Discapacidad se manifiesta en todo el país en contra del ajuste de Javier Milei

La medida se decidió luego de conocerse, el pasado 10 de mayo, un proyecto de decreto del gobierno de Javier Milei que establecería que "los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad".

Así lo reflejábamos en la siguiente nota:

Las personas con discapacidad no son casta - Portada

Comunicado del Foro Permanente Discapacidad

El viernes 10 de mayo, se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas.

Acceder al proyecto de decreto

Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga.

La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello. Además de la desigualdad que implica esto, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad.

De efectivizarse esta medida se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado -que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad-, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga.

De hecho, actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores. Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto.

Por los motivos expresados, exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años.

Para acceder a más información sobre el decreto, compartimos el documento leído en la Conferencia de Prensa que realizamos días pasados: VER

La presidenta de la Fundación Anidar, María Elena Arce explica que:

"Actualmente todas las prestaciones tienen igual valor para obras sociales, o para quienes dependen del Estado" y que tal actualización se hace desde el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad, que está conformado por:

representantes del Pami

• de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
• de Incluir Salud
• de la Superintendencia de Servicios de Salud
• del Ministerio de Salud de la Nación
• de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
• de dos representantes de los prestadores
• del Consejo Federal de Discapacidad (con voz y sin voto)

Con el proyecto de decreto del gobierno de Javier Milei cada quien puede determinar los aranceles que quiera, a la lógica del mercado.

De esta manera se va a romper el logro que se había establecido desde la vigencia de la Ley de Discapacidad, de que todo paciente del sector reciba la atención necesaria sin discriminación alguna por tener una obra social o prepaga determinada, o tener la cobertura estatal.

Y va en contra de la universalidad de la atención de calidad y a los derechos:

• es un medida contraria al principio de progresividad establecido en el art. 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

• sería un política pública regresiva para la garantía de derechos de las personas con discapacidad

• llevaría a los prestadores a brindar servicios al que mejor pague

Mendoza

La concentración será a las 10.30 en la Legislatura Provincial, Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento.