Guaymallén: cuando el colapso deja de ser metáfora
De Villanueva a Corralitos, los problemas sanitarios y urbanos en Guaymallén se multiplican. Denuncias por cloacas colapsadas, calles comprometidas y demoras administrativas conviven con una creciente sensación de abandono y desigualdad.
Cloacas desbordadas, socavones y burocracia paralizante: un departamento que expone sus fallas estructurales mientras los vecinos acumulan años de espera.
No es la franja de Gaza. Es Guaymallén. Y sin embargo, en distintos puntos del departamento, la escena urbana empieza a parecerse más a una emergencia permanente que a una gestión municipal en funcionamiento.
Desde Villa nueva hasta Corralitos, vecinos denuncian cloacas desbordadas, líquidos servidos circulando por la vía pública y olores que no dan tregua. En sectores productivos de Corralitos, incluso, se advierte una situación aún más grave: el uso de aguas contaminadas para riego, con el consiguiente riesgo sanitario que esto implica para toda la provincia.
Infraestructura al límite
Uno de los puntos más delicados se encuentra en las inmediaciones del Mendoza Plaza Shopping, específicamente sobre calle Rosario. Allí, debajo del túnel que en su momento fue construido para ampliar la superficie comercial -es decir, ganar metros cubiertos y habilitar más locales con alquileres elevados- hoy aparece un socavón de importancia.
La intervención, pensada originalmente para potenciar el desarrollo comercial, hoy plantea interrogantes estructurales. Lo que en otro contexto fue expansión, hoy podría estar evidenciando las consecuencias de años de filtraciones o fallas de mantenimiento.
El escenario encuentra un inquietante paralelo con el caso del complejo habitacional en Buenos Aires, donde durante años vecinos advirtieron problemas estructurales vinculados a construcciones realizadas sobre espacios no aptos -como jardines o áreas intervenidas sobre estacionamientos- hasta que finalmente se produjo un colapso parcial que expuso la fragilidad de esas decisiones.
En ese sentido, lo que hoy se observa en Guaymallén podría ser leído como un preludio, un anticipo de una situación mayor. El riesgo no es abstracto: compromete potencialmente a trabajadores del centro comercial, clientes y a toda la circulación diaria en la zona.
La falta de intervención profunda y de información clara no hace más que agravar la preocupación. Porque cuando la estructura empieza a ceder, el tiempo deja de ser un aliado.
La zona está apenas vallada. No hay información clara, no hay obra visible de fondo, y lo que predomina es la incertidumbre: ¿es una filtración reciente o una degradación estructural de años?
A esto se suman:
Calle Rosario: socavones que generan preocupación estructural en la pasarela del Shopping.
Calle Lincoln: cortes vinculados a intervenciones de Aguas Mendocinas.
López de Gomara (entre Yatay y Bandera de los Andes): cloacas directamente expulsando líquidos hacia la superficie.El cuadro no es aislado. Es sistémico.
Burocracia y desigualdad
Mientras la infraestructura colapsa, los vecinos enfrentan otro problema: la imposibilidad de avanzar con trámites básicos.
En Guaymallén -según relatan- obtener autorizaciones, habilitaciones o servicios puede transformarse en un proceso interminable. Hay casos de personas que aseguran esperar medidores eléctricos desde 2018.
El resultado es previsible: ante la falta de respuestas, algunos terminan recurriendo a conexiones informales, con el riesgo que eso implica. Una consecuencia indirecta de un sistema que, lejos de ordenar, empuja hacia la irregularidad.
En paralelo, se cuestiona lo que algunos consideran un trato desigual en el desarrollo urbano: mientras ciertos emprendimientos habrían recibido habilitaciones masivas en el pasado, otros vecinos no logran avanzar ni siquiera con gestiones básicas.
Después de la tragedia
El nombre del constructor conocido como "Paco" aparece en múltiples relatos vecinales, vinculado a desarrollos habitacionales de gran escala en el departamento. Tras la tragedia del niño que cayó en un pozo -hecho que marcó un punto de inflexión-, la discusión sobre los controles y las responsabilidades volvió al centro de la escena.
La pregunta sigue abierta: ¿cómo se habilitaron determinadas obras y por qué otros proyectos quedan paralizados?
Un problema más profundo
Las denuncias no se limitan a lo urbano. También aparecen acusaciones sobre:
Robo de materiales y automotores del municipio , como ya este medio lo publicó.
Irregularidades en el uso de vehículos municipales
Falta de controles efectivos
Sin embargo, más allá de las acusaciones -que requieren investigación y comprobación formal- lo visible es otra cosa: calles deterioradas, servicios colapsados y vecinos sin respuestas.
Gestión bajo cuestionamiento
La administración del intendente Marcos Calvente queda en el centro de las críticas. Para muchos vecinos, la gestión no logra -o no prioriza- resolver los problemas estructurales más urgentes.
Mientras tanto, el déficit habitacional crece, las trabas administrativas persisten y la infraestructura muestra signos evidentes de desgaste.
Guaymallén no colapsa de un día para el otro. Lo hace lentamente. En cada caño que revienta, en cada trámite que no avanza, en cada obra que no se controla o no se ejecuta.
El problema no es solo técnico. Es político, administrativo y, sobre todo, humano.
Responsabilidad de Aysam: tarifas en alza, servicio en crisis
A la situación descripta se suma un punto central: la responsabilidad de Aysam en la prestación del servicio. Mientras las tarifas han registrado aumentos sostenidos, los vecinos denuncian que la calidad no solo no mejora, sino que en muchos casos empeora por la falta de inversión.
Cloacas desbordadas, pérdidas persistentes y falta de mantenimiento adecuado no solo configuran un servicio deficiente, sino que en determinados sectores se vuelven directamente peligrosos para la salud pública. La exposición a líquidos contaminados, sumada a la ausencia de respuestas rápidas, agrava un escenario que ya es crítico.
La ecuación resulta difícil de justificar: mayor costo para el usuario, con menor eficiencia y mayores riesgos. Un desequilibrio que profundiza el malestar social y deja en evidencia fallas estructurales en la gestión del saneamiento.
Porque cuando el Estado no llega, lo que queda no es el orden: es la improvisación. Y en ese terreno, siempre pierden los mismos.






