Ex funcionario de Cornejo condenado por abuso sexual

Si contemplamos el caudal de denuncias sobre abusos que se vienen suscitando en Argentina, podemos comprobar que la lucha en favor de mujeres, niñez, trabajadoras y disidencias no ha sido en vano. A la vez se observa que la gran mayoría de estos abusos, destratos, atropellos, son provocados por quienes ejercen el poder, en todo lugar y momento.

La tenacidad del feminismo y de las disidencias, ha conseguido conquistas impensadas hace apenas algunos años atrás. Mendoza, tierra de sol y buen vino, no es ajena a esa lucha pero, lamentablemente, tampoco a los abusos.

Ayer conocimos una sentencia contra un ex funcionario de la Secretaría de Trabajo, por abuso sexual contra tres trabajadoras de ese organismo estatal, la misma fue dictada por el juez Luis Correa Llano del Tribunal Penal Colegiado N°2 mientras que la querella había pedido tres años y la fiscalía, a cargo de Darío Tagua, la pena mínima de seis meses de cárcel.

El ex funcionario había sido denunciado por tres empleadas de la Subsecretaría de Trabajo, por tocamiento de sus partes íntimas en reiteradas oportunidades y eso motivó a una de las agentes estatales a radicar una presentación contra Jofré en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, lo que generó un fuerte escándalo.

La polémica estalló allá por el 2017 en ese momento, el Gobierno decidió mantener al exsubsecretario en el cargo hasta junio de 2018, cuando finalmente presentó la renuncia, para que la justicia pueda investigar, según dijeron en su entorno en aquel momento.

Además, la defensa de las trabajadoras a cargo de Alfredo Guevara y Julieta Nacif señaló que el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados deberá actuar para que se le quite la matrícula de abogado, y no siga dando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo por la gravedad de sus acciones.

Por último, ambos abogados habían pedido también que el estado provincial se disculpara públicamente de las víctimas, en tanto que se estableciera un protocolo para actuar en casos de violencia de género en el ámbito laboral de las dependencias públicas.