Cuando un juez se vuelve blanco: de Estados Unidos a América Latina, la amenaza a la independencia judicial

La escena ya no sorprende, y esa es precisamente la alarma. Un juez dicta una resolución contraria a los intereses de un líder poderoso, y poco después empieza el hostigamiento: insultos, campañas de desprestigio, amenazas personales, vigilancia sobre su entorno. En Estados Unidos, el caso del juez federal John McConnell volvió a poner sobre la mesa una verdad incómoda: cuando la polarización política se desborda, la toga deja de ser un símbolo de autoridad para convertirse en un blanco.

Pero sería un error pensar que ese fenómeno pertenece solo al clima estadounidense. En América Latina, la fragilidad es más profunda y, muchas veces, más peligrosa. La presión sobre jueces y fiscales no se limita a la crítica dura o al escrutinio público: incluye campañas de criminalización, acusaciones penales por el contenido de sentencias, procesos disciplinarios orientados a castigar decisiones jurisdiccionales, hostigamiento en redes y, en no pocos casos, amenazas físicas contra magistrados y sus familias. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que estas represalias van desde la desacreditación pública hasta la violencia y la muerte.

Esa descripción no es abstracta. En Ecuador, por ejemplo, se documentaron pedidos de protección de jueces por amenazas e intimidaciones, y también el asesinato de un fiscal vinculado a una investigación sensible. En México, Chile, Colombia y otros países de la región, los operadores judiciales han debido solicitar custodia, reubicación o medidas de resguardo por el avance del crimen organizado o por presiones vinculadas a causas políticamente sensibles.

La región, en rigor, convive con dos fuentes de amenaza que a veces se superponen. Una es la política: el intento de desacreditar al juez que no falla como se espera, de presentarlo como enemigo, parcial o conspirativo. La otra es la criminal: el mensaje explícito de bandas y redes ilícitas que buscan torcer investigaciones, frenar condenas o sembrar miedo. La segunda tiene una dimensión más visible y brutal; la primera, más sutil, es igual de corrosiva porque va minando la legitimidad del Poder Judicial desde adentro.

Argentina no está al margen de ese cuadro. No vive, por ahora, el mismo nivel de letalidad que algunos países de Centroamérica o de zonas dominadas por el crimen organizado; pero tampoco puede presentarse como una excepción virtuosa. La Oficina del Alto Comisionado incluyó a Argentina entre los países donde se observan situaciones de amenazas y presión sobre operadores judiciales. Y en informes recientes también se advirtió sobre campañas de desprestigio, acoso en redes, hostigamiento y otras formas de agresión contra jueces por sus decisiones.

El problema argentino tiene, además, una peculiaridad institucional: las presiones no siempre provienen del delito organizado, sino también del sistema político y del clima público. La discusión sobre la independencia judicial suele activarse cuando una sentencia irrita al poder de turno o cuando un juez entra en una causa de alta sensibilidad mediática. Allí aparecen los pedidos de juicio político, las acusaciones de parcialidad, las imputaciones morales y la lógica del enemigo. No hace falta que haya una amenaza anónima por escrito para que exista intimidación; basta con instalar la idea de que fallar conforme a derecho puede tener costo personal o profesional.

La respuesta institucional, en esos casos, suele ser tardía y fragmentaria. A veces llega en forma de repudio público. Otras, como refuerzo de custodia. En 2025, por ejemplo, hubo pronunciamientos judiciales y pedidos de protección en causas de fuerte repercusión política. La propia ONU manifestó preocupación por lo que describió como un patrón de hostigamiento y castigo hacia jueces en represalia por su labor, con denuncias de campañas de desprestigio y amenazas contra magistrados argentinos.

Hay aquí una paradoja central: cuanto más expuesto está el juez, más necesaria se vuelve su independencia; pero cuanto más polarizada está la vida pública, más difícil resulta preservar esa independencia sin que se confunda con impunidad, alineamiento o militancia. Esa tensión no puede resolverse con discursos solemnes. Se resuelve con reglas, con protección física, con una carrera judicial estable, con garantías de inamovilidad, con disciplina institucional y con una cultura política que acepte que los fallos no se aplauden ni se castigan: se cumplen o se impugnan por las vías legales.

Por eso el caso estadounidense importa también aquí. No porque Argentina sea igual a Estados Unidos, sino porque enseña algo más básico: cuando un sistema político normaliza el castigo al juez por el contenido de sus decisiones, la democracia se empobrece. Y cuando además ese castigo se cruza con violencia o amenaza real, la garantía de independencia judicial deja de ser una cláusula elegante y se convierte en una condición de supervivencia institucional.

La conclusión es incómoda, pero necesaria. El problema no es solo que un juez sea hostigado. El inconveniente es que una sociedad se acostumbre a ver ese hostigamiento como parte del paisaje. Cuando eso ocurre, ya no está en peligro la comodidad de los magistrados: está en riesgo el derecho de todos a que la ley valga más que la presión, el miedo o la revancha.