Nostalgia de un Estado de terror

Comportamiento ilegal e ilegítimo de la vicepresidenta

Por Carlos Almenara (*)

Victoria Villarruel organizó un acto en el Senado de la Nación en el que reivindicó la dictadura de 1976 a 1983. Con la excusa del día internacional de las víctimas de terrorismo, el 27 de agosto, la vicepresidenta reeditó las consignas de aquel gobierno cívico militar incluyendo fraseología tan ridícula como "un trapo rojo ajeno a nuestras costumbres y tradiciones". Aunque parezca extraño, cosas así decían los responsables del genocidio de esos años.

¿Qué papel desempeña la vicepresidenta dentro de la República?

Villarruel prometió reabrir causas por asesinatos de ERP y Montoneros. ¿Cómo lo haría si no es jueza? Aunque fuera jueza, esos delitos están prescriptos, y es muy probable que varios de sus responsables hayan sido asesinados, secuestrados o torturados por la dictadura sin ninguna instancia judicial. También es muy probable, en algunos casos bastante evidente cuando se profundiza, que crímenes que se imputan a esas organizaciones no sean su responsabilidad. Precisamente lo que ella dice querer hacer ahora es lo que debió hacer el gobierno de entonces (que ella reivindica), juicios. En su lugar aplicó un plan genocida.

Faltó la Triple A

Si el análisis se lleva al período previo al golpe de estado de 1976, es revelador que la vicepresidenta oculte la principal organización criminal de ese tiempo y germen de los posteriores "grupos de tareas", la Triple A; con lo que Villarruel revela su afán de perseguir por razones políticas con todos los recursos que pueda. Manejando instituciones estatales y reivindicando la dictadura no podríamos estar en peores manos.

La condena debe ser categórica  

Quien quiera afirmar su compromiso democrático y republicano solo tiene una conducta para seguir en un caso como este: el repudio más inequívoco. El diputado Eduardo Valdés ha afirmado, con razón, que la conducta de la vicepresidenta debería ser motivo de juicio político. La confusión intencional que pretenden generar desde siempre los defensores de los genocidas, entre los que se encuentra Villarruel, requiere que aclaremos conceptos que ellos ocultan o manipulan:

• La dictadura fue un gobierno ilegal, de facto basado en la fuerza. Ninguno de sus actos fue legítimo. El autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" tuvo como meta aplicar un plan de saqueo económico, concentración de ingresos y destrucción de la industria argentina. Alineó al país con Estados Unidos. Convocó el apoyo de ciertos grupos empresariales y mediáticos (Clarín entre otros). Aún pagamos las consecuencias trágicas de ese cambio de modelo económico.

• Los jefes de ese gobierno de fuerza lideraron un plan sistemático de secuestros, torturas, vejaciones, violaciones, robo de niños, asesinatos, censura, que "justificaron" porque, como dice la vicepresidenta actual, impedirían "que flamee un trapo rojo". Aunque en ningún caso la alegación de un supuesto fin validaría la comisión de delitos, en el caso de la dictadura, su andar demostró su avidez de rapiña: robos a los secuestrados, robos de empresas, saqueo de sindicatos, enriquecieron las alforjas de los dictadores y conformaron una estructura económica de raigambre mafiosa que padecemos hasta hoy.

• El único terrorismo desde 1976 a 1983 fue el terrorismo de estado aplicado por un gobierno ilegal contra la población civil. En ese tránsito se envileció, pudriéndolas desde la cabeza, las Fuerzas Armadas y las policías.

• Los crímenes civiles tienen en nuestra república un plexo legal que contempla su punición. Nada de esto se aplicó a los casos que señala Villarruel, sino, como dijimos, un plan genocida. Ese marco legal prevé la prescripción.

• Muy distinta es la criminalidad sistemática y planificada aplicada desde el Estado. Haga el lector el ejercicio empático de pensar en una situación en que lo persigan por una acusación falsa. Cualquier comisaría, cualquier escuela, cualquier hospital, cualquier fábrica, cualquier registro público, derivará en que lo lleven al carcelero. El carcelero es un sádico torturador que tomó el poder por la fuerza. Usar el Estado para la comisión de la tortura más pavorosa en comisarías, para violar mujeres en edificios públicos o cuevas financiadas por el gobierno, para robar bebés, para tirar personas vivas desde aviones estatales constituye una afrenta, un delito, contra la Humanidad. Por ello a nivel mundial estos actos se consideran imprescriptibles.

• A pesar de que hayan pasado muchos años, cada juicio contra los genocidas arroja luz sobre hechos desconocidos, aunque los responsables mantengan su pacto de silencio.

La ultraderecha que tomó el poder en Argentina es enemiga de los Derechos Humanos, pero estos constituyen una causa trascendente por la que el mundo brega hace siglos y que no será trastocada por un hato de mediocres que ocupan la Casa Rosada, por crueles y groseros que sean.

(*) El autor es copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Mendoza