El doctor Alejandro Poquet, profesor de Derecho Penal y Criminología, escritor, autor de ensayos y literatura como «Borges y la Criminología» y «La imagen en derecho penal y criminología», comparte su opinión en PORTADA sobre el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa

¿Qué hay más injusto que un joven como Fernando Báez Sosa muera a golpes de puños y patadas a la salida de una discoteca, en vacaciones en una ciudad costera, por obra de ocho jóvenes que compartieron el mismo local bailable también de vacaciones? Ocho contra uno al inicio de la agresión para acabar ocho de pie contra uno en el piso, ya inconsciente, sin posibilidad de defenderse. ¿Qué hay más doloroso que el olvido del cuerpo tendido en la vereda para irse a dormir o comer una hamburguesa?

Crueldad nata, violencia bruta, sin máscaras, a la intemperie, en un espacio público céntrico inundado de testigos. Una inocencia bestial caracteriza a esta escena criminal de madrugada.

Los ocho fueron inmediatamente detenidos y luego de tres años en la cárcel enfrentan ahora el juicio penal por matar de manera premeditada, traicionera y en manada, delito que acarrea la máxima pena del Código Penal, prisión perpetua. Si los jóvenes son condenados volverán a ser libres como sexagenarios.

Pero parece que no es suficiente esa transmutación humana, legitimada como resocialización en el adecentado lenguaje jurídico y humanista. La alquimia represiva vuelve viejo al joven, sin fuerza física ni anímica para golpear y patear como lo hizo treinta y cinco años atrás. No obstante, la evidencia de esa incapacidad no alcanza para satisfacer el espíritu vengativo. Una muerte sólo se compensa con otra, si son ocho mejor. La simetría que justifica la ley del talión tiene sus excepciones en virtud del principio in dubio pro verdugo. Sin embargo, como no existe el castigo capital en nuestra legislación, la venganza busca otros modos.

Ella espera que la violencia intracarcelaria haga la tarea del verdugo y funcione como acto de justicia retributiva. Pero puede suceder que los motines, las torturas, enfermedades y luchas entre bandas no acaben con la vida de los homicidas encerrados, entonces el espíritu punitivo se prepara desde el comienzo, apenas descubierto el delito, a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Aun cuando el poder judicial no ha dictado sentencia, mientras se está tratando de averiguar lo que en realidad pasó desde el punto de vista jurídico penal, principalmente la participación que tuvo cada uno de los ocho jóvenes en la muerte de Fernando, esos medios y redes tomaron posición “técnica” casi unánimemente, sin haber analizado el expediente y, para más, sin que el proceso judicial haya terminado. Tampoco estos comunicadores, columnistas y demás opinólogos ensañados exhibieron dotes teóricas para fundar la epidémica conclusión jurídica: todos coautores con la misma intervención y responsabilidad penal en un homicidio intencional agravado.

Este prejuicio entusiastamente compartido, de manera acrítica, es la prueba más acabada del modo de actuar de la vendetta represiva, en tanto se apodera de las emociones y entorpece la razón. Pura ira. ¿Cómo juzgar de lejos y sin que las partes, sus abogados y las pruebas hayan hablado? ¿Cuál es la razón de ser de un juicio público si el público no tiene paciencia con el juicio?

Es necesario ser claro. No hay que revestir la condición de abogado especialista para opinar sobre procesos judiciales, menos cuando los delitos más graves son decididos en algunas provincias por un jurado popular por mandato constitucional de mediados del siglo XIX. Tampoco hay problema en expresarse públicamente ni conjeturar sobre el curso del proceso y la decisión final. Por el contrario, es bueno para la salud republicana criticar la actuación de las oficinas judiciales, muchísimas veces con razón por su escasa productividad y mala calidad de sus productos.

Pero si juzgar es una tarea inherente a todo ser humano, debemos recordar que los vecinos legos dictan el veredicto luego de conocer y presenciar la producción de cada una de las pruebas. Hacerlo antes y publicitarlo masivamente es pre-juicio que incita a la violencia colectiva, convoca a la plaza a aplaudir el acto patibulario. Es una convocatoria simbólica tan efectiva que no importa si todos se quedan en sus casas.

El espíritu de venganza como expresión de un ambiente de época une a los contemporáneos, expande el vecindario, es el común denominador de las más diversas existencias, una estructura que mantiene sujetados a los más dispares sujetos. Similar a lo sucedido con la conquista de la copa del mundial de futbol de Catar que hermanó, durante la euforia, a todo un pueblo afectado por antagonismos sociales, políticos y económicos. La venganza, en cambio, dura más que ese festejo, es añeja, premoderna y continúa vigente en esta posmodernidad.

