Por Claudio Ochoa

La actual estructura de segregación social y territorial en Chile sigue crujiendo luego de aquellas manifestaciones del 2019. Las y los chilenos ya comenzaron el camino hacia una reforma constitucional que obedece, no a la receta de un grupo de empresarios o de intelectuales o del gobierno de turno sino, a los intereses colectivos y con la participación garantizada de referentes de todos los sectores nacionales.

    EL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN    

Durante décadas, Chile ha sido la abanderada regional de un modelo de élite que lo rige todo: empresariado, política, educación, religión, cultura. En contrapartida, nos encontramos con una población mayoritaria sumergida en un estado de precarización laboral y con un pobre acceso a derechos sociales tales como las pensiones, la vivienda, la salud, la educación. Branko Milanovic, economista del Banco Mundial, nos ilustra esta brecha:«Los más ricos en Chile ganan como los más ricos de Alemania y los más pobres como en Mongolia».

Chile no es, ni ha sido nunca un país de clase media, por más que el 70% de los chilenos cree, erróneamente, pertenecer. Sucede que cuando se miden los estándares de ocupación, el nivel de ingresos, el nivel de consumo o de educación, tan sólo un 30% de la población tiene las características de “clase media”. Y cuando distintas mediciones señalaban que se reducía la pobreza, en realidad indicaban que habían crecido los sectores populares o la franja “baja” de la clase media; que poco o nada tiene de “clase media”….

Esa profunda desconexión histórica que tienen los estratos más selectos – alrededor de un 10% – para con el resto de la sociedad, venía provocando una serie de descontentos populares que culminó con el estallido social del 18 de octubre de 2019. Lo que comenzó como una protesta estudiantil, por una suba de precios en los pasajes del transporte público, rápidamente escaló y se transformó en una manifestación social – de magnitudes inusitadas –  en contra de un “modo de vida”. El lema más popular decía: “no son 30 pesos, son 30 años”, remarcando que la protesta no se refería sólo al precio del boleto, sino a la acumulación de demandas y frustraciones durante décadas. En esos días de tensión nacional se filtró un audio de whatsapp de la esposa del presidente Sebastián Piñeira, la Sra. Cecilia Morel, y decía: «Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera alienígena, y no tenemos las herramientas para combatirla», y termina reconociendo: “Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás». En Chile no hay polarización, hay aislamiento de una minoría elitista….

Finalmente, luego de dos meses de protestas, represiones, saqueos y resistencias, Sebastián Piñeira terminó promulgando una ley para que Chile decida su reforma constitucional. El pueblo de Chile – que en aquellas jornadas salió a pedir dignidad humana – ahora tiene esperanza; pero también tiene una marcada impaciencia.

La agenda del proceso constitucional quedó de la siguiente manera:

– 25 de octubre de 2020 Fue el PLEBISCITO   para preguntarle a la ciudadanía si quería una nueva Constitución y cuál sería el “mecanismo” para instrumentarla (una Convención Mixta, integrada por congresistas en ejercicio y una ciudadanía electa, o mediante una Convención Constitucional íntegramente elegida por la ciudadanía). La opción del “Apruebo” para reemplazar la Constitución de Pinochet se impuso con el 78,8% de los votos, el mismo porcentaje se inclinó por el mecanismo de elegir ciudadanos constituyentes.

– 15 DE MAYO 2021 – Fue la elección DE INTEGRANTES CONVENCIONALES Donde se elegía a 155 integrantes, con paridad de género, para conformar la Convención Constituyente. El resultado también significó una derrota para la derecha que solo obtuvo 37 de los 155 escaños, por debajo del “tercio” necesario para poder vetar normas del texto constitucional. Por otra parte, la mitad de la convención electa, 77 constituyentes, provienen de listas que impulsan cambios radicales al sistema y aunque por sí solas no reúnen los 2/ 3 para plasmar su ideario, cuentan con un peso valioso ya que se asegura de que la Constitución no pondrá fuera del texto sus propuestas históricas, como viene ocurriendo hasta ahora.

