Cuando una inhabilitación no alcanza: el peligro de quienes siguen manejando con total impunidad

En Argentina, cada vez que un conductor provoca una tragedia por manejar alcoholizado, sin licencia o con antecedentes de infracciones graves, la sociedad vuelve a hacerse la misma pregunta: ¿cómo llegó otra vez a ponerse detrás de un volante?

La respuesta, muchas veces, resulta tan incómoda como evidente. Las inhabilitaciones existen. Las condenas también. Lo que muchas veces no existe es un sistema eficaz que garantice que esas prohibiciones realmente se cumplan.

No hablamos únicamente de personas que olvidaron renovar el carnet o que circulan con una licencia vencida. Hablamos de quienes fueron judicialmente inhabilitados para conducir por haber cometido hechos graves y, aun así, siguen manejando como si nada hubiera ocurrido.

Y esa diferencia no es menor.

El artículo 281 bis del Código Penal establece con claridad:

El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será reprimido con prisión de dos meses a dos años.

Es decir, durante el tiempo que dura la inhabilitación, conducir ya no representa solamente una infracción administrativa. Puede constituir un delito penal.

Sin embargo, la realidad demuestra que son muchas las personas que desafían esa prohibición con una sensación de absoluta impunidad.

En Mendoza abundan los antecedentes de conductores detectados con niveles extremadamente altos de alcohol en sangre. Algunos fueron inhabilitados. Otros acumularon sanciones severas. Sin embargo, no resulta extraño volver a encontrarlos circulando días o semanas después.

La consecuencia es evidente: cada conductor que viola una inhabilitación representa un riesgo permanente para cualquier familia que comparte la calle.

La provincia ha realizado importantes avances en controles de alcoholemia y endurecimiento de sanciones. Sin embargo, persiste un interrogante que todavía no encuentra respuesta.

¿Quién controla efectivamente que un conductor inhabilitado no vuelva a manejar?

Porque una vez que la persona abandona el juzgado o paga la multa, el sistema parece confiar, casi exclusivamente, en que respetará voluntariamente la prohibición.

Y la experiencia demuestra que eso muchas veces no ocurre.

La tecnología permitiría implementar mecanismos mucho más eficaces. Hoy existen bases de datos integradas, lectores automáticos de patentes, controles digitales y sistemas en línea que podrían advertir inmediatamente cuando un conductor inhabilitado vuelve a circular.

También podría existir un registro accesible para las fuerzas de seguridad que permita verificar en tiempo real si una persona posee licencia vigente pero, por decisión judicial, se encuentra impedida de conducir.

Porque muchas veces el documento físico continúa existiendo, pero la autorización legal para manejar ya no.

Cada control de tránsito que deja pasar a una persona judicialmente inhabilitada representa una oportunidad perdida para prevenir una tragedia.

Y cuando finalmente ocurre un siniestro fatal, aparecen nuevamente las preguntas de siempre.

¿Por qué nadie lo detuvo antes?

¿Por qué seguía manejando?

¿Por qué el Estado llegó después del accidente y no antes?

El caso de Ernestina Pais

Un caso que volvió a poner este debate sobre la mesa fue el de la periodista Ernestina Pais. Tiempo antes del siniestro en el que perdió la vida, había sido sometida a un control de tránsito y optó por no realizar la prueba de alcoholemia. La legislación prevé esa posibilidad, pero también establece que la negativa genera las consecuencias legales correspondientes, entre ellas la presunción prevista por la normativa aplicable y la consecuente inhabilitación para conducir.

Su caso reavivó una discusión que excede cualquier situación individual: cómo garantizar que una inhabilitación efectivamente se cumpla y evitar que quienes tienen prohibido conducir vuelvan a hacerlo, poniendo en riesgo su propia vida y la de terceros. El eje del debate no es una persona en particular, sino la eficacia de los controles y del sistema para hacer cumplir las decisiones judiciales y administrativas.

Las consecuencias tampoco son solamente penales.

Cuando una persona conduce durante una inhabilitación judicial, también pueden generarse serias complicaciones respecto de la cobertura del seguro, tanto para el propio conductor como para los daños ocasionados a terceros, dependiendo de las condiciones de la póliza y de las circunstancias del hecho. Esa situación suele derivar en largos conflictos judiciales y patrimoniales para las víctimas y sus familias.

Mendoza conoce demasiado bien el dolor que dejan los conductores irresponsables. Cada víctima fatal recuerda que detrás de una decisión temeraria existe una familia destruida.

Casos como el de Alejo Montenegro mantienen vigente una discusión que no puede agotarse únicamente en el endurecimiento de las penas.

El verdadero desafío consiste en impedir que quien ya fue considerado un peligro por la Justicia vuelva a tener acceso al volante mientras dure su inhabilitación.

Porque una condena que nadie controla termina convirtiéndose en un simple papel.

Y cuando ese papel fracasa, el precio puede medirse en vidas humanas.

El consumo problemático de alcohol no distingue niveles económicos, profesiones, edades ni nacionalidades. Se trata de una problemática de salud pública que atraviesa a toda la sociedad. Sin embargo, en algunas zonas rurales de Mendoza, donde el trabajo agrícola suele ser intenso y las jornadas terminan compartiendo bebidas alcohólicas, persisten prácticas culturales profundamente arraigadas que pueden aumentar el riesgo de que algunas personas decidan conducir después de haber bebido. 

En esos ámbitos conviven comunidades de diversos orígenes, entre ellas una importante comunidad extangera del norte de nuestro pais , cuya presencia forma parte de la historia productiva de la provincia.

Cuando en determinados casos aparecen personas de esa u otras comunidades involucradas en siniestros viales, ello no debe interpretarse como una característica propia de su origen, sino como una manifestación de una problemática mucho más amplia que afecta a toda la sociedad y que requiere prevención, controles y políticas públicas eficaces, sin estigmatizar a ningún colectivo.