Bergoglio tiene sesenta días para responder

La ONU exige al Vaticano dar explicaciones sobre abusos sexuales eclesiásticos. En un informe enviado al papa Francisco, la Organización de las Naciones Unidas le exige dar explicaciones, informes y cambios en las normativas con las que tratan los miles de casos de abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes por parte de curas, obispos, monjas… Continúa leyendo Bergoglio tiene sesenta días para responder

La ONU exige al Vaticano dar explicaciones sobre abusos sexuales eclesiásticos. En un informe enviado al papa Francisco, la Organización de las Naciones Unidas le exige dar explicaciones, informes y cambios en las normativas con las que tratan los miles de casos de abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes por parte de curas, obispos, monjas y laicos de estrecha relación con la jerarquía eclesiástica. El Vaticano tiene 60 días para responder.

 

A comienzos de esta semana, cuatro funcionarios de Relatorías Especiales de Naciones Unidas enviaron un comunicado al Vaticano donde instan a la santa sede a tomar todas las medidas para frenar y prevenir la repetición de violencia y abusos sexuales contra niños en instituciones católicas. Y asegurar que los responsables responderán por ello y se pagarán indemnizaciones a las víctimas.

Este comunicado se produce en el contexto del debate sobre derechos humanos impulsado por la ONU que se llevará a cabo a fines de junio sobre mujeres, personas con discapacidad, menores y tráfico de personas.

Entre las denuncias de casos de abuso en varios países del mundo, el documento expone una que desde hace años tiene gran repercusión en Argentina: el caso del Instituto Antonio Próvolo (con sus sedes en Mendoza y La Plata).

En febrero de 2020, representantes del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo y sus abogados Lucas Lecour y Sergio Salinas viajaron a Suiza a presentar la denuncia ante Naciones Unidas, indicando en detalle el accionar de la Iglesia católica en el caso, tanto en las medidas de encubrimiento, obstaculización del proceso judicial y en la no reparación de las y los sobrevivientes.

También denunciaron que no se les ha otorgado ninguna reparación integral a las y los sobrevivientes, quienes llevan esperando mas de un año por ellas.

La ONU afirma en el comunicado enviado a Roma que desde la jerarquía eclesiástica se procuró ?proteger a los presuntos autores, encubrir delitos, obstaculizar la rendición de cuentas de los presuntos autores y evadir las reparaciones debidas a las víctimas?, y le da un plazo de 60 días al Vaticano para que responda.

Actualmente en el segundo megajuicio del Próvolo , donde están siendo juzgadas dos monjas y siete colaboradoras del instituto ubicado en Luján de Cuyo, la estrategia de los abogados de las denunciadas es dilatar el proceso judicial, entorpeciendo y presentando nulidades a los jueces con el objetivo de atrasar la condena. Lo que señalan desde la ONU se ejemplifica en el accionar de la Iglesia frente a cualquier caso de abuso sexual eclesiástico.

La Iglesia Católica suma más de mil denuncias por abusos sexuales en  Latinoamérica

Otro ejemplo de estos casos, también en Mendoza, está siendo denunciado desde hace algunas semanas por por el caso del monasterio cristo orante en valle de uco, y el encubrimiento de sus perpetradores por parte de los obispos Marcelo Colombo, Marcelo Mazzitelli y Felipe Braida.

El comunicado de la ONU expresa la preocupación por el sistema de encubrimiento que garantiza la impunidad de los miembros de la Iglesia, ya sea por el ocultamiento o el traslado a otros países de los abusadores.

El papa Francisco deberá responder en 60 días a los pedidos de la ONU. Esta presión ejercida hacia la Iglesia obliga a tomar posición aún a quienes buscan salvar el pellejo de Jorge Bergoglio, mostrándolo como un papa preocupado por el tema. Más allá de los discursos a favor de tomar cartas en el asunto, son los silencios y los encubrimientos sistemáticos del Vaticano respecto a sus crímenes los que deshacen cualquier promesa de autojuzgar a sus ejecutores.

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