Cuando el poder rebautiza la memoria

En Washington, la administración de Donald Trump intentó añadir el nombre presidencial al Kennedy Center, un monumento cultural creado por ley federal para honrar a John F. Kennedy. La justicia federal fue terminante: la junta directiva no podía hacerlo por decisión propia. "El Congreso le dio su nombre al Kennedy Center, y sólo el Congreso puede cambiarlo", sostuvo el juez Christopher Cooper al ordenar el retiro de toda referencia oficial a Trump de la fachada y de los materiales institucionales.

Poco después, otra jueza de Washington desestimó la demanda iniciada contra el músico de jazz Chuck Redd, quien había cancelado un concierto en rechazo a la intervención política del centro. La resolución aplicó la legislación anti-SLAPP, destinada a impedir demandas que procuren intimidar o silenciar la participación ciudadana en asuntos de interés público. El Kennedy Center deberá pagarle USD 252.479,70 en honorarios y costas.

El episodio importa más allá de sus protagonistas. No se discutía solamente una marquesina ni el compromiso de un artista. Se discutía si una institución pública puede ser convertida en una extensión de la vanidad del gobierno de turno y, además, usar los tribunales para castigar a quien se resiste a esa operación. La respuesta judicial fue saludable: el patrimonio público no pertenece a la autoridad circunstancial que lo administra.

En la Argentina, el ex Centro Cultural Kirchner fue rebautizado como Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. El Gobierno nacional no se limitó a cambiar cartelería o comunicación institucional: mediante el DNU 897/2024 sustituyó expresamente el artículo 1° de la ley 26.794, que había otorgado al espacio el nombre de Néstor Kirchner.

No se trata, entonces, de una mera decisión administrativa sobre el nombre de un edificio. Se modificó una ley mediante un decreto de necesidad y urgencia. El dato no es accesorio: en un sistema republicano, el Congreso sanciona las leyes y el Poder Ejecutivo las ejecuta. La Constitución admite los DNU ante circunstancias excepcionales que hagan imposible el procedimiento ordinario, pero esa potestad no puede convertirse en un atajo disponible cada vez que el oficialismo considera políticamente incómodo debatir una cuestión en el Parlamento.

El argumento oficial fue el de la neutralidad político-partidaria de los bienes públicos y la recuperación de valores como la libertad, la educación y el respeto institucional. Pero la neutralidad no se alcanza reemplazando por decreto un nombre asociado a un proyecto político por otro cargado de una consigna política contemporánea. Menos aun cuando la palabra "libertad" funciona como emblema central de la identidad oficialista.

El problema no es que Sarmiento sea indigno de homenaje; sería absurdo sostenerlo. El dilema es el método y la lógica. Una democracia madura puede revisar sus homenajes, discutir sus próceres y reevaluar los nombres de sus edificios. Lo que no debería naturalizar es que cada gobierno reordene la memoria común con la misma facilidad con que cambia una campaña publicitaria.

La comparación con Estados Unidos exige precisión. Allí el juez no resolvió que todo cambio de denominación sea ilegítimo. Estableció algo más elemental: una junta administradora no puede modificar unilateralmente lo que el Congreso dispuso por ley. El Congreso conserva la facultad de hacerlo, si reúne voluntad y mayorías para ello.

En la Argentina ocurrió lo contrario: el Ejecutivo sustituyó por DNU el texto de la ley 26.794 y el nuevo nombre adquirió vigencia inmediata. El propio decreto dio intervención posterior a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, como prevé el régimen de control de los decretos de necesidad y urgencia. Que esa intervención no haya producido un freno eficaz no transforma la decisión en institucionalmente virtuosa; muestra, más bien, la debilidad de los controles políticos frente al uso expansivo de la herramienta excepcional.

La distancia entre ambos casos no debe explicarse como una supuesta superioridad cultural de un país sobre otro. En ambos hay dirigentes dispuestos a convertir los espacios compartidos en territorios de identidad partidaria. La diferencia es que, en Washington, la legalidad escrita encontró una respuesta judicial concreta y oportuna. Aquí, una norma surgida del Congreso fue desplazada por una decisión presidencial sin que el sistema de frenos y contrapesos produjera una corrección equivalente.

La escena norteamericana ofrece además otra advertencia. La instalación temporal de la estatua ecuestre de Caesar Rodney -firmante de la Declaración de Independencia y propietario de personas esclavizadas- en Freedom Plaza muestra cómo el espacio público puede ser usado para restaurar relatos históricos sin asumir plenamente sus zonas oscuras. La estatua había sido retirada de Wilmington en 2020, en medio de protestas contra el racismo, y fue llevada a Washington como parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia estadounidense.

No hay historia nacional sin controversias, ni monumento inocente, ni nombre que cierre para siempre una discusión. Pero una democracia no se fortalece al borrar, sustituir o reinstalar símbolos por imposición. Se fortalece cuando habilita deliberación, exige razones y respeta las competencias de cada poder.

Los edificios públicos no son trofeos electorales. Son parte de un patrimonio que precede a los gobiernos y debe sobrevivirlos. Cuando se los usa para vengar derrotas, celebrar liderazgos o consolidar una marca ideológica, la memoria deja de ser una conversación colectiva y se convierte en un instrumento del poder.

El límite que puso la justicia estadounidense al Centro Kennedy no fue una defensa de una placa: ni la cultura pública ni la ley pueden ser rebautizadas por el capricho de quien gobierna. Argentina haría bien en tomar nota.