Amenazas y persecución por una ejecución policial no esclarecida. Denuncia en la Legislatura

Gravísima denuncia ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura de Mendoza

El 21 de mayo, daban a conocer que una efectiva de la policía de Mendoza se defendió de un asalto y de dos disparos terminó con la vida de Juan Ariel Azcurra.

Los medios no tardaron en replicar el parte que envía el Ministerio de Seguridad y Justicia, argumentando que la víctima tenía un frondoso prontuario y que la ejecución fue en legítima defensa.

Actuación judicial

Con una celeridad inédita, la Fiscal interviniente, en principio quiso cerrar el caso, a pesar de los reclamos de familiares, quienes sostienen que los hechos no fueron tal como -al parecer- armaron, para poder sobreseer a la policía que dio muerte a Juan Ariel Azcurra, un joven de 31 años con serios problemas de salud.

Investigación particular

Ante la reticencia de la Fiscal Lazo para atender los reclamos de familiares y para recabar algunas pruebas de gran utilidad, cuestión de establecer cómo se sucedieron los hechos, fueron los propios familiares, con el auxilio de dos abogados, quienes afrontaron una investigación, en la que aportan videos y testimonios, los cuales resultarían irrefutables.

La revisión en las condiciones del cadáver por parte de un profesional -dato que sorprendió a la propia fiscal según afirman en la denuncia presentada- agrega un informe científico que exigiría una investigación rigurosa y que modifica sustancialmente el relato de la actuación policial.

Contradicciones peligrosas

Las inconsistencias en las crónicas periodísticas no difieren de la apresurada información oficial, que resulta inaccesible, no sólo a la prensa sino además a la propia familia Azcurra y a sus abogados.

El "frondoso prontuario" no se ha podido determinar, y lo que trascendió, no se ajusta a lo que supuestamente aconteció como para que alguien con un arma reglamentaria, termine con la vida de un ciudadano. Basta escuchar lo que aún permanece en sitios digitales para advertir que las contradicciones abundan. 

1. La cantidad de disparos efectuados.
2. La hora de los hechos.
3. El lugar del hecho.
4. El sitio en el que aparece la víctima.
5. El lugar y las condiciones en las que se encuentra el arma "tumbera". 
6. La contaminación del lugar.
7. La modificación de la escena en donde se produjo la ejecución de Juan Azcurra.
8. Contradicción cardinal en relación al sentido de circulación del ómnibus aludido.
9. Las versiones sobre la actividad que en ese día debía cumplir la efectiva policial.
10. La aparición de dos objetos que no estaban cuando ocurrió la muerte de Azucurra.
11. La negativa de pedir las imágenes de las cámaras de seguridad privadas y las de vigilancia estatal.
12. Los supuestos antecedentes de la víctima.

Vehículos sin identificación, amenazas y persecuciones

En la denuncia elevada hoy ante la Comisión de Derechos y Garantías, de la Legislatura de Mendoza -documento que se puede leer completo aquí Denuncia en Derechos y Garantías por caso ejecución de Juan Azcurra- detallan que han pedido protección especial para dos testigos que serían de vital importancia y la solicitud de habeas corpus para los familiares directos, quienes reciben amenazas y han sufrido intimidaciones de parte de personas ignotas que han dicho ser policías.

Explica el abogado que patrocina a la familia Azcurra, que acude a este recurso extraordinario por la deficitaria actuación del Ministerio Público Fiscal y los mensajes mafiosos que han recibido desde que se ocuparon de colaborar con la familia Azcurra.

Testigos protegidos

La presentación ante la Comisión de Derechos y Garantías busca que se comprometan a realizar la investigación con los muchos datos y pruebas que hasta aquí no fueron considerados, y tratar de desarticular las inexactitudes volcadas en la causa.

Diario PORTADA tuvo acceso a las declaraciones de los testigos de identidad protegida, y los relatos son tan diferentes a los que se hicieron circular, como escalofriantes.

Atmósfera nostálgica de tiempos trágicos

Esta denuncia resulta sobrecogedora por las circunstancias que describe, por la solidez de pruebas aportadas y por el momento que atraviesa el país.

Después de un acuerdo social e institucional consolidado en 39 años, momento en el que argentinas y argentinos decidieron decir "Nunca Más" al asalto contra la República y "Nunca Más" al quiebre del Sistema Democrático y al Estado de Derecho, se producen actos que reivindican la dictadura, que desarticulan institutos que defienden los derechos ciudadanos y se padecen acciones de hostigamiento y persecución que se entendían erradicadas.

No alcanza con taparse los oídos para evitar escuchar la alarma que se ha encendido.