La soberanía no es un bien colectivo

El 29 de septiembre, los jueces Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz produjeron algo más grave que la convalidación de un decreto: dejaron establecido que la soberanía argentina no tiene quién la defienda ante los tribunales. La Corte no dictaminó si es constitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, aquel que derogó la Ley de Tierras Rurales. Hizo algo más elegante y más grave: revocó la cautelar que la mantenía vigente con un doble argumento. Que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que sostiene la causa desde enero de 2024, carecía de legitimación. Y que la soberanía territorial, que el propio fallo reconoce como "uno de los elementos constitutivos del Estado", no puede considerarse un "bien colectivo" protegible por el amparo del artículo 43 de la Constitución. Conclusión práctica e inmediata, según los propios excombatientes y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez: cualquier persona física o jurídica, o cualquier Estado extranjero, puede comprar tierra rural en todo el territorio, incluidas las zonas de frontera, sin límite alguno. No hubo debate de fondo. Hubo un portazo a quienes pedían discutir el fondo, y la puerta de la extranjerización quedó abierta. Los veteranos lo resumieron con una amargura que ningún editorial va a mejorar: podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un tribunal.

Tú sí puedes comprar mi viento, tú sí puedes comprar mi sol, tú sí puedes comprar la lluvia.

Escribieron.

Karl Polanyi advertía hace ochenta años que la tierra es una mercancía ficticia: nadie la produjo para venderla; es condición de la vida, no resultado de ella, y fingir que es un commodity como cualquier otro produce desastre. El fallo llevó ese fingimiento a la cima: no solo la tierra pasa a ser mercancía; la soberanía, el marco que hace posibles todas las demás cosas, deja de ser un bien compartido. La Corte, que existe para custodiar la Constitución, dictaminó en los hechos que hay partes de la Constitución que nadie puede defender. Tampoco se trata de un arrebato: es método.

El mismo artículo derogatorio fue suspendido por una cautelar de feria, luego levantada, luego repuesto por la Cámara Federal de La Plata, que declaró su inconstitucionalidad.

En paralelo, el gobierno ensayó la vía legislativa: un capítulo de "inviolabilidad de la propiedad privada" que el propio Congreso retiró tras la movilización del 6 de agosto, cuando miles gritaron que las Malvinas son argentinas.

Tercera vía: el tribunal

Cuando un proyecto necesita tres ataques alternativos es porque encuentra resistencia; cuando un gobierno insiste con algo que las calles y el Congreso le quitaron, es porque ese algo vale mucho. Y lo que vale se nombra solo: litio, cobre, gas, agua, suelo fértil.

La desposesión es siempre una confesión de riqueza. La paradoja es cruel: la balanza energética que pasó de un déficit de 4.500 millones de dólares a un superávit récord en tres años (lo único que hoy sostiene la cuenta externa del país) se genera precisamente sobre el territorio que acaba de quedar a disposición del comprador extranjero.

La venta, además, no ocurre sobre un país en paz, sino sobre uno recién desplumado. Por cada 100 pesos de valor agregado del sector privado, 36,5 van a los salarios y 48,1 a las ganancias empresarias. La informalidad roza el 43% y trepa al 58,5% entre los menores de 29 años. Más de un millón de personas reparten comida por aplicaciones, con jornadas que superan las doce horas y un algoritmo que ya reemplazó al historial crediticio, por ingresos que no llegan a la línea de pobreza. Y el rasgo más contundente: la pobreza argentina es hoy, mayoritariamente, pobreza de gente que trabaja.

El 59% de las personas pobres en edad de trabajar está ocupada, y trabaja más horas que quienes no son pobres. Y sobre ese país desplumado avanza la otra frontera, la que no se ve: el archivo. Mientras Alemania, Dinamarca, Francia y Suiza prescinden de los softwares de Palantir (los europeos las llaman por su nombre: soberanía digital), la Argentina hace el camino inverso: contratos con el Estado que vienen de gestiones anteriores, radicación formal de la empresa en 2025 y la foto oficial del ministro de Economía sonriendo junto a Peter Thiel, fundador de la compañía y uno de los ideólogos más explícitos del proyecto: un mundo donde los Estados importan poco y el capital circula sin fricción.

