Las personas con discapacidad no son casta

Desde el 8 de mayo, circula un proyecto de decreto del gobierno de Javier Milei que desregula el nomenclador que establece los mismos aranceles por prestación para todos los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación, y acordados en el Directorio de Prestaciones Básicas, es decir que la Agencia Nacional de Discapacidad dejaría su rol de organismo de regulación del Sistema, asignado hace 25 años, por el artículo 1 del Anexo 1 del Decreto 1193/98.

Quien firma tal proyecto es Diego Spagnuolo, director libertario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado del presidente Milei en distintas oportunidades.

Es por esto, que todo el colectivo de discapacidad: las personas, familias, trabajadores, trabajadoras y organizaciones, y que llevan años reclamando mejoras en todo lo que tiene que ver con su acceso a derechos, hoy se encuentra en estado de alerta por este decreto que no hace otra cosa que aumentar aún más las desigualdades de las personas con discapacidad, por ejemplo:

"Al desregular eso y dejar que cada obra social pague lo que quiera, lo que vamos a terminar sufriendo es una desigualdad absoluta. Donde aquellos que tengan obras sociales que paguen más van a poder acceder a las prestaciones, y quienes tengan obras sociales que decidan recortar su presupuesto en prestaciones no van a poder acceder", lamentó Valeria Díaz, integrante del colectivo como familiar de una persona con discapacidad.

El proyecto de decreto dice:

"Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad", dice el artículo 2 del proyecto de decreto, fechado el 8 de mayo y firmado por Diego Spagnuolo, de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado de Milei.

Con este decreto, si entra en vigencia, va a permitir que los financiadores de la Superintendencia, Pami e Incluir Salud, fijen sus propios aranceles en lugar de que estos sean acordados en el Directorio de Prestaciones Básicas, esto es desigualdad, porque:

• va en contra de la universalidad de la atención de calidad

• es un medida contraria al principio de progresividad establecido en el art. 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

• sería un política pública regresiva para la garantía de derechos de las personas con discapacidad

• llevaría a los prestadores a brindar servicios al que mejor pague

Qué beneficios trae el Nomenclador

El CUD, Certificado Único de Discapacidad, permite el acceso a las personas con discapacidad a esas prestaciones, y el Nomenclador que haya profesionales para esas terapias.

"Con el Nomenclador mercantilizado -porque desregular es un término edulcorado para vender ajuste- lo que sabemos es que va a generar ciudadanos de primera y de segunda, en un colectivo ya de por sí vulnerado", alertó Julia Domínguez, psicopedagoga y miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión.

El decreto le da autonomía a los entes financiadores y como consecuencia, desfinancia todos los fondos que están contemplados en el artículo 7 de la Ley 24.901, las obras sociales que son beneficiarias de estos fondos no van a tener .el dinero para pagar las prestaciones. Eso va a generar una cadena donde las obras sociales no van a poder cumplir el 100% de las prestaciones en discapacidad.

"Y tampoco las personas con discapacidad se van a poder financiar por sí solas las prestaciones. Porque 8 de cada 10 no tienen trabajo en este país. Y la pensión por invalidez equivale al 70% de una jubilación mínima".

"Esto se traduce en que menos prestadores van a querer trabajar por obras sociales y el trabajo va a ser devaluado, va a generar competencia desleal entre colegas, abandono de tratamientos, pérdida de vínculos terapéuticos. Más frustraciones, fobias, patologías de salud mental generadas por esto. Hay un arrastre de situaciones graves. A las familias las pone en situación desesperante. La vulnerabilidad es enorme y el abandono es grande".

Comunicado de CAIDIS

El Consejo Argentino Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CAIDIS, emitió un comunicado para explicar "por qué el Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas debe ser único".

Remarcó que el sistema, que funciona desde hace un cuarto de siglo, "es una de las principales políticas públicas para las personas con discapacidad certificada de nuestro país. El Sistema tiene por objeto la cobertura integral de las necesidades y requerimientos de esta población y la universalidad de la atención de calidad mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos".

