Delincuencia y transparencia empiezan distinto, pero terminan igual
En el último informe del Servicio Penitenciario figura que hay 5.999 personas privadas de la libertad en Mendoza. Para cada una de esas personas el Gobierno paga cada vianda más del doble de lo que le pagan a los proveedores en los comedores escolares.
Si usamos un rastreador de palabras en documentos oficiales del gobierno de Mendoza, y revisamos los discursos, la palabra "transparencia" debe figurar entre las más utilizadas. Y por las experiencias que hemos tenido, nunca más acertado aquél axioma que dice "dime de qué te jactas y te diré de qué careces".
Acudir a entes oficiales para que provean información es una tarea frustrante. Tanto desde el Ministerio Público Fiscal como del Ministerio de Seguridad, empatan con la Oficina de Auditoría de Ética Pública y los pedidos al 148.
Muy preocupante, además, cuando señalamos que ocurre esto y que la transparencia es tan transparente que nadie la puede encontrar montan en cólera y -como de rigor- disciplinan (o lo intentan) a quien busca los datos requeridos. Peligroso en verdad.
Desde antes de las elecciones, como para despejarlo de intenciones ajenas al asunto, los proveedores de viandas y alimentos para los comedores escolares, se quejan por el magro precio que paga el gobierno provincial para que se suministre en tiempo, cantidad, calidad y forma lo que el propio gobierno exige para que los niños estén subalimentados.
Por cada vianda para las niñas y niños de las escuelas, se destina $1.200 (un mil doscientos pesos) Los pedidos para que incrementen ese valor no prosperaron.
Para que tengamos noción, hablamos de porciones de alimentos consistentes, por ejemplo: 70 gramos de tallarines con 50 gramos de carne vacuna, además de lo que le da sabor a los fideos, como zanahoria, pimiento y a veces queso, un bollo de pan y 150 gramos en frutas. O milanesas de 150 gramos (carne de pollo o vacuna) pan, tomate, lechuga y condimentos para armar el sánguche, y los 150 gramos de fruta. A esto sumar los costos de envío y la logística requerida (bandeja y tapa de aluminio, papel film).
Es atendible que inclusive antes del salto inflacionario versión Milei, ya era insuficiente el valor. Y son aproximadamente 300 los proveedores. En el caso del Servicio Penitenciario, el cambio es rotundo. Increíble
En junio habíamos contado sobre un incremento en el valor de la ración de alimentos para los establecimientos penitenciarios de Mendoza, que no estaba calculada en el precio del convenio. Esa actualización fue además retroactiva y con explicaciones que rozan lo humorístico. Sí. En el mismo decreto figura "la excelente negociación que permitió un ahorro al Estado provincial".
Así como para los comedores escolares hay centenas de proveedores (algunos desde hace décadas) en el caso de las cárceles de Mendoza es sólo uno. Y ese proveedor fue asignado mediante licitación. Licitación que fue observada, además.
De aquél incremento nos enteramos por el Boletín Oficial, ya que al requerir incrementar partida presupuestaria es inevitable. El 12 de diciembre pasado, nos enteramos de otro incremento, también a través del Boletín Oficial. Nuevamente en el texto exhiben un autoelogio que orilla el absurdo, rescatamos este tramo: "Asimismo, el sacrificio compartido radicaría en las diferencias de precios ($ 4354,88 - $ 4115,04 = $239,84)" . Bien podrían terminar el Decreto escribiendo "mendocinas y mendocinos, no se priven de aplaudirnos, a las autoridades y al empresario proveedor de viandas".
Gracioso hasta que comparamos que , para las raciones escolares pagan $1.200 y les niegan un incremento razonable y aquí, a un sólo proveedor para los 5.999 privados de libertad pagan: $ 4.115,04
Con el disloque económico y la estampida de precios, más la contribución de Milei y su ministro Caputo, advirtiendo sobre estanflación, hiperinflación y las 10 plagas de Egipto versión nacional, es entendible que se adecuen los valores. Lo que resulta inexplicable es que el incremento haya sido en un año del 260% mientras que para las raciones en escuelas fue inferior al 50%
De ninguna manera, tal como algún candidato avispado sugirió, consideramos que las personas que cumplen una condena deban, además, padecer de insuficiencia alimentaria ni tratos inadecuados, y si para que estén correctamente nutridos sea necesario incrementar el precio de las viandas, adelante. Lo que inquieta es ver, además, que por $ 4.115,04 les entreguen lo que podemos ver en las fotos, motivos de quejas y más que argumentados.
La omisión del nombre de la empresa, única proveedora de las viandas en los establecimientos penitenciarios no es por indulgencia, es porque tenemos la convicción de que las aclaraciones debe formularlas el responsable del Estado provincial, antes que demonizar a un sujeto o una empresa. Y si acaso alguien quiere comprobar en un simple paso de qué se trata la transparencia tan aludida, intente leer el ANEXO del Decreto 2654 que figura en el Boletín Oficial, si acaso tiene la posibilidad de leerlo, avísenos, haga la prueba: