El rol de los legisladores en la República

El voto de los legisladores

Si se piensa la representación como mandato de los votantes, los diputados y senadores de Unión por la Patria, que representan el 37% de los electores, deben rechazar las propuestas neoliberales de Milei, que sólo deberían tener respaldo de los parlamentarios del 30% oficialista obtenido en primera vuelta.

Por Carlos Almenara

Los medios de comunicación que le resultan favorables, y que lo hicieron conocido a la opinión pública, remarcan el contundente 56% obtenido por Javier Milei en el balotaje. Fundan en ese guarismo la legitimidad obtenida en su revolucionario programa de cambios para el país. No es así, la composición legislativa es resultante de la primera vuelta electoral del 22 de octubre.

Fascinados por reformas que prometen la concentración del ingreso y la posibilidad de convertir su riqueza en "verdes", la oligarquía argentina expresa sus anhelos en los medios hegemónicos. Así, no habría que "poner piedras" u obstáculos a un gobierno con un apoyo del 56%. Es una falacia múltiple.

Por un lado, la tarea de los legisladores y su fuente de legitimidad se expresa en los resultados electorales del 22 de octubre, y ellos muestran lo siguiente:

- Unión por la Patria 37%

- La Libertad Avanza 30%

- Juntos por el Cambio 24%

- Hacemos por Nuestro País 7%

- FIT 3%

El redondeo hace que la suma dé 101%.

Esa es la voluntad electoral reflejada en el Congreso de la Nación. Los diputados y senadores de cada fuerza política tienen su programa al cual responder.

Se refleja en esta cuestión una de las discusiones centrales de la representación. Los legisladores ¿deben votar según el mandato recibido?, ¿o según sus convicciones?

Señalemos la inaccesibilidad de las convicciones personales de los diputados por parte de nosotros, los terceros. En muchas ocasiones se ha sospechado de ellas. ¿Son convicciones o son negociaciones? Y, de ser así ¿en qué consisten esas negociaciones? Desde apoyos a cambio de fondos para sus provincias hasta lisos y llanos sobornos, no son ninguna novedad para el Congreso argentino.

La Constitución Nacional toma partido en este dilema:

Art. 22.- El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución...

El precepto tiene que ver con el constitucionalismo liberal que se impuso en el Siglo XIX y que ha sido ampliado por reformas posteriores, por legislación y por usos sociales.

Las formas de democracia participativa, el retorno a la concepción del pueblo gobernándose a sí mismo, en la tradición democrática clásica y rousseauniana son reconocidos en todos los países como un antídoto a la crisis de la representación. 

Una prueba constatable de tal crisis se encuentra en los cánticos "que se vayan todos" que se escucharon en los actos de Javier Milei.

Por otro lado, resulta inquietante para cualquier analista honesto cómo los grupos de poder que a los gobiernos surgidos del campo popular impiden cualquier transformación a nombre de la independencia de poderes, el respeto a la voluntad de los parlamentarios o la intangibilidad de los jueces, a los gobiernos neoliberales los incitan a una democracia bonapartista que no debe detenerse ante ninguna regla.

El devenir de la Corte Suprema es demostración evidente de lo anterior. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el poder real y el macrismo sostuvieron al ministro Carlos Fayt con casi 100 años e imposibilidad de entender lo que le hacían firmar con tal de no generar la vacante. Macri, en cambio, nombró dos jueces de la Corte por decreto con su total beneplácito y sólo lo emprolijó cuando Pichetto le aseguró el apoyo senatorial.

La responsabilidad de la gobernabilidad es del oficialismo, no de las fuerzas opositoras. La presión en contrario podría catalogarse sin exageración como sedición. Sobre todo cuando la realizan desde los medios hegemónicos.

Es decir, hace al republicanismo y a la democracia que los diputados electos para ser opositores lo sean.

La idea de que las "reformas" que ha esbozado Milei fueron plebiscitadas es falsa y contraria al propio sentido de la democracia liberal y a la república. A la inversa, el respeto de la soberanía popular, en tanto nuestras instituciones actuales, radica en que quienes fueron elegidos como opositores respeten el mandato recibido.