La reforma laboral que no llega al bolsillo del trabajador
Mientras CADAM reclama por una supuesta marcha atrás del Gobierno, la letra chica de la reforma muestra otro costado: menos aportes al sistema previsional, nuevas ventajas para las empresas y menos garantías para quienes trabajan.
Los empresarios se quejan de que el Gobierno frenó parte de la desregulación. Pero la letra chica de la ley -y la evidencia disponible- muestra un costado que rara vez aparece en los comunicados de las cámaras: el que paga el trabajador.
Esta semana la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) publicó un comunicado en el que se mostró "desilusionada" porque el Gobierno, mediante el Decreto 612/2026, obligó a que los aportes patronales a cámaras y sindicatos se destinen a fines sociales, asistenciales o culturales, en lugar de dejarlos completamente librados a la voluntad de cada empresa. Para el sector empresario, esa reglamentación es una marcha atrás respecto del espíritu original de la reforma laboral. Vista desde el otro lado del mostrador, sin embargo, la ley que tanto reclaman los empresarios viene generando un daño mucho más concreto: el que recae sobre los ingresos, la estabilidad y los derechos de quienes trabajan.
Juan Castro y Armando Farina reelectos presidente y vicepresidente de CADAM.
Lo que se le saca al trabajador
Según sus cifras, de los $2.128.749,84 que cuesta mensualmente un trabajador de comercio, apenas el 65,67% -$1.397.943- termina en su bolsillo. El resto se diluye entre cargas, aportes y contribuciones que integran el costo laboral total. Ese dato suele usarse para reclamar una baja de impuestos al trabajo, pero también puede leerse al revés: casi un tercio de lo que "cuesta" un empleado nunca llega a él, y la reforma laboral no vino a cerrar esa brecha, sino que introdujo nuevos mecanismos -como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)- que tampoco resuelven el problema de fondo.
El FAL, reglamentado por el Decreto 408/2026 y vigente desde noviembre, fue presentado como una forma de "aliviar" el costo del despido para las empresas. Se trata de una cuenta que cada empleador debe alimentar mensualmente -con el 1% de la masa salarial en las grandes empresas y el 2,5% en las pymes- para financiar futuras indemnizaciones. El punto que rara vez se explica es que ese dinero no es del trabajador: lo administra el empleador y, si la relación laboral no termina en un despido, los fondos pueden volver a la empresa. En otras palabras, se crea una reserva pensada para abaratar el despido, no para brindar una mejor garantía al trabajador que lo sufre.
Antes de la reforma, ese dinero no salía "de la nada": formaba parte de las contribuciones patronales que financian el sistema previsional a través de ANSES, es decir, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), del que hoy dependen los haberes de los jubilados actuales. El proyecto original de la reforma preveía compensar el nuevo aporte al FAL con una reducción de tres puntos porcentuales en esa contribución patronal. Aunque durante el debate parlamentario el esquema se modificó para diferenciar la alícuota según el tamaño de la empresa, la lógica de fondo se mantuvo: la plata que antes iba a un sistema de reparto estatal ahora se desvía hacia una cuenta privada que administra cada empleador. En su momento, estimaciones privadas calcularon en unos u$s3.000 millones anuales la pérdida de recursos para la seguridad social.
Es un patrón que se repite desde los años 90: se pide flexibilizar, se flexibiliza, y las variables que se prometía mover -empleo registrado, salarios reales, inversión productiva- no se mueven.
Y no termina ahí. La reglamentación oficial estableció que los rendimientos, intereses y cualquier otra renta que el empleador obtenga por invertir ese dinero -que debe colocarse en fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros habilitados por la Comisión Nacional de Valores- quedan exentos del Impuesto a las Ganancias. Es decir: la empresa deja de aportar al sistema previsional público, invierte esa plata en el mercado de capitales, se queda con la ganancia financiera que genera y, encima, no paga impuestos por ella. El trabajador, mientras tanto, no tiene ningún derecho sobre esa cuenta ni sobre sus rendimientos: solo accede a lo que haya acumulado ahí si termina despedido.
A eso se suman otros retrocesos incorporados por la ley 27.802: el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar el aguinaldo ni otros rubros habituales; la posibilidad de pagarlas en cuotas; la creación de un "banco de horas" que permite compensar horas extra con descansos, en lugar de pagarlas; la fragmentación de las vacaciones; y los límites al derecho de huelga según la actividad. Son, todos, puntos que reducen certezas y protecciones que hasta ahora tenía quien trabaja en relación de dependencia.
