Murió un joven de 24 años mientras intentaba sustraer cables. Cómo es el negocio del cobre

El parte policial indica que un joven de 24 años, este viernes 9 de febrero, tras recibir una descarga eléctrica de alto voltaje, a pesar de los trabajos de reanimación, falleció.

Riesgo exagerado y una ley que aún no funciona.

Manipular cables que transportan energía eléctrica de alta tensión, implica un riesgo y por eso los protocolos para los trabajadores de las empresas que suministran electricidad, son muy estrictos.

El caso de este viernes.

Aunque está trabajando la Fiscalía N°5 y la comisaría 16, para determinar con exactitud cómo ocurrió el siniestro, todo indica que Brian López Díaz, el joven fallecido, intentaba sustraer cables que proveen energía, sobre la Ruta 52, en la zona de Villavicencio, en Las Heras. Los antecedentes penales del joven contribuyen a confirmar la hipótesis. 

Tristeza, dolor y un llamado a las autoridades.

"Trapito", como lo apodaban amigos y allegados, había estado privado de la libertad , hace escasos meses, por cometer un robo con arma de fuego. En juicio abreviado así lo reconoció pero ya había purgado su condena. Hoy pudo leerse en redes sociales el desconsuelo que causó su muerte en su pareja y amigos. Un tragedia irreversible pero la que debe servir para acelerar el trabajo en torno al robo de cables y de otros elementos que se comercializan por los componentes metálicos.

El cobre se cobra vidas.

La sustracción de cobre y de otros metales se fue acentuando con el tiempo, entre otras cosas, por el precio con el que se comercializa, tal como dimos cuenta hace unos días por otro robo de cables portada.com.ar/economia/asaltos-robos-de-auto-moto-y-dos-detenidos-por-robar-cables

¿Tan difícil será detectar quién es el comprador del cobre robado?

La recurrente pregunta que se hace cualquier ciudadano común es esta. Los riesgos y dificultades que ofrece robar cables para vender el cobre, sólo puede relacionarse con la facilidad que existe para vender lo sustraído. A propósito, primero en la provincia de San Juan, se dictó una Ley para crear un registro de personas y empresas que participan en la comercialización, fundición, utilización del cobre y otros metales.

La originalidad no cuenta en asuntos de política y leyes.

En Mendoza, poco tiempo después que sus vecinos del norte, también se elevó un proyecto de iguales características. Fue aprobado por unanimidad en la Legislatura y se convirtió en ley 13 meses atrás. Casualmente la autora de ese proyecto es hoy, la principal autoridad en materia de prevención y represión del delito, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus

La ley y el orden.

 La ley propone un Régimen Preventivo y de Control de Actividades con metales no ferrosos. Tanto como la de San Juan, se trata de hacer un registro de personas, empresas, entidades, instituciones que requieran de materiales no ferrosos, como el cobre y el aluminio, para sus desempeños industriales, comerciales, tecnológicos y hasta artísticos, ambos metales también son utilizados para esculturas, por ejemplo.

Muere un joven y nosotros, nos vamos poniendo viejos.

Los trece meses que nos separan desde que se aprobó la ley pueden resultar escasos para que se aplique, según los tiempos de la burocracia, lo cierto es que no se detecta un descenso en este delito y tampoco se ha conocido algún caso en el que el sancionado, haya sido el adquiriente de estos metales, sin la trazabilidad que pueda justificarlo. Es obvio que si continúa los robos de cables, transformadores y otros bienes que contienen estos metales, es porque el negocio delictual no se ha desactivado y la vocación por eliminar este delito no es suficiente.

Materialismo desalmado.

Perturba, ante la ocurrencia de una muerte, que se especule con números. Pero es una cuenta que devela el descontrol que hay en este tipo de comercios delictivos. El valor que los delincuentes pueden rescatar en la venta del metal sustraído no guarda proporción con: los costos de restituir un tendido de cables; los gastos que produce para las empresas participantes pero también para las y los ciudadanos, que suelen ver afectado sus servicio de provisión de energía, y los daños que producen estos robos en zonas rurales son prácticamente incalculables, y esos casos, suelen no ser individuos de conductas vandálicas quienes producen esos robos, sino organización bien aceitadas.