Argentina 2023-2026: el espejo internacional de los derechos humanos
Entre 2023 y 2026, diversos organismos internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, relatores de la ONU, V-Dem y Reporteros Sin Fronteras señalaron preocupación por cambios en las políticas públicas argentinas vinculadas a los derechos humanos. Sus informes mencionan recortes en programas de Memoria, Verdad y Justicia, modificaciones en las políticas de género y diversidad, cuestionamientos sobre la libertad de prensa y el tratamiento de la protesta social, además de un giro en la política exterior respecto del multilateralismo.
En conjunto, estos organismos advierten sobre tensiones en la calidad democrática y plantean el debate acerca de cómo estos cambios pueden impactar en el histórico papel de Argentina como referente regional e internacional en materia de derechos humanos.
Reportes de organismos internacionales describen un giro en memoria, prensa, género y política exterior que tensiona el legado del país en materia de derechos humanos.
Argentina, habitualmente reconocida como referente en justicia transicional, en la memoria del terrorismo de Estado y en su presencia en foros de derechos humanos, atraviesa entre 2023 y 2026 un período leído como de regresión por instancias multilaterales. Los documentos de la CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, diversos relatores de la ONU, el instituto V Dem y Reporteros sin fronteras cuenta de un desarme institucional y del desfinanciamiento de políticas de Memoria, Verdad y Justicia, caídas abruptas en libertad de prensa, recortes severos en género y diversidades y un mayor uso de herramientas coercitivas frente a las movilizaciones sociales.
En el plano externo, decisiones como retirar la candidatura al Consejo de Derechos Humanos, iniciar el proceso de salida de la Organización Mundial de la Salud y votar en soledad frente a resoluciones clave de la ONU refuerzan una imagen de aislamiento, abriendo la pregunta sobre si este rumbo puede sostenerse sin erosionar uno de los orgullos históricos del país: una democracia que buscaba ampliar, y no restringir, derechos.
Escribe Dr. Sergio Benaroya
Durante las últimas cuatro décadas, diversos organismos y académicos han considerado al Estado argentino un caso singular en el mapa mundial de los derechos humanos, por su modelo de justicia transicional, su política de recordación del terrorismo de Estado y su participación activa en escenarios multilaterales.
En el lapso que va desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2026, las principales organizaciones registran un conjunto de decisiones que, vistas en conjunto, trazan un panorama de involución y tensiones sobre ese legado. Esta afirmación se apoya en informes de la CIDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Relatores Especiales de la ONU, el instituto V Dem y Reporteros Sin Fronteras, entre otros; desde distintos ángulos, todos coinciden en que el período 2023-2026 introduce un viraje sustancial en la política de derechos humanos.
Las preguntas son: qué sucedió con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; qué pasa con la libertad de prensa y la protesta social; cómo se modificaron los programas de género y diversidades; y dónde está hoy el país en los espacios internacionales. No se ofrecen adjetivos, sino hechos documentados, con la mirada puesta en las garantías básicas de un régimen democrático constitucional.
Memoria, Verdad y Justicia
El primer eje es el sistema de Memoria, Verdad y Justicia, construido como política de Estado desde el retorno democrático y considerado modelo de referencia en el mundo. Desde que asumió la gestión el Presidente Javier Milei, organismos internacionales y entidades especializadas en derechos humanos describen un proceso de desmantelamiento institucional y desfinanciamiento en este terreno. Con la reestructuración de la Secretaría de Derechos Humanos, se degradó su rango, se recortó su presupuesto y se dispuso una reducción de personal que impactó sobre programas y equipos técnicos.
Diversos diagnósticos señalan que los espacios de recordación instalados en ex centros clandestinos de detención atraviesan despidos, desfinanciamiento y suspensión de tareas de preservación, lo que pone en riesgo su funcionamiento pleno, aunque la Justicia Federal ordenó que permanezcan abiertos y en condiciones de operar.
En simultáneo, se constata el vaciamiento y la poda de unidades estatales dedicadas a la investigación de crímenes de la dictadura, con despidos en equipos que trabajaban sobre archivos de las Fuerzas Armadas y la pérdida de áreas especializadas de peritaje para juicios de lesa humanidad, así como la reducción de la capacidad de las querellas públicas que aportaban pruebas y documentación a esos procesos.
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad perdió su Unidad Especial de Investigación por decreto, lo que limita la capacidad del Estado para localizar niños y niñas apropiados durante el terrorismo de Estado, según han advertido Abuelas de Plaza de Mayo, CELS y el Comité de los Derechos del Niño. Relatores especiales de la ONU emitieron varias comunicaciones formales entre 2024 y 2026, en las que describen "alarmantes retrocesos" vinculados a estos recortes y reestructuraciones y advierten sobre un "rápido deterioro" del liderazgo argentino en justicia transicional. La ONU, a través del Comité contra la Tortura, tomó nota con preocupación de intervenciones oficiales que relativizan la cifra de personas desaparecidas y reiteró que el Estado argentino tiene la obligación permanente de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura. En su Informe Anual 2025, la CIDH habló de "debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria de la última dictadura militar" y de "desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos". No se trata de un debate meramente historiográfico, sino del riesgo concreto de vaciar las herramientas estatales destinadas a garantizar verdad, justicia y reparación.
Libertad de Prensa y protesta
El segundo eje aborda la libertad de prensa y el trato estatal de la protesta social. Reporteros Sin Fronteras registra para la Argentina una de las caídas más pronunciadas en su índice de libertad de prensa desde que hay mediciones sistemáticas. Entre 2022 y 2026, el país cayó de alrededor del puesto 29 al 98 en el índice de , lo que supone un retroceso acumulado de 69 posiciones y el paso de una situación "" a una ""; esa caída, según y otros informes, se vincula a la estigmatización sistemática de periodistas desde las más altas autoridades, el cierre y desarticulación de medios públicos y el uso discrecional de la publicidad oficial como mecanismo de presión sobre el ecosistema mediático.
