Corría el año 1.976 y un grupo de padres comenzaba con la búsqueda incesante de sus hijos, después de agotar todas las instancias administrativas y judiciales, los padres de un centenar de adolescentes detenidos desaparecidos, se dirigieron al máximo órgano de gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. En su presentación describieron los pormenores de su drama, exigiendo una respuesta de la Junta Militar, respuesta que nunca llegó.

El 26 de mayo de 1.976 un grupo de hombres portando gran cantidad de armas, unos de civil y otros uniformados, se presentaron en el domicilio de la familia Blaton y preguntaron por Francisco Juan, de 18 años. Eran las 6.30 hs. y éste ya había salido rumbo a su trabajo. Los hombres obligaron a los Blaton a subir en sendos vehículos. Los encapucharon, y maniataron al señor Blaton, quien fue arrojado al piso del coche. Fueron así conducidos a una dependencia aparentemente militar, donde fueron interrogados sobre el lugar de trabajo del hijo, cada uno por separado, durante una media hora, debiendo sufrir insultos y amenazas. Por fin llevaron a la señora Blaton, siempre encapuchada y acostada sobre el asiento del auto, a recorrer una zona de Munro hasta encontrar la fábrica de cerámica donde trabajaba Francisco Juan, cuya dirección exacta su madre ignoraba. Pudo escuchar el grito de su hijo cuando lo introducían en el otro automóvil: ‘Madre, dónde estás que me van a matar’. Después los vehículos se pusieron en marcha, y la señora fue liberada en un lugar solitario. Su marido había quedado como rehén en el local donde fueran interrogados.

El 7 de Julio de 1.976, a las 23 hs. un grupo de hombres de civil, fuertemente armados, se presentó en la casa de la familia Porta. No se identificaron y obligaron al matrimonio a encerrarse en su dormitorio, mientras procedían a revisar la casa. Desde allí oyeron gritar a su hija Aída Victoria, de 18 años. Cuando pudieron liberarse, comprobaron que ésta había sido detenida y que sus otros dos hijos, y dos amigos de éstos que dormían en otras piezas, estaban maniatados y encapuchados. Dos de ellos tenían sólo 13 años. El domicilio de la familia Porta colindaba con el Juzgado de Menores de Banfield, repartición que cuenta con una guardia permanente. El grupo armado se introdujo en el domicilio allanado a través del Juzgado, hecho reconocido por el sereno del mismo. La señora Jueza a cargo del Tribunal pudo observar al día siguiente, con toda claridad, las huellas dejadas por los intrusos”.

El 23 de octubre de 1.976 a las 0.30 hs. un grupo de hombres de civil, fuertemente armados, irrumpió en el domicilio de la familia Muñiz, en Olivos. Decían pertenecer a la Policía Federal y exigieron la presencia del hijo menor Eduardo Oscar de 18 años. Este no se hallaba en la casa, y decidieron esperarlo. En tanto, revisaron todo sin encontrar nada que les interesara. Cuando el menor llegó, fue inmediatamente rodeado, empujado contra la pared y encapuchado. Fue introducido en un coche que partió con rumbo desconocido. Dicho vehículo, junto con otros dos, había permanecido ante la puerta de la casa durante todo el tiempo que duró el operativo. En ese lapso, miembros del grupo armado hicieron desviar el tránsito por la calle paralela, inclusive la línea de colectivos 59 que pasa por delante de la casa de la familia Muñiz.

El 23 de octubre de 1.976 a las 0.45 hs. hombres de civil, fuertemente armados, detuvieron en el domicilio familiar a María y Leonora Zimmermann, de 18 y 17 años respectivamente. Durante el allanamiento, los participantes, que dijeron pertenecer a la Policía Federal, sustrajeron del dormitorio de un hermanito de la víctima, un microscopio y dinero de una alcancía, todo ello propiedad del menor.

La presentación efectuada por los padres de adolescentes ante la Junta Militar, a que se hace referencia más arriba, fue acompañada por una nómina de los jóvenes, sus datos, y una descripción de las circunstancias que rodearon cada secuestro. Se adjuntaron, asimismo, constancias de todos los trámites realizados ante instancias policiales, militares, judiciales y administrativas por parte de las familias en la, hasta ahora, infructuosa búsqueda del desaparecido. Surge de la documentación que sobre 130 adolescentes cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años, el 75% fue detenido entre mayo de 1.976 y julio de 1.977. Del total, a 92 se los detuvo en el domicilio de sus padres y en presencia de éstos, a 6 en la escuela o lugares de trabajo, 16 fueron secuestrados en la vía pública ante testigos que comunicaron el hecho a los padres y 4  eran conscriptos en dependencias militares. Se ignoran las circunstancias exactas de la desaparición de los 12 restantes, operada poco después de que hubieran salido de sus hogares, del domicilio de algún familiar o amigo, o de sus lugares de trabajo.

Prácticamente la totalidad de estos adolescentes vivía con su familia. Cursaban estudios en colegios secundarios o acababan de ingresar en la universidad; trabajaban o cumplían su servicio militar obligatorio.

Estos jóvenes no se ocultaban, circulaban normalmente, mantenían relaciones normales en el ámbito familiar, laboral o en los establecimientos educacionales a los que concurrían.

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