Tampoco es un detalle menor que la alícuota del FAL no sea igual para todos. Las grandes empresas aportan el 1% de su masa salarial; las pymes, un 2,5%, más del doble. La justificación oficial -y la que dieron sus propios defensores durante el debate- es que las empresas chicas afrontan mayor litigiosidad y necesitan un colchón más grueso. Pero el resultado práctico va en sentido contrario al que promete esa lógica: según cálculos de la consultora PMP, una pyme de 75 empleados tarda seis meses en acumular apenas 1,9 meses de indemnización promedio por trabajador, mientras que una gran empresa de 1.000 empleados, en el mismo plazo, ya cubre diez meses de indemnización. Así, quien tiene menos espalda financiera -menos empleados, menos facturación- debe desprenderse cada mes de una porción mayor de su costo laboral y, aun así, llega peor parado cuando necesita usar el fondo. Lejos de nivelar la cancha entre grandes jugadores y pequeños empleadores, el esquema reproduce la misma asimetría que gobierna buena parte de la economía argentina: a mayor escala, menor costo relativo.
Flexibilizar no es lo mismo que generar empleo
El argumento central del oficialismo -y el que late detrás del reclamo empresario- es que bajar costos laborales y flexibilizar condiciones de contratación termina traduciéndose en más puestos de trabajo registrados. La experiencia argentina reciente no acompaña esa hipótesis. Los datos oficiales muestran que el empleo asalariado formal privado viene cayendo de manera prácticamente ininterrumpida desde 2023, con una nueva fase de retroceso durante 2025 y los primeros meses de 2026, mientras crecen en paralelo el empleo no registrado y el cuentapropismo. En el primer mes de vigencia plena de la reforma, el empleo registrado siguió cayendo y el sector privado no mostró señales de recuperación.
Tampoco es la primera vez que se prueba esta receta. Las flexibilizaciones laborales de los años 90 y la reforma impulsada durante el gobierno de Fernando de la Rúa tampoco lograron traducirse en más empleo registrado: la desocupación y la informalidad crecieron en paralelo a la baja de aportes patronales. Distintos análisis económicos coinciden en que la creación de empleo depende, sobre todo, de que haya expectativas de expansión de la demanda y de los mercados -no de cuánto cueste despedir-, algo que la sola desregulación normativa no garantiza.
Una reforma que la Justicia todavía no terminó de convalidar
Buena parte de la ley, además, estuvo lejos de tener una aplicación pacífica. En marzo de 2026, el juez laboral Raúl Ojeda hizo lugar a una medida cautelar pedida por la CGT y suspendió más de ochenta artículos de la ley 27.802, al considerar que introducía modificaciones regresivas sobre derechos de raigambre constitucional, como la protección contra el despido. El fallo generó un conflicto de competencia entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal, que terminó definiendo el escenario a favor del Gobierno: en mayo, la jueza Macarena Marra Giménez dejó sin efecto esa cautelar por razones procesales -no por analizar el fondo del planteo sindical- y un juzgado contencioso administrativo extendió ese criterio a otras medidas similares dictadas en expedientes paralelos.
El resultado práctico es que la reforma recuperó plena vigencia mientras se resuelve, en un juicio aparte, si es o no inconstitucional. Es decir: la discusión de fondo sobre si la ley vulnera derechos de los trabajadores sigue abierta en los tribunales. Que la ley esté vigente hoy no equivale a que haya sido validada en cuanto a su contenido; solo significa que, por ahora, ningún tribunal logró sostener en el tiempo su freno.
El otro lado del mostrador
El comunicado de CADAM pinta un cuadro de empresarios golpeados por cargas que no eligieron y por una reglamentación que -a su juicio- traicionó el espíritu original de la reforma. Es un reclamo legítimo desde su lugar. Pero conviene no perder de vista que la misma ley que ellos consideran a medio camino ya recortó derechos de estabilidad, cambió las reglas de las indemnizaciones y no logró, hasta ahora, ningún resultado visible en materia de empleo registrado. Antes de pedir que se profundice la desregulación, valdría la pena preguntarse qué pasó con las promesas de la primera etapa.
Y vale la pena, además, poner el episodio en perspectiva histórica. Cada vez que las cámaras empresarias salen a reclamar públicamente, el pedido es casi siempre el mismo: menos impuestos, menos regulaciones, menos costo laboral. Rara vez ese reclamo viene acompañado de una contrapartida concreta -un plan de inversión, un compromiso de creación de empleo, una mejora salarial atada a resultados- ni siquiera de una promesa de mayor rentabilidad genuina a través de productividad o innovación, más allá de la reducción de costos fijos. Es un patrón que se repite desde los años 90: se pide flexibilizar, se flexibiliza, y las variables que se prometía mover -empleo registrado, salarios reales, inversión productiva- no se mueven. El comunicado de CADAM no rompe con esa tradición: pide coherencia al Gobierno, pero no ofrece ninguna letra sobre qué haría el sector con ese alivio adicional, más allá de la aspiración genérica de "crecer sin pedir permiso".