El segundo eje aborda la libertad de prensa y el trato estatal de la protesta social. Reporteros Sin Fronteras registra para la Argentina una de las caídas más pronunciadas en su índice de libertad de prensa desde que hay mediciones sistemáticas. Entre 2022 y 2026, el país cayó de alrededor del puesto 29 al 98 en el índice de RSF, lo que supone un retroceso acumulado de 69 posiciones y el paso de una situación "satisfactoria" a una "difícil"; esa caída, según RSF y otros informes, se vincula a la estigmatización sistemática de periodistas desde las más altas autoridades, el cierre y desarticulación de medios públicos y el uso discrecional de la publicidad oficial como mecanismo de presión sobre el ecosistema mediático.
FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos, registró en 2025 un máximo histórico de ataques al ejercicio periodístico, con 278 casos y un incremento del 55% respecto de 2024. Además, Amnistía Internacional y otros organismos documentan que, bajo el Protocolo Antipiquetes, se registraron al menos 2.557 personas heridas en manifestaciones entre 2024 y 2025, incluyendo al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa alcanzados por la represión.
La Comisión Provincial por la Memoria ha registrado un incremento del 77% de las detenciones arbitrarias en el contexto de las protestas entre 2024 y 2025, y diversos relatores de la ONU han advertido sobre la calificación política de algunas movilizaciones como "terrorismo" por parte de autoridades.
En diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró la nulidad del Protocolo Antipiquetes en primera instancia; el Gobierno apeló la decisión y el recurso fue concedido, por lo que la vigencia del protocolo quedó sujeta a lo que resuelvan los tribunales superiores.
Género, Diversidades y Política Social
Un tercer eje es el de los derechos de género y las diversidades. La CIDH, Amnistía y HRW coincidieron en que, por primera vez en casi cuatro décadas, Argentina dejó de contar con un organismo nacional con competencias específicas en materia de violencia de género. Se acompañó la decisión de eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad con ajustes muy severos en programas orientados a víctimas de violencia, como la Línea 144 o el Programa Acompañar, donde las altas se redujeron un 98,6% y los presupuestos sufrieron recortes superiores al 50%. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral tuvo en 2025 el presupuesto más bajo de al menos los últimos siete años y en 2026 dejó de contar con financiamiento específico como política nacional, un hecho sin antecedentes desde la sanción de la Ley 26.150 en 2006.
En paralelo, se verificó una fuerte caída en la distribución de insumos para salud sexual y reproductiva y un aumento documentado de obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Se registraron más de dos centenares de femicidios en 2024, uno cada 39 horas, según los datos oficiales, mientras los organismos hablan de "niveles alarmantes" de violencias machistas y de crímenes de odio dirigidos a personas LGBT+. A nivel internacional, la Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU para intensificar los esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, y también de otra resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta ubicación ha sido interpretada por organismos y analistas como indicio de un cambio en la política exterior respecto de los acuerdos multilaterales basados en la igualdad y la no discriminación.
Indicadores democráticos y foros internacionales
El cuarto eje es la ubicación de la Argentina en los espacios internacionales y la evolución de los indicadores democráticos. En 2025, y a pesar de contar con apoyos mayoritarios, el país retiró su candidatura para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2026-2028. Los análisis publicados destacan que, por primera vez, Argentina decide excluirse de un órgano donde históricamente tuvo un rol relevante, reduciendo su participación en debates sobre misiones de observación, violaciones graves y justicia climática. A esto se suma la comunicación formal del retiro de la OMS y el rechazo explícito al Pacto por el Futuro y la Agenda 2030 en la Asamblea General de la ONU, señales de un giro en la política exterior argentina respecto del multilateralismo en derechos humanos y desarrollo sostenible.
Según el instituto V Dem, Argentina transicionó desde una "democracia liberal" en 2023 a una "democracia electoral" en 2025, y está entre los países con un proceso de autocratización, con una caída muy marcada en su índice de democracia liberal. De forma paralela, Freedom House mantiene la categoría de país "libre", aunque anota preocupación por la represión de protestas y el creciente apretón sobre medios de comunicación. Los diagnósticos integrados muestran, junto con estos indicadores políticos, una reducción acumulada del 41% del gasto público real entre 2023 y 2025, concentrada en áreas sociales, y un aumento de la pobreza con respecto a niveles previos, con un pico en 2024 y una caída parcial en 2025 que no logra recuperar los valores de 2019. Es decir: menos recursos para las políticas sociales y de derechos, más tensiones en el sistema de garantías y una estructura institucional fuertemente estresada.
Si uno lee juntos los informes de CIDH, Amnistía, HRW, Relatores de la ONU, V Dem y RSF, se perfila un patrón transversal. Esa trama incluye desmantelamiento selectivo de organismos de memoria, género y derechos humanos, expansión de la capacidad coercitiva, aislamiento diplomático en temas de derechos y declive cuantitativo de varios indicadores democráticos. No se trata de un dato único y aislado, sino de líneas que convergen en una misma preocupación. No se pretende agotar el debate ni sustituir la discusión política interna, sino recordar que el espejo con el que el mundo mira hoy a la Argentina en materia de derechos humanos es más crítico que hace apenas tres años. La pregunta que queda abierta para la sociedad, para la academia y para la política es si este rumbo es sostenible sin afectar de manera estructural uno de los orgullos históricos del país: la construcción de una democracia que, con todas sus deudas, se definía por ampliar derechos y no por restringirlos.