"Llamamos la atención a estos dos conceptos: integralidad y universalidad. La integralidad se vincula con el deber de cobertura total, al 100 %, de las prestaciones y servicios contemplados (...) La universalidad se relaciona con que todas las personas con discapacidad certificada, sin importar si son afiliadas a obras sociales nacionales, al PAMI o a Incluir Salud, accedan a servicios y prestaciones de la misma calidad".

"Dejando de lado los incumplimientos, que por supuesto existen, todos los beneficiarios del Sistema acceden a una cobertura integral de calidad, lo que permite afirmar que el Nomenclador con aranceles únicos ha robustecido el mandato de integralidad y universalidad que surge de la ley 24.901", afirmó el CAIDIS.

Por eso, cuestionó y alertó sobre la posibilidad de su desregulación. "Implicaría que la Agencia Nacional de Discapacidad abdicara de su rol de organismo de regulación del Sistema, asignado por el artículo 1 del Anexo 1 del Decreto 1193/98".

Además, "romper la política de arancel único para todos los financiadores del Sistema es poner en riesgo la universalidad de la calidad de las prestaciones y servicios del sistema, porque el nomenclador está indisolublemente asociado a la calidad de las prestaciones que exige el Marco Básico para todos los prestadores registrados. Si ANDIS no va a regular el sistema y el Directorio no va a establecer los aranceles para que cada financiador pague distintos montos, se corre el riesgo de que los criterios que sigan para establecer los aranceles no aseguren la calidad que caracteriza al sistema desde su origen".

Si eso ocurre "será una consecuencia inevitable que los beneficiarios de aquellos financiadores que paguen menos accedan a prestaciones de menor calidad. Por todo esto, que cada financiador tenga sus propios aranceles en lugar de que estos sean acordados en el Directorio de Prestaciones Básicas para todo los financiadores del Sistema conspiraría contra la universalidad de la atención de calidad, y resultaría una medida contraria al principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues se trataría de una medida de política pública regresiva para la garantía de derechos de las personas con discapacidad".

Hablamos con Claudia D'Ippólito prestadora en discapacidad en Bs.As

Claudia, además de ser familiar de una persona con discapacidad, es prestadora, por lo tanto forma parte de las y los trabajadores del colectivo. Y entiende que este proyecto de decreto de desregulación atrasa décadas en materia de igualdad de derechos.

Ella dice que esto no significa que se van a sacar las prestaciones, pero sí considera que los prestadores son el efecto dominó del asunto, por que van a tener la "libertad" de trabajar con las obras sociales que mejor paguen.

Lo que determina esta desregulación es la ausencia en materia de igualdad en derechos de las personas con discapacidad, contemplados en la Constitución Nacional y en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en la charla nombra algunos a tener en cuenta:

Constitución Nacional

• Art. 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad

• Art 25: Salud

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud.

CONVENCION.pdf

D'Ippolito y todo el colectivo de discapacidad consideran que todo esto va en línea con todo lo que está haciendo el Gobierno de Javier Milei, que es desintegrar cualquier tipo de ayuda desde el Estado, sobre todo a sectores vulnerables: jubilados, personas que no acceden a los medicamentos, y las personas con discapacidad, que no van a poder acceder a servicios para garantizarles calidad de vida.

Por eso, la Lic Claudia D'Ippólito le dice a Javier Milei y Diego Spagnuolo

EL Colectivo de Personas Con Discapacidad NO SON LA CASTA Las PCD no agarran la pala porque su condición no les permite a muchas de ellas. Las PCD no son vagos, su condición es bio psico social Las PCD no son planeros, ni chorros, aportan mensualmente a su sistema de salud. Las PCD no evaden impuestos y son las más vulneradas. Las PCD que no trabajan es porque no se respeta el 4 % del cupo laboral. Los Prestadores de PCD no agarran la pala porque ponen el cuerpo. Los Prestadores no son vagos porque todos brindan prestaciones. Los Prestadores trabajan mas allá de lo facturado. Los Prestadores no evaden impuestos, aportan mensualmente para cobrar a los 90 días mínimos. Los Prestadores no tienen cuentas en paraísos fiscales, no son chorros. El Colectivo de PCD decimos NO al decreto del nuevo Sistema de Prestaciones Básicas, porque es inconstitucional, vulnera los Derechos Humanos poniendo en desigualdad de condiciones como expresa la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad. Lic. Claudia D'Ippolito