Por esa estructura invisible aglutinante, por ese sentimiento atávico de revancha, no llama la atención escuchar la misma cantinela tanto en importantes medios de comunicación como en la prensa amarilla, intelectuales orgánicos y diletantes, juristas progresistas y conservadores, comunicadores bien intencionados y mala leche, columnistas de derecha y de izquierda, personas cool o disruptivas que al escuchar estos argumentos interrumpen con una sorpresiva exclamación: ¿Qué, entonces hay que aplaudir a los ocho?

Un abogado especialista, entrenado para lidiar con este tipo de conflictos violentos, parte procesal en el juicio, tildó de “reverendos hijos de puta” a los procesados ante los periodistas, sin que nadie le recordara que los padres no forman parte del juicio y tampoco la vida privada de las progenitoras. Este primitivo ataque al árbol genealógico tuvo el respaldo de un joven influencer que se valió de una peligrosidad heredada para criticar a los padres de los ocho porque “criaron asesinos”, quienes “se dividieron la tarea para matar”. Un psicólogo habitué de las redes sociales diagnosticó a la distancia, sin previa entrevista ni evaluación de historias clínicas, pero con gesto terapéutico, que son “ocho psicópatas, sociópatas contagiados de perversión, sadismo y de crueldad”, que deben ir “presos de por vida porque no tienen que vivir más en sociedad”, porque “estos pibes en el semáforo agarran a una persona y le pegan un tiro porque sí, o entran a una casa y cagan a trompadas a un padre y un niño para robarle un reloj”.

Han quedado impunes y naturalizadas estas barbaridades jurídicas, psicológicas, médicas, criminológicas y de sentido común. ¿Cómo reprochar a los padres la muerte provocada por un hijo mientras ellos dormían? El salto es demasiado grande, más allá de la natural concurrencia de factores que influyen en todo grupo familiar o de crianza, los cuales, por cierto, ni se molestaron en indagar. El reproche en seco huele a la vieja y autoritaria condena al clan familiar por el delito de un miembro o la infamia colectiva por la traición individual. Por otra parte, ¿cuál es la relación entre un homicidio por una pelea en una discoteca con el robo convencional o una entradera? ¿Usar los puños en grupo en una agresión callejera es lo mismo que disparar un arma “porque sí” o para robar?

Desde la psicología tiktokera un homicida es un psicópata, sociópata, perverso y sádico, y no merece vivir más en sociedad. ¿No hay homicidios ocasionales o pasionales? ¿No hay ningún homicidio en el que el autor haya estado a la altura de las circunstancias? ¿Si ocho personas intervienen en un hecho de homicidio todas cargan con la misma patología psíquica? ¿Tan fácil es diagnosticar la mente humana? Sí, cuando se parte de un estereotipo que carga con los males de una sociedad totémica, y se convierte en chivo expiatorio para volver a encontrar la paz perdida. La prueba de esta peligrosidad estereotipada es la imagen televisiva, repetida una y otra vez, en la que al comienzo del juicio aparecen los ocho enjuiciados sentados, custodiados por igual cantidad de agentes uniformados, como si se tratase de integrantes del temible clan del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Con ese comienzo escénico hasta la verdad tiembla en la dramaturgia punitiva.

Intentar distinguir entre autor, cómplice y encubridor, procurar encontrar algún matiz en las personalidades, contextualizar el hecho, indagar en las raíces de la inocencia bestial (¿se mata sin importar la copiosa mirada céntrica y turística?), es claudicar, es pasarse a las filas del enemigo, es proclamar la anarquía punitiva y el abandono de la víctima. Preguntarse acerca de la responsabilidad del dueño de la discoteca por el consumo de alcohol ilimitado, o por la actuación del personal de seguridad del local que observó inmóvil cómo le pegaban a Fernando a unos pocos metros, a pesar de los dos metros de altura y ciento cincuenta kilos de uno de ellos, es estar obligado a responder la misma pregunta, ¿qué, entonces hay que aplaudir a los ocho?

Qué difícil es el análisis cuando el espíritu de venganza entra en escena. De poco sirve que el principal motivo de estas líneas haya sido tratar de entender la muerte de un joven lleno de futuro, y el inimaginable dolor de sus padres, familiares y amigos. Qué riesgos corre el análisis al recordar que hay otro dolor igualmente intransferible, el de los jóvenes encarcelados y el de sus seres queridos, también muertos en vida. Y qué difícil será para todos ellos aceptar que detrás del castigo penal hay un componente festivo. Con el juicio y la pena se celebra la reproducción de un orden social violento en el que se suceden muertes como la de Fernando, quien será olvidado apenas termine el espectáculo patibulario con los ocho jóvenes arrojados a la basura social.