Cada vez queda más mes al final del sueldo

Una familia mendocina que cobra dos salarios mínimos destina hoy más del 40% de su ingreso al pago de servicios regulados (luz, gas, agua, transporte, internet) antes de poder elegir cómo vivir. No es un número. Es una decisión política que, además, está asfixiando el comercio local.

Por Guillermo Carmona | @guillermo.carmona.c

El fenómeno que invisibiliza la crisis

Hace años que los mendocinos escuchan el mismo mantra: "Hay que ajustarse", "La inflación está en todo", "No hay plata". Pero hay un fenómeno concreto, medible y evitable que nadie en el gobierno se atreve a nombrar: el salario disponible se desmorona.

No hablamos de una abstracción económica. Hablamos de lo que queda en el bolsillo de una familia después de pagar la luz, el gas, el agua, el transporte y el internet. Servicios que no son lujos. Son obligaciones.

Los datos oficiales visibiiizan una situación alarmante. En 2022, una familia trabajadora de cuatro integrantes -dos adultos percibiendo el Salario Mínimo Vital y Móvil, dos hijos en edad escolar- destinaba más del 23% de su ingreso a estos servicios regulados. Hoy, en 2025, ese porcentaje supera el 40%. Casi el doble en tres años.

Eso significa que antes de elegir qué comer, cómo vestirse, o si puede llevar a su hijo al cine, una familia ya perdió 42 centavos de cada peso que cobra.

¿Quién gana mientras el "salario disponible" se achica?

Las tarifas no suben solas. No es destino, no es la naturaleza ni el mercado. Es una decisión política.

Cada aumento de la luz, cada aumento del gas, cada aumento del transporte, cada aumento del agua... beneficia a empresas y servicios específicos. Y mientras eso ocurre, el Gobierno, Nacional y Provincial - a través de sus decisiones sobre regulación y fijación de tarifas - elige a quién protege.

Los datos están disponibles. El transporte urbano en el Área Metropolitana de Mendoza pasó de costar $60 en 2022 a $1.400 hoy. Eso es un aumento del 1.900%. Y el impacto es mucho más alto a medida que nos alejamos de la capital provincial ¿Y cuánto aumentó el salario mínimo en el mismo período? Mucho menos. Infinitamente menos.

Mientras tanto, un puñado de empresarios (que nunca perdieron), los mismos que manejan el transporte, la electricidad, el gas, siguen ganando cada vez más. Y esa ganancia sale directamente del bolsillo de trabajadores y jubilados que no tienen opción de elegir: necesitan luz, necesitan gas, necesitan transporte.

El comercio local está cerrando. Y la política tiene parte de responsabilidad.

Los pequeños y medianos comerciantes de Mendoza saben lo que está pasando. Ven caer las ventas. No es por falta de clientes. Es porque sus clientes no tienen dinero para gastar con ellos.

Cuando una familia destina 42 de cada 100 pesos a servicios regulados, solo le restan 58 pesos para todo lo demás: comida, ropa, medicina, educación, entretenimiento. Y en esa cruda ecuación, el almacén del barrio, la zapatería, la verdulería, el comercio electrónico local, la gastronomía... todo se achica.

No es una coincidencia que el comercio minorista esté en crisis mientras los servicios regulados suben sin control. Es el efecto directo de una decisión política: priorizar los ingresos de un puñado de empresas sobre la capacidad de consumo de la mayoría.

Mendoza enfrenta un riesgo mayor: la derogación de la Ley de Zona Fría

Como si esto fuera poco, existe una amenaza inmediata. La Ley de Zona Fría, que establece un descuento en las tarifas de gas para miles de hogares mendocinos, peligra, con el apoyo de legisladores mendocinos alineados con el gobierno (nacional y provincial).

Si se deroga, las familias mendocinas que ya pierden el 42% de su salario con el aumento del costo de los servicios, perderían ese descuento. Para muchos jubilados, trabajadores con ingresos fijos y pequeños comerciantes, sería el golpe final.

No estamos hablando de un debate abstracto sobre tarifas. Estamos hablando de decidir si los mendocinos pueden comer, calefaccionarse en invierno, y si el comercio local tiene futuro.

Una pregunta para quienes gobiernan

¿Cuánto aumentó su sueldo en el último año si trabaja en el sector público o privado? ¿20%? ¿30%? ¿50%?

Compare ese número con los aumentos de la luz, el gas, el transporte. La brecha es obscena.

El Gobierno eligió a quién proteger. Y no fue al trabajador. No fue al jubilado. No fue al pequeño comerciante.

Esto no es natural, mucho menos inevitable

Hay fórmulas para compatibilizar la sustentabilidad de las tarifas con la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos. Graduabilidad. Segmentación por capacidad de pago. Coordinación entre aumentos tarifarios e incrementos salariales.

No se trata de subsidiar indefinidamente. Se trata de reconocer una realidad: cuando el Estado decide que las tarifas suban más que los salarios, el Estado decide empobrecer.

Y cuando eso ocurre, no solo sufren las familias. Sufre el comercio. Sufre el empleo. Sufre la economía local entera.

Mendoza merece un Gobierno que proteja a su gente. No uno que proteja los negocios de sus amigos.

Eso requiere decisiones políticas diferentes:

• Coordinación entre aumentos de tarifas e incrementos salariales, con topes estrictos que tomen como referencia el aumento salarial e inflacionario para la determinación de los aumentos de las tarifas.
• Protección reforzada de la Ley de Zona Fría.
• Segmentación tarifaria por capacidad de pago.
• Transparencia en los criterios de regulación y fijación de precios.

No es imposible. Es una elección política.

La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente:

¿Quién elige el próximo Gobierno? ¿Los empresarios de servicios, o los mendocinos?