La motosierra que no mide el futuro

No se trata de una discusión corporativa ni de la defensa automática de estructuras burocráticas. Se debe decidir si el país pretende producir vacunas, alimentos, tecnología satelital, energía, diagnósticos médicos, innovación industrial y respuestas frente a epidemias, sequías o catástrofes ambientales; o si acepta resignarse a comprar, tarde y caro, lo que dejó de investigar y desarrollar.

El Gobierno de Javier Milei fundamenta el ajuste en una premisa atendible: la Argentina no podía continuar financiando un Estado deficitario, opaco y muchas veces ineficiente. Nadie debería negarlo. Durante décadas, la falta de evaluación rigurosa, la superposición de organismos, el uso discrecional de recursos y la ausencia de prioridades verificables dañaron también al sistema científico.

Pero de ese diagnóstico no se sigue que la respuesta racional sea el vaciamiento.

La ciencia no funciona como una partida doméstica que puede recortarse sin consecuencias inmediatas. Un laboratorio que pierde personal, reactivos o mantenimiento no queda simplemente "en pausa": se interrumpen series de datos, se desarman equipos, vencen becas, se pierden muestras, se abandonan proyectos y se rompen redes internacionales construidas durante años. Recuperar esa capacidad exige mucho más tiempo y dinero que preservarla.

Las cifras difundidas por el sector describen un deterioro severo. La inversión pública en ciencia y tecnología habría caído de modo sostenido desde 2023, mientras investigadores, becarios y personal técnico denuncian pérdida salarial, reducción de oportunidades de ingreso y paralización de financiamiento para proyectos. Distintos relevamientos estiman miles de empleos menos en el sistema nacional y una caída real acumulada cercana o superior al 50% en el financiamiento de ciencia y técnica, según los criterios y períodos considerados.

La expresión "cientificidio", utilizada por investigadores y becarios, es deliberadamente extrema. No conviene adoptar términos absolutos sin matices: la ciencia argentina no ha desaparecido y aún conserva instituciones, capacidades humanas y tradiciones de excelencia. Pero tampoco corresponde descalificar la alarma como una exageración ideológica.

Cuando se cancelan o no se renuevan becas posdoctorales, se demora el ingreso a la carrera de investigador, se licúan salarios y se congelan convocatorias, el mensaje para los jóvenes es inequívoco: formarse durante una década puede no tener horizonte laboral en su propio país. El resultado previsible es la migración, el abandono de carreras científicas o la reconversión forzada hacia actividades ajenas a la investigación.

Eso no es ahorro. Es pérdida de capital humano ya financiado por la sociedad.

La formación de un investigador, un ingeniero especializado, un médico científico o un técnico de alta complejidad requiere años de educación pública, becas, tutorías, equipamiento y experiencia acumulada. Si ese profesional emigra porque el Estado no ofrece condiciones mínimas de continuidad, la Argentina subsidia la formación y otros países reciben la productividad. La fuga de cerebros no es una metáfora romántica: es una transferencia concreta de capacidades estratégicas.

El sistema científico nacional habría pasado de 75.051 trabajadores en diciembre de 2023 a 70.903 en marzo de 2025, según datos citados por EFE sobre estimaciones del sector. La misma cobertura señaló una baja real de la ejecución presupuestaria para ciencia y tecnología durante 2024 y el primer tramo de 2025.

La universidad pública tampoco puede quedar reducida a una caricatura. Es cierto que debe rendir cuentas, mejorar su administración, transparentar gastos, revisar estructuras y acreditar resultados. La autonomía universitaria no equivale a inmunidad frente al control social.

Pero exigir eficiencia no habilita a desfinanciar el funcionamiento básico. Sin docentes con ingresos dignos, sin becas, sin laboratorios, sin bibliotecas actualizadas y sin presupuesto para investigación y extensión, la universidad deja de ser un instrumento de movilidad social y desarrollo federal para convertirse en un edificio abierto con capacidades cada vez más limitadas.

La crisis afecta con especial dureza a las provincias

En Mendoza, como en buena parte del interior, la universidad y los centros de investigación no son una abstracción porteña: forman profesionales de la salud, sostienen desarrollos agroindustriales, estudian la disponibilidad de agua, aportan al control sanitario, impulsan innovación productiva y generan oportunidades para quienes no pueden emigrar a los grandes centros urbanos.

Un país federal no se construye concentrando el conocimiento en Buenos Aires ni abandonando la investigación regional a la suerte del mercado. La ciencia aplicada al vino, al riego, a la salud pública, a la energía, a la minería responsable y a la prevención de riesgos ambientales tiene una dimensión territorial que ninguna planilla de Excel puede captar por completo.

El Gobierno tiene razón en un punto esencial: no toda erogación estatal es intocable. La ciencia debe ser evaluada, priorizada y sometida a estándares de transparencia. Deben revisarse programas duplicados, subsidios sin rendición, estructuras ineficientes y líneas de investigación incapaces de explicar su relevancia, método o resultados.

Pero esa reforma debe realizarse con criterios públicos, evaluaciones de pares, objetivos estratégicos y reglas estables. No mediante recortes lineales, degradaciones institucionales o la incertidumbre permanente sobre salarios, becas y proyectos.

La discusión responsable no es "ciencia sí o ciencia no", ni "ajuste sí o ajuste no". Es otra: qué ciencia necesita la Argentina, cómo la financia con responsabilidad y qué capacidades no puede permitirse perder.

Una política seria debería, como mínimo:

• Garantizar un piso plurianual de financiamiento para investigación, universidades y organismos técnicos estratégicos.
• Proteger becas, carreras de investigación y salarios frente a la destrucción de su poder adquisitivo.
• Establecer evaluaciones independientes, criterios de impacto y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
• Priorizar áreas críticas para el desarrollo nacional: salud, alimentos, ambiente, energía, agua, defensa, tecnología digital e industria.
• Recuperar previsibilidad en las convocatorias de financiamiento, porque ningún proyecto científico relevante se organiza con horizonte de semanas.

La austeridad puede ser una virtud cuando elimina privilegios, corrupción y gasto improductivo. Se vuelve irresponsabilidad cuando sacrifica las herramientas que permiten crecer, competir y responder a problemas complejos.

Ningún país serio construyó desarrollo sostenido renunciando a formar investigadores, debilitando sus universidades y expulsando a sus científicos. Los Estados más eficientes no son los que gastan menos en todo, sino los que distinguen entre gasto prescindible e inversión indispensable.

La administración Milei tiene el derecho y la obligación de auditar, ordenar y reasignar recursos. Pero no tiene licencia para hipotecar el futuro en nombre de una emergencia que, precisamente, exige inteligencia institucional y capacidad de planificación.

La ciencia argentina no necesita inmunidad frente a la crítica. Requiere algo más exigente: una política nacional adulta, transparente, austera y estratégica. Si el ajuste termina por destruir aquello que permite al país innovar, producir y cuidar a su población, el superávit podrá exhibirse como una cifra; pero habrá sido obtenido al precio de empobrecer el porvenir.