El concepto de justicia es el más importante de toda la filosofía jurídica y política. El jurista romano Domicio Ulpiano definia a la Iustitia: «La constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde»

Hace unas semanas atrás, la provincia de Mendoza se conmovía producto de la muerte de la mendocina Florencia Magalí Morales, en la provincia de San Luis.

Este  caso podría integrar una simple estadística, o ahondar en la crisis del concepto de Iustitia en la actualidad.

El apellido Morales nuevamente vuelve a ser tapa de medios nacionales, nuevamente una  mujer es asesinada, nuevamente un caso donde el poder tiene mucho que explicar y más por ocultar.

Décadas atrás el caso María Soledad Morales, dejaba perplejos a todos en el país. La impunidad, el abuso del poder, el avasallamiento a un derecho tan esencial como la vida, nos confrontaba como sociedad.

Una provincia en llamas, pedía a gritos justicia por María Soledad, con el tiempo en el banquillo de los acusados se sentaban los hijos del poder, quienes son el fiel reflejo de la escoria de la sociedad.

Lejos estuvo la sociedad de avanzar en un camino de integridad, Mendoza no es ajena a lo que sucede a  nivel nacional.

Crímenes como los de Estrella Libedinsky, Flavio Piottante,  y un sospechoso fugado muestran la debilidad de un sistema que en muchos casos deja mucho que desear, ante la clara ausencia de la Justicia.

Hoy, todos los focos están puestos en la pandemia, pero antes de la llegada del fantasma que se llama covid-19 vimos y presenciamos cómo el virus de la impunidad y de la corrupción se apoderó en muchos casos de los poderes del Estado.

La debilidad de un sistema, queda evidenciado, cuando el mismo no puede resolver ni responder por los casos encuadrados y tipificados en la Ley.

La sociedad está en riesgo, y la Iustitia se ha convertido en un concepto vago y difuso, producto de aquellos que deben velar para que se cumpla, en muchos casos, entorpecen el normal desenvolvimiento de la misma.

El caso de Florencia Magalí Morales no debe quedar impune, de ser así reflejaría una vez mas la peor cara del poder.

José Francisco Pérez, Defensor Oficial por el Departamento Junín, quien es parte de la investigación por la muerte de Florencia Magalí Morales; efectuó declaraciones públicas respecto de la información que el particular damnificado, está comunicando a la prensa por medio de sus abogados, aduciendo que:

«Están desinformando y creando psicosis dado que, por los elementos de la causa, no se investiga ni un homicidio ni un abuso sexual; sino un posible descuido que hace al incumplimiento de los deberes de funcionario público»

Al leer este tipo de declaraciones, sostengo con mas fuerza que hay un claro avasallamiento institucional producto del abuso del poder, que pone en riesgo no solo  al concepto «Iustitia» sino a la sociedad en sí misma.

Indudablemente el virus del poder, y su afán de avasallar las garantías constitucionales y los derechos inalienables de los hombres, se ha convertido en una pandemia a la cual deberemos combatir con vehemencia, para evitar que el número de víctimas inocentes sigan engrosando una lista que tiene como responsables indirectos y en muchos casos directos, a quienes integran los distintos poderes del Estado.