La provincia de Mendoza, se encuentra lejos de la transparencia, los discursos de campaña contrastan con la mera realidad.

Hace cuatro años atrás, en el inicio de la gestión de Alfredo Cornejo,  la empresa Sielcon SRL denunciaba penalmente a la actual diputada Josefina Canale y a la senadora María Mercedes Rus.

A ambas se las acusaba de “omisión de los deberes de funcionario público”, precisamente tras haber ordenado la suspensión, “por graves irregularidades”, de la licitación que esa empresa tenía adjudicada para ejercer el control de máquinas tragamonedas en las salas de juego.

Lejos estuvo la oposición de tomar cartas en el asunto, pero aún así la realidad que por momentos subyace en el medio de la oscuridad vuelve a ser noticia.

Un reciente fallo del Tribunal de Cuentas fue el disparador de una embestida política del PJ sobre ex funcionarios del Instituto Provincial de Juegos y Casinos durante el gobierno de Alfredo Cornejo.

El fallo en cuestión revisa el ejercicio 2.018 del organismo que controla el juego legal. Tal como lo publicó MDZ, no aparecen cargos en el directorio ni reclamos de devolución de dinero como supo haber en otras administraciones, pero sí multas de entre $ 15.000 y $ 38.000 pesos para gerentes y jefes de carrera del Instituto Provincial de Juegos y Casinos por una sumatoria de irregularidades.

El Tribunal de Cuentas detectó que en aquel ejercicio no se emitieron facturas por la compra de bienes a la empresa de Sielcon SRL, la cual realizaba el control online de las máquinas tragamonedas.

La transacción fue de $ 10.403.000 pesos y se hizo otro tipo de recibo que ha sido cuestionado por los contadores del organismo.

Las gestiones justicialistas en Casinos fueron acusadas de corrupción por el radicalismo y se generaron causas penales.

Sin embargo, el oficialismo consiguió un pleno al desaforar a un senador molesto como Marcelo Romano, pero pareciera no hacer lo mismo, con respecto a lo que sucede puertas adentro en Juntos por el Cambio.

Una vez más, la gestión del Instituto Provincial de Juegos y Casinos vuelve a ser cuestionada, como si la transparencia fuera una cuestión de azar.

La historia en el Casino vuelve a repetirse, faltante de dinero, fallos polémicos, y una norma obsoleta cuyas multas o penalidades suelen recaer sobre el eslabón mas débil.

La cuestión de la corrupción es uno de los factores determinantes del deterioro del vínculo entre la sociedad civil y el estado, sin embargo la provincia de Mendoza naufraga en el disvalor de la posverdad.