Si la soberanía no es un bien colectivo, tampoco lo son los datos de la población: el suelo, el agua y el archivo de nuestras vidas quedan igual de disponibles. Que una parte de esa misma sociedad defienda el modelo que la empobrece no es un misterio de laboratorio: el sentido común es el sedimento de las derrotas históricas, y el meritismo su teodicea. Si el éxito es moral, la caída es justa, y lo justo no duele como injusticia.

Hannah Arendt mostró además que las masas no se movilizan por ideología sino por soledad, por atomización, por pérdida de mundo común: un pueblo gestionado por plataformas está más solo, y quien está solo acepta relatos a cambio de pertenencia. La respuesta no es el desprecio; es mundo común.

¿Y la sensación de que nada de esto puede revertirse?

Es, exactamente, el producto que el dispositivo necesita: la convicción de que no hay alternativa es la última defensa de lo que hay. Pero ningún invierno fue eterno. La última dictadura se creyó definitiva y cayó a los siete años, derrotada.

El 2001 pareció el final del país, y de ese vacío emergió una rearticulación que nadie predijo. Rusia soportó setenta años. El PRI mexicano gobernó setenta, hasta que la sociedad produjo una alternancia cuyo desenlace sigue en disputa. Nada de eso garantiza nada; todo descalifica la palabra "inevitable". Los hombres hacen su historia, escribió Marx, aunque no en circunstancias elegidas: determinación y agencia, las dos verdades a la vez. Gramsci lo condensó mejor que nadie: pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad.

¿Qué hacer mientras tanto?

Nada místico y nada abstracto. Leer las ocho páginas: el fallo, el DNU, la ley derogada; en tiempos de drama administrado, la precisión es la primera resistencia.

Exigir la llave que sigue viva: el Senado ya rechazó el DNU en marzo de 2024, y basta que la Cámara de Diputados haga lo propio para anularlo. La sesión que se posterga no es trámite, es la última herramienta legal.

Organizarse donde uno está parado: el gremio, la facultad, el hospital, el barrio, la cooperativa. La soberanía también se ejerce en pequeño y todos los días, y también se defiende en la pantalla: saber dónde viven nuestros datos es la higiene cívica de este siglo. Y sostener la alegría como método, no como evasión, como el maestro de esa vieja anécdota que suele contar Alejandro Dolina: en pleno bombardeo, ordena lustrar los zapatos.

No es conformismo; es la afirmación de que hay un mañana, y de que ese mañana nos toca organizar. La mejor manera de distribuir la riqueza es generarla distribuida; la mejor manera de defender la soberanía es ejercerla.

Borges cerró su relato sobre la invasión del mundo por una enciclopedia ficticia (suena lejano, no lo es) con la única ética posible: "Yo no hago caso y sigo corrigiendo". Ese es el trabajo de ahora: seguir corrigiendo el país, página por página.

Empezando por las ocho que nos vendieron.

Sobre el Autor de la nota: Luis Coita Civit

• Nacido en Mendoza, Argentina el 23 de Enero de 1987. Hijo de Miguel y Liana.
• Ingeniero Agrónomo, Enólogo.
• Propietario del Proyecto Familiar Diógenes Wines.
• En Argentina trabajó en Grupo Peñaflor a cargo de I+D, Responsable de Viñedos en Cheval des Andes, Responsable de Producción en Riccitelli Wines, Enólogo y Agrónomo en Durigutti entre otros proyectos nacionales.
• En el exterior trabajó en Villa Maria Estate en Nueva Zelanda y en Chateau Cheval Blanc en Bordeaux entre otras empresas.
• Actualmente se desempeña como enólogo en el proyecto familiar Bodega La Macarena en La Rioja.

El vino como expresión artística, fusiona en cada gota la precisión técnica y el desenfreno creativo. Como Apolo y Dioniso, es la perfecta sinfonía entre la rigurosidad y la pasión desbordante.