Cacho Garay y el precio del escarnio público: la libertad que no repara el alma

Cacho Garay ha vuelto a caminar las calles, aunque su condición procesal aún no dictamina la situación definitiva. Espera ser absuelto, según manifiestan desde su defensa.  Lo hace en libertad bajo fianza, con restricciones que dictamina la Justicia, mientras el proceso penal no se agota. A casi dos años de haber sido privado de su libertad, no hay una sentencia que lo declare culpable, pero tampoco una que lo absuelva. Está, como tantos otros, en el limbo judicial que permite caminar, desplazarse, no mucho más, aunque para quien ha estado privado de su libertad, eso signifique volver a respirar

Durante más de 700 días, Garay permaneció detenido. Su situación procesal se prolongó entre dilaciones, decisiones controvertidas, algunos episodios increíbles y una investigación que, según su defensa, adolece de serias falencias. Uno de los que más suspicacias viene generando es la existencia de un celular secuestrado al propio Garay, que nunca fue peritado ni abierto, pese a los reiterados pedidos formales de su defensa en distintas audiencias. No se trata de un dispositivo sofisticado ni inaccesible desde lo tecnológico. Sin embargo, hasta hoy, sigue sin ser examinado, a pesar de que podría contener evidencia clave tanto para la acusación como para la defensa.

La resolución que permite su excarcelación, firmada por la jueza Natacha Cabeza, se apoya en dos ejes: el estado de salud del imputado y el cambio de domicilio de la denunciante.

Aun así, impone una serie de medidas cautelares estrictas. No se trata de una libertad plena ni definitiva.

¿Y el juicio mediático?

En el plano social, el caso de Garay puso en evidencia otro tipo de juicio: el mediático, el inmediato, el que no espera pruebas ni desarrollo procesal. En este caso, a diferencia de otros, la pretensión de condenarlo por anticipado funcionó sólo parcialmente y ante quienes se nutren de una televisión que por un punto de rating no se privan de convertir a cualquiera en culpable y a la vez, en seguir vulnerando derechos, en demasiados casos, también de la víctima. La tv -y en Mendoza, en varios casos, también la Justicia, la presunción de inocencia está vedada. En el caso de Garay, sería injusto generalizar y afirmar que fue condenado por la "opinión pública", porque también una gran proporción de ese sustantivo tana inasible, confía en su condición honorable. En ese contexto, el humorista quedó atrapado en una grieta emocional, donde la prudencia no gobierna, y los inescrupulosos no tienen contemplación para con nadie. 

La peligrosa arista

Bajo una misma carátula, otros casos desnudan la inoperancia, sea por indolencia, ineptitud o complicidad, de la actuación del Ministerio Público Fiscal. El caso más palmario es de quien se señaló como violador y  se lo sindicó como quien secuestró a una joven en Las Heras. En este último delito lo alcanza la presunción de inocencia, sin embargo, el imputado estuvo prófugo con pedido de captura previo al ataque que sufriera este nueva víctima. Esto describe sin ambages el inequitativo actuar de "la Justicia".  Mientras Garay se ha mantenido a derecho, a pesar de atravesar circunstancias que ninguna persona debería sufrir por parte del Estado, el delincuente prófugo de Las Heras pudo cometer otro acto aberrante y ultrajante, sin que ese Estado de vocación punitiva-selectiva lo haya capturado a tiempo. El sólo contraste -desigualdad en métodos y procesos- evidencia el riesgo que debe asumir cualquier ciudadano o cualquier ciudadana.

Libertad: sí, pero restringida

Hoy Cacho Garay camina en libertad restringida, sin sentencia firme. El proceso judicial sigue su curso, con una lentitud insoportable y algunos desvíos inexplicables. Pero también merece continuar el análisis social: ¿hemos convertido el derecho en espectáculo? ¿Podemos sostener, sin daño colateral, una justicia presionada por los titulares?

La presunción de inocencia no puede ser un concepto caprichoso: es el pilar sobre el que debe sustentarse cualquier proceso justo. Y si esa garantía se vulnera antes del juicio, entonces el daño -aunque el tiempo y las pruebas puedan repararlo jurídicamente- la lesión será irreversible. La imagen pública manoseada y la integridad moral de la persona, su familia y sus afectos, rota.