El gobierno nacional anunció la intervención estatal de Vicentin

El presidente Alberto Fernández, anunció esta tarde la intervención estatal de la empresa agrícola Vicentin y el envío al Congreso nacional de un proyecto de ley para avanzar con la expropiación de esa compañía.

De esta manera, el gobierno presentó un plan de rescate para la empresa Vicentin, que solicitó en febrero pasado la apertura de su concurso preventivo de acreedores con una deuda  denunciada de $99.345.086,50.

En forma previa a dicha presentación, a partir del 4/12/2019, la sociedad Vicentin S.A.I.C. se encuentra técnicamente en cesación de pagos, y la cantidad de acreedores denunciados asciende a más de 2.000.

La composición de la deuda de Vicentin, conforme a surge a la nómina de acreedores acompañada por la sociedad en el expediente del concurso, establece que el endeudamiento financiero local asciende, a la suma de $63.961.563.645,69.

Acorde a la deuda existente con el Banco Nación, se ha iniciado un sumario administrativo con el fin de investigar si las autoridades de la principal entidad bancaria estatal incurrieron en algún delito, cuando le permitieron a la empresa Vicentin asumir la deuda millonaria.

El 05/06/2020, el juzgado que interviene en el proceso concursal estableció un nuevo cronograma de fechas de dicho proceso, contemplando el volumen y la complejidad de dicha causa.

Vicentin es controlante de empresas productoras de alimentos para el mercado interno, en el caso de una mayor concentración podría producir efectos negativos en el comportamiento de los precios.

La situación de falencia de Vicentin y la dilación de los procesos judiciales, su volumen agroexportador podría verse notoriamente diezmado en beneficio de sus competidores.

Ante esta situación el gobierno nacional dispuso la remisión al Congreso de la Nación de un proyecto de ley que tiene como fin propiciar la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la empresa Vicentin S.A.I.C.

La intervención transitoria de la empresa Vicentin S.A.I.C. será por un plazo de sesenta días, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa.