Los planes de ayuda y asistencia anunciados no llegan a las empresas mendocinas

En teleconferencia de prensa,  los principales referentes del sector privado enunciaron la situación dramática que se vive y advierten que si no se toman las medidas necesarias, será trágico el panorama en los próximos meses.

Las cinco entidades gremial empresarias que acordaron una alianza meses atrás para organizar el primer “Mendoza Debate”, del que participaron todos y todas quienes aspiraban a ocupar el sillón de San Martín, hace algunos días le enviaron al gobernador Rodolfo Suárez una carta en la que planteaban las muchas necesidades de la actividad privada, además recordándole los compromisos asumidos en ocasión del debate y avanzando en aspectos políticos de fondo.

Ante periodistas de varios medios, los titulares de estas entidades y representantes del Sur provincial y del Valle de Uco plantearon el oscuro panorama que avizoran. Sentaron posición política y respondieron requisitorias de la prensa

Destacaron que apenas el 17% por ciento de entre sus asociados, ha sido alcanzado por los beneficios de subsidios para el pago de salarios (Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo), debido a las exigencias,  información que difiere de la aportada hace dos días por el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas , quién junto a Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, dijo que los empresarios no habían completado las solicitudes y habían inscripto a menos del 30% de la nómina de personal  total de las empresas.

Mauricio Badaloni, presidente de la UIM (Unión industrial de Mendoza, entidad que tiene voto en la UIA) señaló que además de no estar recibiendo estos auxilios, en Mendoza, el Banco Nación agotó el cupo de empréstitos a tasas del 24%, y estaban solicitando –entre otras muchas cosas- al Gobierno provincial que intervenga para que Mendoza no sea desplazada de estas herramientas indispensables para abordar la actual crisis. Y según se sabe, la tasa para los próximos préstamos de asistencia crecerá al 27%, una diferencia que acentúa los perjuicios.

La FEM estuvo representada por su presidente, Alberto Carleti, quien contó que se impuso una acción por lo que entienden una violación a la ley de Defensa de la Competencia, al impedirle al comercio tradicional, chico y mediano, abrir sus locales mientras súper e hipermercados pueden ofrecer sofisticados métodos de venta y de entrega de mercaderías, desde comestibles hasta electrodomésticos.

Retornando al argumento de la conferencia, los dirigentes sostuvieron que uno de los puntos de la misiva elevada al gobernador es pedirle conformar e integrar una Mesa en la que estén representados los distintos sectores, principalmente el Estado, sindicatos y los propios actores de la actividad privada. Sostuvo Badaloni que la intención es que esa mesa no sea un ámbito de deliberaciones que dilaten las soluciones, sino de propuestas prácticas y resolutivas, que puedan tomarse decisiones que impidan se agrave la acuciante situación.

Un tema neurálgico incluido en la carta enviada al cuarto piso de casa de gobierno : SUELDO BÁSICO DE EMERGENCIA

Establecer este sueldo de emergencia,  en la que el Gobierno sume su asistencia, el sindicalismo haga su aporte y el sector privado extreme sus posibilidades. Esto, con la intención de poder seguir afrontando el pago de salarios, ya que de otra manera, según explicaron, en los meses próximos será inafrontable y es preferible un paliativo de esa característica que el incontrolable aumento del desempleo debido a la inactividad y cierre de empresas.

Al respecto, Adolfo Brennan, miembro activo de la FEM, EL CEM y AEM, relató el acuerdo cerrado ayer entre el la Federación de Comercio (aún conducida por Cavallieri) y las entidades de comercio a nivel nacional. En definitiva se trata de acudir a una herramienta legal de vieja data, el artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo (20744), que ante una situación de crisis no provocada por el empleador, se puede suspender y se reducen sueldo y aportes patronales.

El dirigente, Julio Totero (ASINMET)  explicó por qué son tan pocas las empresas que obtienen los beneficios del decreto 332. Recordemos que uno de sus artículos es el de la Asignación Compensatorio que realiza el Estado Nacional, pagando un salario mínimo vital y móvil ($16.850) a cada empleado, según el tamaño y característica de la empresa y cantidad de personal. Y la postergación de hasta el 95% de los aportes patronales, y en algunos casos, también subsidiados.  Sin embargo, en su reglamentación, este beneficio no lo perciben las empresas que hayan incrementado su facturación interanual, comparando marzo 2019 y abril 2019 frente a marzo 2020 y abril 2020. Con un índice de inflación del 50% en 2019, aunque hayan disminuido y mucho el volumen de lo facturado, los valores absolutos , sin dudas se escapan de ese cálculo. Otro punto en el que solicitan la intervención del gobierno local frente al nacional, para modificar esta cláusula que, excepto para las empresas que hayan eliminado completamente su actividad (como lo es el turismo, la hotelería, la gastronomía, los salones de eventos y todos los servicios que estas requieren)

Federico Pagano de la Cámara de Comercio y Agricultura de Tunuyán (departamento en el que se registraron dos nuevos casos de personas infectadas con el covid 19) trazó una síntesis en la que describe que la situación en el Valle de Uco es idéntica, más allá de algunas excepciones en las últimas decisiones.

