Rechazo a un proyecto del gobierno de Milei que perjudicaría la industria del vino

Luego que en Mendoza advirtiera de una crisis vitivinícola sin precedentes en la provincia, ahora desde la COVIAR, Corporación Vitivinícola Argentina y la Federación de Cámaras de Productores Vitícolas alertaron que el INV, Instituto Nacional de Vitivinicultura, dispuso un aumento del 90% en sus aranceles y, al mismo tiempo, comenzó a circular un anteproyecto de reforma de la Ley Nacional de Vinos N° 14.878, que permitiría la mezcla de vino argentino con vino importado que perjudicará a pequeños y medianos productores, entre otros cambios.

Desde ambos organismos alertaron que ambas medidas podrían elevar los costos del sector y modificar reglas históricas de la actividad.

Aumento del 90% de los aranceles

El vicepresidente de la COVIAR y presidente de la Federación de Cámaras de Productores Vitícolas de la República Argentina, Pablo Asens, sostuvo que el incremento resulta «desproporcionado» en el contexto actual.

Según explicó, el INV históricamente se financió con los recursos provenientes de la industria del alcohol, por lo que considera que el organismo no necesitaba una actualización de semejante magnitud.

"El Instituto Nacional de Vitivinicultura siempre fue un organismo que se autofinanció, sobre todo porque su mayor recaudación proviene de los aranceles que le cobra a la industria del alcohol. Un aumento del 90% en estos momentos está totalmente fuera de circunstancia y no corresponde", afirmó.

Además, cuestionó que el incremento llegue luego de que el organismo redujera parte de sus funciones de fiscalización.

"Hoy la estructura del INV se ha achicado muchísimo y las tareas de control son mucho menores. Si el personal necesario es mínimo, este incremento resulta desacertado", señaló Asens.

El proyecto que impulsa Federico Sturzenegger

Otra de las preocupaciones es el anteproyecto de desregulación que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger junto con las autoridades del INV.

Entre los cambios que pretenden son:

• Permitir la elaboración de vino a partir de mosto.

• Autorizar la mezcla de vino argentino con vino importado.

• Eliminar parte de la información estadística oficial sobre los stocks vínicos.

Para Asens, estas modificaciones afectarían la previsibilidad del mercado y favorecerían la concentración de la actividad.

"La preocupación mayor no está en el aumento del 90%, sino en el nuevo proyecto de ley. Cambian artículos centrales de la Ley de Vinos que ponen en riesgo la sostenibilidad del sector", advirtió.

También sostuvo que la posibilidad de importar vino para mezclarlo con producción nacional podría provocar el ingreso de excedentes internacionales y perjudicar especialmente a pequeños y medianos productores.

"A esto se suma la intención de eliminar la información estadística que brinda el INV, dejándonos sin una herramienta fundamental para conocer los stocks y planificar políticas para el sector", agregó.

También el capítulo vitivinícola del anteproyecto deroga la Ley 25.849, que en 2004 dio origen a la COVIAR para ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y coordinar al sector público con el privado.

De aprobarse, la corporación deberá presentar un informe de cierre y liquidarse en dos meses, con posibilidad de que el Estado designe un liquidador, los recursos remanentes pasarán al INV.

Plan de medidas del sector vitivinícola

Los sectores afectados ya comenzaron a coordinar una estrategia para intervenir cuando el proyecto llegue formalmente al Congreso de la Nación.

Según explicó Asens, buscarán mantener reuniones con legisladores nacionales de las provincias vitivinícolas y con los gobernadores para introducir modificaciones al texto.

"Trabajaremos con los representantes de las provincias vitivinícolas para defender una actividad estratégica para las economías regionales", afirmó.

El dirigente también expresó su expectativa de contar con el respaldo del Gobierno de Mendoza y del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, al considerar que conoce las necesidades de la industria.

Desde las entidades advierten que una desregulación profunda podría generar efectos adversos sobre la producción nacional.

En ese sentido, sostuvieron que el sector privado acompaña las iniciativas destinadas a simplificar trámites, aunque advirtió que una apertura indiscriminada podría afectar a las pequeñas y medianas empresas y debilitar el entramado productivo de las provincias vitivinícolas.

El dirigente concluyó que el desafío será encontrar un equilibrio entre la modernización del Estado y la protección de una actividad considerada estratégica para economías regionales como Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Catamarca y Río Negro.