– 4 DE JULIO AL 4 DE SEPTIEMBRE, 2021 – Es la etapa de DEFINICIÓN DE REGLAMENTO –  Los primeros dos o tres meses, es para definir su reglamento, cuántas comisiones, cómo será la votación, etc.. Ningún grupo tiene la mayoría y existe un número importante de “independientes”, que son grupos, sobre todo la Lista del Pueblo, que desconocen abiertamente a los poderes instituidos. Vale decir que tendrán que poner a prueba la capacidad de negociación y la tolerancia para evitar posturas radicales que impidan el avance.

La otra prueba de fuego – y quizás una señal de lo que viene –  fue la elección como presidenta de la Convención, de la lingüista y académica Elisa Loncón, de 58 años, representante del pueblo mapuche. Esto deja en evidencia el carácter progresista de los convencionales, elegidos – la mayoría de ellos – en listas de centroizquierda o izquierda. Es una señal política hacia las mujeres, en un órgano paritario compuesto por 77 mujeres y 78 hombres gracias al empuje del movimiento feminista; también una señal hacia los pueblos originarios, excluidos de las grandes decisiones del Estado, que enfrentan un histórico conflicto por las tierras en el sur del país. La nueva líder de la convención, nacida en una humilde comunidad de la Araucanía, agradeció su nombramiento con una bandera mapuche entre las manos y sus primeras palabras fueron en mapudungún.

Académica de la Universidad de Santiago, cuarta entre siete hermanos, Loncón no ha militado formalmente en ningún partido político, aunque se considera una mujer de izquierda. Sus antepasados – bisabuelo y tatarabuelo– combatieron contra la ocupación militar de la Araucanía en 1883. De los mil días del Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), recuerda la satisfacción de su familia que gracias a una beca del gobierno pudo comprar sus primeros zapatos de cuero; también rememora que – todos los días – a cada niño se le daba medio litro de leche.

La líder de la convención aseguró que el órgano que le toca presidir “transformará a Chile en un país plurinacional, intercultural” e hizo un llamamiento al cuidado de “la madre tierra y las aguas”, algunas de las principales reivindicaciones que buscan los pueblos originarios. También dijo: “Este sueño es el sueño de nuestros antepasados. Es posible, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, refundar este Chile”,

– DEL 4 DE SETIEMBRE AL 4 DE JULIO DE 2022 – ELABORACIÓN DE LA CARTA MAGNA :  Los 155 constituyentes dispondrán de un plazo de 9 meses, prorrogables por tres meses más, para elaborar el nuevo texto Constitucional y aprobarlo por 2/3 de los delegados.

Toda Constitución moderna aparece dividida en dos grandes secciones: lo que se conoce como la «declaración de derechos» (o «parte dogmática») y la «organización del poder» (o «parte orgánica»). El gran problema del constitucionalismo latinoamericano ha sido el de promover reformas de avanzada en el área de los derechos; pero sin modificar o adecuar la organización del poder.

Chile se va a redefinir en asuntos fundamentales: su régimen político y sistema de Gobierno, la descentralización y regionalización de un Estado actualmente unitario y fuertemente centralizado. También deberán acordar diferentes asuntos relativos a los pueblos originarios, su reconocimiento expreso en la Constitución o la plurinacionalidad, que implicaría autodeterminación. Discutirán el modelo de desarrollo económico, el destino de instituciones como el Tribunal Constitucional, el modelo del Estado ―los derechos económicos y sociales son debates calientes― y asuntos especialmente sensibles para los mercados, como la autonomía del Banco Central; también temas como garantía de derechos sexuales y reproductivos y temas medioambientales, etc. El gran desafío será el de plasmar las demandas ciudadanas y de desarticular el modelo neoliberal que ha primado en el manejo de uno de los países más desiguales de América Latina.

– EL PLEBISCITO DE SALIDA – SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 –  Una vez aprobado el texto por los constituyentes, existe un plazo de 60 días para convocar un “plebiscito” de salida, con voto obligatorio, para que todos los chilenos ratifiquen o rechacen el nuevo texto. En caso de que la nueva Carta Magna no cuente con el apoyo en las urnas, seguiría rigiendo la Constitución de 1980, un resultado desastroso que dejaría sin resolver la crisis. Los y las chilenas tienen claro que la implementación de la nueva Constitución tomará años y no será un proceso automático; también tienen consciencia que no será una tarea fácil desarticular un modelo que ha imperado por siglos…