Es inútil. El senador Marcelo Rubio no nos atiende.

Nuevamente y como viene sucediendo desde hace décadas, desde las élites de la política partidaria proponen un cambio de la Constitución de Mendoza, cuya letra data de 1916.

Imposible considerar que aún resiste aquella carta magna que requirió de varias modificaciones parciales, incluida la del voto universal.

Omitir que hubo otra Constitución dictada en el año 1949 agrega un eslabón a la cadena de vergüenzas institucionales que se esconden con gran eficacia. Fue Isidoro Busquets ?, radical, interventor de facto designado por el dictador Aramburu quien mediante decreto retornó a la de 1916. O sea, un retroceso institucional contundente. Otro golpe a la democracia y una demostración cabal de que la democracia y la república son dos palabras veneradas por muchos, pero sólo cuando son elegidos ellos.

A pesar del férreo espíritu conservador y la persistencia de aquella Constitución, las modificaciones y el dictado de algunas normas, auspiciadas y alentadas por el cambio de la Constitución Nacional (1994) han procurado actualizar asuntos que son de gravitación trascendente. Básicamente todo lo que consagra derechos individuales y la contemplación de las diferencias entre los ciudadanos de una comunidad.

Hace nueve años se dictó la Ley Provincial 8345 que creó un instituto que desde PORTADA.COM.AR consideramos indispensable. La figura de la Defensoría de las Personas con Discapacidad.

Nuestros lectores habituales saben, portada.com.ar tiene como elemento de diferenciación precisamente ese, es un sitio informativo y de opinión elaborado por personas sin y con discapacidad, pero además, procurando sea un medio de comunicación accesible para individuos también, sin y con discapacidad. A propósito de esta intención e interés que develamos desde la fundación de portada.com.ar es que hemos tratado el tema de la irregular situación en la que se encuentra esa función, sin ocultar que en este sitio trabaja y participa el contador Germán Ejarque, referente del sector.

Tal como es nuestra obligación, hemos entrevistado a quien fuera designado para ocupar tal cargo en 2013, Licenciado Juan Carlos González. Él mismo admitió que su mandato está vencido, según la ley 8510. Y no es cuestión de días. Dos años hace que el cargo está ocupado sin el proceso que la ley indica, o sea de modo ilegítimo. Abreviando podemos decir que lo que fue un símbolo de vanguardia en materia de derechos humanos, la Legislatura provincial logró traducirlo en un bochorno. Recordemos que para la designación de sustitución (o renovación) en el cargo, pesó la partidocracia impúdica en vez de la cordura.  Los antecedentes y méritos de los postulantes quedaron enlodados por la ambición mezquina del actual partido gobernante. Y podríamos agregar, también por la indolencia de los representantes de la oposición. La figura, el cargo, el rol del Defensor de las Personas con Discapacidad tiene vital importancia para que esta minoría, en muchas ocasiones olvidada cuando no vulnerada, no adicione a sus dificultades las que solemos propiciarle por la invisibilidad que vienen sufriendo.

Supimos del Proyecto de Ley  (Expte.: 0000074542).  Intentamos y con insistencia charlar con su autor, Senador Marcelo Patricio Rubio. No sabe, no contesta.

Ante ese silencio, sólo podemos inferir. Según la letra del articulado pretendido, la intención es reducir la representatividad de las Personas con Discapacidad.  Argumenta que ?tal como está en la ley actual- pretender acuerdo de las dos terceras partes de la representación legislativa conspira con la designación del Defensor y burocratiza el proceso. Sugiere que el sistema acordado es desproporcionado y aletarga la definición.  Suena extraño que se manifieste de esta manera luego de 8 años. Pues de ese modo fue designado quien hoy usurpa el cargo, y en aquella ocasión y durante los 5 años de legítima función no hubo de parte de los que ahora proponen este cambio, alguna observación.

Arriesgamos opinión al no contar con el testimonio de Rubio. El proyecto en cuestión es coherente con el modo en que se viene ejerciendo el Poder en la provincia desde la gobernación Cornejo. Dice Rubio que ni siquiera para elegir a un miembro de la Corte Suprema de Justicia hay tal exigencia de consenso. Sin dudas. Más aún, la última designación está siendo severamente cuestionada, no por enrevesadas elucubraciones intelectuales, sino porque- ante la lectura de un ciudadano lego y común- carece de   un requisito que dicta la propia Constitución, aunque haya espacio para el debate.

Acumular poder a como dé lugar no es sano. Que ahora se pretenda cambiar la Regla de Juego, mientras HOY no se cumple la vigente ni se subsana el déficit que existe, es cuanto menos irritativo.

El proyecto consiste en que sea el Gobernador quien propone y la Legislatura quien avale o rechace, por mayoría simple. O sea, la idea es que lo designe el Gobernador, algo que ?a nadie puede caberle duda- desnaturaliza la figura del Defensor de las Personas con Discapacidad. Es un rol de auxilio y contralor.  El Estado, más allá de quienes ocupen los cargos de Gobierno, viene incumpliendo de modo categórico con la legislación que protege a las Personas con Discapacidad y las incluye.

El incumplimiento flagrante de las leyes sancionadas, aprobadas y reglamentadas describe claramente la indefensión a la que nos vemos expuestos los ciudadanos y mucho más aquellos que padecen una discapacidad.

La impericia política no se puede resolver mediante el dictado de otra Ley para esconder las desinteligencias o contubernios. No es así como se corrigen los defectos de la Democracia, eliminando transparencia y participación.

Pensábamos que luego de la sanción de la Ley 9209 y su posterior ?arrepentimiento súbito? con el dictado de la 9210 (que derogó los efectos de la anterior)  bastaba como antecedente para que en la Casa de las Leyes asimilaran la lección. Pero no. De ninguna manera.

Este intento de modificar una Ley para concentrar poder desde el Ejecutivo insinúa un sometimiento que echa por tierra todo predicado en defensa del sistema republicano.

Si en verdad quisieran ahorrar burocracias y agilizar soluciones, hagan lo que debieron haber hecho hace dos años. Las personas con Discapacidad necesitan y merecen legítima representación. El resto de la ciudadanía, también.

(N.R.) No por ser Rubio, pero confesamos que con la desatención, en PORTADA.COM.AR advertimos una ostensible discriminación, sólo pretendíamos su testimonio.