Presentaron recurso de inconstitucionalidad contra la Resolución que autorizó pozos en forma irregular en la cuenca del rio Mendoza

El abogado ambientalista Marcelo Romano presento un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza contra la Resolución 125/2025 que autorizó pozos en forma irregular en la cuenca del rio Mendoza.

Romano sostuvo que la medida es ilegal, injusta e insostenible, porque prioriza intereses particulares por encima de la protección del agua, comprometiendo el presente y el futuro de Mendoza.

Argumentos principales del recurso

Violación al derecho al agua y al ambiente: la Resolución 125/2025 vulnera el derecho constitucional a un ambiente sano (art. 41 CN) y el uso sustentable del agua, que es un bien común de toda la comunidad.

Crisis hídrica ignorada:

el propio DGI reconoció desde hace mas de 25 años la sobreexplotación del acuífero. Informes técnicos del INA, la UNCuyo y Mekorot advierten riesgos críticos que fueron desoídos.

Arbitrariedad y discrecionalidad:

Seis meses antes el DGI había prohibido extracciones (Res. 1108/2024), y con los mismos estudios ahora autorizó pozos. La publicación tardía y el compromiso previo en una causa judicial agravan la irregularidad.

Sin estudios ambientales ni participación ciudadana: se omitió la Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la Ley 5961, negando ademas la información pública y la audiencia ciudadana obligatoria.

Riesgo para mas de un millón de mendocinos: la autorización compromete el agua de la Cuenca del Rio Mendoza, afectando la producción, el trabajo y la vida de toda la región.

Declaraciones

"Autorizar pozos hoy significa hipotecar el agua del mañana. Esta resolución viola la Constitución, desconoce la ley y pone en riesgo la vida y la producción de Mendoza. No es un hecho aislado, es parte de un patrón de desvíos institucionales que deben ser frenados por la Justicia".

Y hay un hecho que muestra la incoherencia: en Mendoza, la Ley 5961 obliga a que un supermercado de apenas 0,25 hectáreas presente un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, la Resolución 125/2025 autoriza proyectos que afectan mas de 590 hectáreas de riego agrícola, sin exigir ese mismo control. afirmo Romano.