La proscripción que insinúa otra proscripción.

Tres de los cuatro miembros de la incompleta Corte Suprema de Justicia de la Nación coincidieron en que no deben celebrarse elecciones Provinciales en San Juan ni en Tucumán, previstas para este próximo domingo, por medidas cautelares interpuestas, obviamente, por partidos de la oposición.

Aunque medios que avalan el accionar de esta Corte explicarán que esto ya ocurrió en 2019 en La Rioja y en Río Negro, no son casos asimilables por varias razones. En aquella ocasión fueron impedidos de participar pero con la suficiente antelación, no cuando ya estaba hecha la convocatoria y a horas de la veda electoral y -otra paradoja- uno de los que sufrió aquella inhibición fue Alberto Weretilneck , quien hace días, volvió a presentarse ya sin esa inhibición y es nuevamente Gobernador de la provincia patagónica.

Como se sabe, darle curso a un amparo produce el efecto de retrotraer las acciones y luego, una vez resuelta la causa de fondo, se avanza a favor o en contra, algo de trascendente utilidad siempre que se esté protegiendo derechos, no que se esté, como en este caso, cercenando derechos elementales de los ciudadanos en una democracia y además usurpando desde el poder central judicial el que le compete a cada jurisdicción, en este caso a las provincias de Tucumán y de San Juan.

La interpretación como «golpe judicial» es correcta no sólo por el hecho de que el máximo tribunal se exprese a escasos días de elecciones previstas, y se inmiscuya en cuestiones relativas a la autonomía de las Provincias, sino por cómo se comunica y además porque es una demostración de poder que insinúa claramente cómo podría actuar frente a la posible candidatura de Cristina Fernandez de Kirchner.

El proceso que se lleva a cabo contra los miembros de la actual Corte Suprema de Justicia, a través del Congreso de la Nación es lo que prevé la Constitución. No se ha sorteado ninguno de los eslabones correspondientes y cada vez cobra más «color» (como dicen los abogados) las pruebas para que sean elevados a juicio político. Como respuesta,al menos tres de los cuatro ministros, interfieren para que la voluntad popular no se lleve a cabo, lisa y llanamente.

De ninguna manera estamos facultados para dar un veredicto con relación a la legitimidad de las candidaturas de Sergio Uñac, en San Juan, y de Juan Manzur, en Tucumán, pero sí en condiciones para alertar a la sociedad de que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda no son los reyes magos, se exceden en sus facultades y amenazan al sistema democrático, y no de ahora.

La prórroga impensada de las elecciones en dos de los 24 distritos electorales de la Argentina pone negro sobre blanco. El federalismo en lo judicial es una farsa. La independencia del poder judicial es sólo independencia de los intereses de la sociedad. La incompleta Corte Suprema de Justicia de la Nación es apenas un foro en defensa de intereses particulares y de los corporativos, para la consolidación del verdadero poder en unos pocos.

Esta acción constituye una amenaza para la expresión libre y legítima de las ciudadanas y de los ciudadanos. Ejercer el derecho de elegir y también el de no elegir es esencial, sin embargo quienes imponen hoy su decisión no fueron elegidos ni rechazados por la sociedad.

En paz y con las escasas herramientas que tiene, el Pueblo deberá actuar en defensa propia, La historia de la Argentina ya sabe las consecuencias de una proscripción, y no sería aceptable que volviésemos a perder la soberanía, esa de decidir qué provincias y qué país queremos.