse.
