Exigimos seguridad para la vida y bienes de pobladores originarios

El 9 de diciembre denunciamos ante la opinión pública que la proliferación de desalojos a comunidades mapuche del Sur provincial constituye una continuidad del genocidio indígena y de la filosofía criminal de lo que se llamó "conquista del desierto". Entendemos que hay personas que desconocen la historia de masacre, robo, desplazamientos forzados, campos de concentración y esclavización de los pueblos originarios, a ellos ofrecemos documentación y estudios académicos para corroborar este punto.

Por APDH Regional Mendoza

Una de las actuales ofensivas está destinada a sacar de los territorios cordilleranos del sur provincial a las familias que los ocupan ancestralmente, y que transmiten prácticas, animales, costumbres, identidades a través de sucesivas generaciones.

En sintonía con la ideología clasista, racista, saqueadora, que impera en el gobierno nacional y provincial, las familias mapuche sólo encuentran hostilidad de funcionarios, políticos, medios hegemónicos y jueces. Les niegan, incluso, sus derechos incorporados a la Constitución Nacional en 1994.

Conscientes de la injusticia y del despojo a que son sometidos, las familias originarias apuestan al acatamiento de las mandas judiciales abusivas con la finalidad de no provocar enfrentamientos violentos. Aún así son sometidos a ultrajes.

Nos interesa advertir sobre la situación del LOF YANTEN FLORIDO, una comunidad de siete familias. Los sucesores de Pantaleón Martínez, entre ellos el LONKO José Luis Martínez, fueron desalojados de sus ancestrales campos de pastoreo de "Los Parlamentos". Respetuoso de la orden judicial, Martínez pidió un plazo para retirar sus cosas, petición aceptada por la jueza, que, sin embargo no puede cumplir porque un grupo de personas enviadas por el terrateniente Francisco Greco le obstruyen la tarea. Incluso han tomado posesión de la vivienda y pertenencias de Martínez, lo que constituye un robo adicional.

Las personas enviadas por el terrateniente se presentaron diciendo que iban a alambrar pero no lo han hecho y hay indicios que están armados.

Instamos a las autoridades políticas de los distintos niveles de gobierno y a los funcionarios judiciales a evitar patotas violentas que atenten contra la gente que pobló desde siempre las regiones más distantes.

Por supuesto, no podemos dejar de vincular estos hechos con el impulso que se da a la megaminería en la provincia. Quieren expulsar a los habitantes para quedarse con su tierra. En el camino, sacrificar territorio y población. Pero no se lo haremos fácil.

Hacemos responsable a Francisco Greco, a sus patotas, al gobierno provincial y a los jueces intervinientes de cualquier situación de violencia que pudiere presentarse en este caso.