Un dato que incrementa el sonido de la alarma lo aportó el Dr. Alejandro Rodriguez. Tras una reunión virtual con 18 empresas de servicios que atienden al sector del petróleo, se quedaron sin actividad de repente a propósito de la situación de extraordinaria baja del crudo y sus consecuencias en las grandes compañías del sector. Si bien los dos gremios y las empresas habían llegado a convenir acuerdos de reducción de salarios, esta situación no prevista afecta de modo rotundo a las pequeñas empresas locales.

La formidable reducción de actividades y de consumo, actual y prevista para los próximos meses pone a muchas empresas al borde del abismo, cuestión que los representantes del sector asumen que cargarán con la culpa ante situaciones de despidos, disminuciones salariales y posible ruptura en la cadena de pagos.

A propósito es que reclaman el armado de esa mesa de diálogo y ya con un naipe de cartas específicas. Exigen una dinámica en obra pública que concrete el corredor bioceánico y las obras aledañas;  y que permitan crear el hub logístico que Mendoza puede ofrecer. Entre otras, mencionan la 188  y la doble vía Mendoza San Juan –agregamos nosotros, esa fue la primera obra prometida por el binomio provincial-nacional Cornejo-Macri, que como en tantas otras, sólo dejaron la serpentina de los festejos anticipados.

Ante esta descripción desoladora, la cuota de expectativa la trae la mega obra Portezuelo del Viento, para cual el gobierno de la Nación ha cumplido con los desembolsos comprometidos. Dato alentador, ya que como destacó Dalmiro Barbeito (CECIM) para el desarrollo de esta y abastecer a las grandes empresas que la construyan, se ha conformado un Clúster con más de 300 empresas mendocinas que ya están trabajando de modo coordinado, a la espera de que se vendan los pliegos de licitación para la construcción de la presa (aún esto no ha ocurrido).

Vuelve a la agenda la matriz productiva  y la palabra prohibida: minería

La voz desde General Alvear fue la de Andrés Vavrik. Desde el departamento sureño, uno de los más movilizados en defensa del agua y de la permanencia de la ley 7722, luego de contabilizar la escasa cantidad de empresas que han podido acceder a los beneficios del decreto de asistencia, y en virtud que desde Malargüe persiste encendida la llama de esperanza para desarrollar la minería, sentó el concepto de que hay que desactivar la dicotomía minería sí, minería no, por “minería cómo”, de tal modo que si se explotara en Malargüe pudiesen garantizar la calidad del agua que luego sirve a General Alvear y a San Rafael.

Una pregunta inevitable: ¿cómo creen que podrán sintetizar en una mesa chica, intereses tan heterogéneos?  Además, desde PORTADA recordamos que en la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia, cuando nadie preveía esta pandemia, dos entidades de la misma industria vitivinícola se dispararon entre sí y con munición gruesa. Interpretamos que es más difícil aún conseguir consenso entre estas entidades que representan intereses disímiles, que van desde los de AEHGA (asociación que nuclea a hoteleros y gastronómicos, en esta ocasión representada por Diego Stortini) hasta las cámaras de servicios mineros y petroleros.

Gustavo Kretschmar tomó el guante y respondió con vehemencia. El presidente de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza sostuvo con énfasis que en las circunstancias actuales, es imprescindible deponer actitudes mezquinas y privilegiar los puntos en los que todos coinciden.

Krestchmar señaló como punto inicial que esta pandemia ha desnudado el estado de precariedad por el que atraviesa Mendoza. Y dijo convencido que esta situación hay que resolverla con cambios inmediatos y profundos, combatiendo la informalidad,  contando con el aporte de empresarios honestos y comprometidos que inviertan y cumplan, pero articulados por un Estado que no dilapide el esfuerzo común. Un Estado que reduzca el gasto inútil pero no la inversión. Y que concentre su esfuerzo en mejorar los servicios de seguridad, de salud y de educación.

Hizo un paréntesis para lamentar que en Mendoza, durante el aislamiento preventivo obligatorio, pudimos descubrir que hay dos clases de chicos, los que pueden continuar recibiendo instrucción, porque tienen conectividad y aparatos aptos, y los que quedaron marginados en sus casas, porque nadie les garantizó el acceso a la tecnología indispensable. Resaltó que efectivamente en Argentina hay más celulares que personas, pero desde el Estado parece que no saben que en las familias más desfavorecidas puede haber celulares, lo que no hay es conectividad ni datos, por lo cual, esos chicos quedan excluidos del sistema de educación formal, y eso es inadmisible.

La preocupación manifiesta de todos los que participaron en esta Conferencia, no deja espacio a la duda. De los números que promete esta crisis, ninguno insinúa una estabilidad y mucho menos una mejora de la situación económica y financiera. Y esto da pie para que flote siempre como una posibilidad  salvadora, capaz de mitigar la escasez y revertir la pendiente del tobogán,  la explotación minera. Tal vez por la imposibilidad actual de un tipo de explotación es que fundan esperanzas en ella, como un talismán al final del túnel.