Piden que Irrigación informe sobre un grave hecho de contaminación de YPF
El senador Gerardo Vaquer, del bloque Partido Justicialista, realizó un pedido de informe al Departamento General de Irrigación, en relación a la contaminación en el acuífero Luján de Cuyo. El inquietante hallazgo data, según algunos registros, de la década del '90 y el foco, por ahora, está puesto sobre el ente de control provincial.
Para elaborar el pedido de informe al Departamento General de Irrigación, el senador Gerardo Vaquer expone, entre otros, la desproporción entre los montos de las multas aplicadas (una de ellas de sólo $603.000) a la empresa YPF y el daño ambiental producido.
Es que la afectación del acuífero por parte del complejo industrial de YPF no solo representa un problema ambiental: también configura un presunto delito penal tipificado como contaminación por residuos peligrosos, contemplado en la Ley 24.051. Las causas judiciales abiertas atravesaron distintos vaivenes, con varios directivos de YPF bajo la lupa, al igual que funcionarios del Departamento General de Irrigación, cuya función de control ha sido fuertemente cuestionada.
Es por ello que Vaquer solicita al ente que actualice la información y explique los mecanismos de control y transparencia implementados, el estado de avance del plan de saneamiento y, además, conocer la fecha en que se ha registrado la contaminación de los acuíferos.
Articulo 1°: Solicitar al Departamento General de Irrigacion que informe:
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a) Desde qué fecha se ha registrado contaminación en los acuíferos situados en la zona de la destilería de YPF en Lujan de Cuyo relacionados con esa empresa.
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b) Resultados de los monitoreos de los acuíferos de Lujan de Cuyo desde 2019 a la fecha, indicando ubicación de ratímetros y/o pozos utilizados para los controles con coordenadas y especificando los contaminantes detectados (MTBE, benceno, etc.)
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c) Estado de avance del plan de saneamiento vigente: pozos, planta de tratamiento, barrera hidráulica, cronograma de obras, estado actual de la misma y todo otro dato relevante al respecto.
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d) Protocolos actualizados que se implementan para planes de monitoreo.
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e) Listado de derrames, incidentes ambientales e infracciones cometidas por YPF, y sanciones aplicadas por el DGI, indicando fecha y monto de las mismas.
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f) Indique a que profundidad se encuentra la contaminación detectada, si corresponde a la napa freática y/o primer o segundo acuífero confinado.
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g) Informe si se han monitoreado las perforaciones destinadas a agua potable de la cuenca afectada por los derrames e infiltraciones.
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h) Delimite con coordenadas la ubicación actual de la pluma de contaminación.
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i) Indique gráficamente y con coordenadas la evolución de la pluma contaminada en los últimos 10 anos.
Leé aquí los argumentos del senador Gerardo Vaquer
La refinería clave del país y su impacto en una zona ambientalmente sensible
Ubicada a la vera del Río Mendoza, la refinería más importante del interior del país -solo superada por la de La Plata- procesa el petróleo que llega desde toda Mendoza y produce combustibles que abastecen a 14 provincias argentinas. En plena expansión para poder recibir más crudo de Vaca Muerta, el foco está puesto en aumentar la producción de gasoil con bajo contenido de azufre. Sin embargo, la relevancia industrial de esta planta contrasta con la fragilidad ambiental del entorno: se asienta sobre la subcuenca El Carrizal, uno de los acuíferos más importantes y sensibles del oasis norte mendocino. Se trata de una napa libre ubicada a 120 metros de profundidad, en una región que ya sufre restricciones para perforaciones por escasez de agua. En los alrededores operan numerosas fincas, bodegas y emprendimientos turísticos de alto valor que alertan sobre los riesgos ambientales y la posible afectación a la producción local y al equilibrio ecológico del área.
Irrigación: de picos de concentración de sustancias a "falsos positivos"
Aunque el volumen exacto de agua subterránea contaminada aún no ha sido mensurado, estimaciones basadas en cálculos matemáticos y estudios de campo reflejan un escenario preocupante. Informes técnicos del Instituto Nacional del Agua (INA) alertaron sobre posibles nuevas fuentes de contaminación en la zona de la refinería, aunque la empresa YPF lo niega. A su vez, el Departamento General de Irrigación relativizó algunos picos de concentración de sustancias, atribuyéndolos a "falsos positivos", aunque en sus propios informes se advierte sobre la expansión de una mancha contaminante en el acuífero. La desconfianza creció cuando, ante la hipótesis de un pico de contaminación por hidrocarburos en los muestreos, YPF terminó reconociendo la existencia de incidentes ambientales que nunca habían sido informados. Uno de los más graves fue el vuelco de 44 mil litros de gasoil en la zona de tanques, que terminó filtrándose al acuífero por la falta de impermeabilización del pretil de contención. Ese derrame no fue comunicado a las autoridades en su momento y recién se supo cuando el hecho fue admitido por la propia empresa.
Como sanción, Irrigación impuso una multa que no superó los 603 mil pesos, cifra irrisoria frente al daño ecológico generado y al nivel de riesgo que enfrenta uno de los acuíferos más importantes del oasis Norte mendocino.
Un plan sin consulta pública ni evaluación completa
Ante la evidencia de contaminación subterránea, se está ejecutando un plan de saneamiento que contempla la perforación de siete nuevos pozos para extraer agua, someterla a un proceso de filtrado en planta industrial, y reinyectarla al acuífero a través de 14 pozos alineados en una barrera de contención hidráulica.
Esta franja estará ubicada sobre calle Cobos y en el límite Este del barrio Costa Flores, una zona de transición entre área industrial y sectores residenciales y productivos de alta sensibilidad. El sistema de acueductos ya está en marcha, pero lo que genera preocupación entre especialistas y vecinos es que el Ministerio de Ambiente de Mendoza catalogó la obra como de "bajo impacto".
Esto permitió que no se exigiera un Estudio de Impacto Ambiental completo, sino apenas un "aviso de proyecto", que consideró solo los aspectos civiles de la infraestructura y dejó fuera el proceso de saneamiento del agua contaminada. Como consecuencia, la comunidad no fue informada, no se realizó audiencia pública, ni se difundieron los datos técnicos del proyecto. La falta de transparencia se suma a los antecedentes de derrames no comunicados y plantea serios interrogantes sobre la efectividad, seguridad y control social de la intervención en uno de los acuíferos más estratégicos del oasis Norte mendocino.