Cuando nombrar también es reconocer

En agosto, la Argentina vuelve sus ojos a los chicos. Habrá regalos, salas repletas, funciones de teatro, meriendas comunitarias y mensajes de afecto. Todo eso tiene valor. Pero el Día de las Infancias no debe reducirse a una fecha de consumo ni a un gesto anual de ternura: debe ser, ante todo, una interpelación colectiva sobre las condiciones reales en que viven, crecen y proyectan su futuro millones de niñas, niños y adolescentes.

El origen de la conmemoración está muy por encima del calendario comercial. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1954, recomendó a los Estados establecer un día dedicado a promover la fraternidad, la comprensión y el bienestar de los niños. El 20 de noviembre conmemora dos hitos universales: la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Esta última convirtió una idea fundamental en un deber jurídico:

Los niños no son objetos de protección ni destinatarios pasivos de la benevolencia adulta, sino sujetos plenos de derecho. El 20 de noviembre es el Día Universal del Niño precisamente por el impacto de esos dos grandes hitos de las Naciones Unidas.

Históricamente, Argentina ha tenido una celebración en el mes de agosto. Este año la fecha coincide con el domingo 16. Aunque el Gobierno nacional denomina oficialmente a la fecha ‘Día del Niño', (Decreto 562/2025 (DECTO-2025-562-APN-PTE), firmado el 6 de agosto de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 7 de agosto de 2025) aquí hablo de ‘Día de las Infancias' porque el plural reconoce que no existe una infancia única ni iguales condiciones para transitarla.

Hablar de "infancias", en plural, no es una excentricidad lingüística. Es aceptar una evidencia: en la Argentina no existe una sola forma de ser niño. No es la misma infancia la de quien tiene una vivienda digna, alimentación suficiente, acompañamiento afectivo y una escuela que incluye, que la de quien padece el hambre, la violencia en su hogar, la precariedad habitacional, la falta de acceso a la salud o el abandono institucional. La experiencia de una niña con discapacidad, de un niño rural, de quien habita una comunidad indígena, de quien está bajo cuidado estatal, de quien migra con su familia o de quien crece en un contexto atravesado por consumos problemáticos y violencia, tampoco es idéntica.

El plural no es una fragmentación: obliga a mirar. Mirar es el primer paso para no naturalizar desigualdades que lesionan derechos elementales.

El juego, el descanso, la recreación y la acceso a la cultura son derechos y no lujos. Pero ningún juguete compensa una mesa vacía, una escuela que rechaza, una guardia médica inaccesible, un adulto que no escucha, un expediente judicial que demora decisiones urgentes sobre la vida de un niño.

La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a que en todas las decisiones que les afecten prima su interés superior. La fórmula es conocida; su cumplimiento demasiado irregular. El interés superior no puede ser una frase decorativa en una sentencia, una campaña oficial o un discurso de ocasión. Exige respuestas concretas: políticas de primera infancia, nutrición, salud mental, educación de calidad, prevención de violencias, acompañamiento familiar, acceso a la justicia y protección efectiva frente a cualquier forma de abuso, negligencia o explotación.

Y también exige que se escuche. Por muchos años los adultos hemos hablado sobre las infancias sin hablar con ellas. Pero la facultad de ser oído no es un recurso retórico ni una concesión benévola: es una garantía jurídica. Escuchar a un niño significa tomar en serio lo que dice, adaptar los procedimientos a su edad y madurez, darle información que pueda entender y evitar que su participación se convierta en una nueva causa de daño.

En los procesos judiciales de familia, en las intervenciones administrativas y en las instituciones educativas y sanitarias, esa obligación sigue siendo difícil de cumplir. Hay niños a los que se les escucha tarde: cuando el conflicto ha crecido, cuando la violencia ha dejado secuelas, cuando la desvinculación afectiva ha arraigado o cuando una medida excepcional se ha prolongado más allá de lo admisible. La protección tardía puede ser también una forma de desprotección.

El Día de las Infancias debería plantearnos una pregunta incómoda: ¿qué hacemos el resto del año para que cada niño pueda ejercer sus derechos?

La respuesta no es sólo del Estado, aunque tenga una responsabilidad indelegable. Afecta a las familias, a las escuelas, a los medios de comunicación, a los sistemas de salud, a la Justicia, a las organizaciones sociales y al mundo empresarial. Se trata, en definitiva, de una sociedad que suele conmoverse ante los casos extremos, pero que no siempre advierte las vulneraciones cotidianas: la humillación, el castigo físico, la discriminación, la falta de acceso a una vacante escolar, la exposición de la intimidad infantil en redes sociales, la revictimización institucional.

Defender a las infancias significa también hacer una revisión del modo en que los adultos ejercemos poder. No puede haber educación basada en el miedo, ni justicia cuando la voz de un niño está supeditada a las disputas de los mayores. La infancia no debe ser territorio de nadie: de los padres, las instituciones, a ideología, ni de la burocracia.

La celebración de agosto debe recuperar su sentido más exigente: recordar que la niñez es un tiempo irrepetible y que toda omisión adulta tiene consecuencias. Cada retraso en la garantía de alimentos, escuela que no incluye, consulta de salud que no llega, violencia que se minimiza, cada niño que no es escuchado deja una huella que ningún festejo posterior puede borrar.

Celebrarlo, sí. Regalar, también. Pero, sobre todo, garantizar. Que el Día de las Infancias no sea la excepción afectuosa de un calendario, sino el recordatorio de un deber permanente: convertir a cada niña, niño y adolescente en una prioridad real, visible y protegida.